Joan Baldoví promete que llevará a los tribunales el agravio de la financiación autonómica

El candidato de Compromís a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, situa la financiación autonómica, la deuda histórica y el déficit de inversiones como prioridades políticas. Cuando apenas faltan cien días para las próximas elecciones, el representante de Compromís comienza a esbozar sus propuestas, con los recursos económicos para la comunidad como principal caballo de batalla.

En una rueda de prensa, el candidato ha prometido que si es elegido presidente de la Generalitat lo primero que hará será llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y “exigirle una reunión monográfica sobre la financiación, la deuda histórica y las inversiones no ejecutadas”. Asegura que la posición del Ejecutivo autonómico no ha sido lo bastante beligerante, al ser ambos gobiernos de coalición liderados por un mismo partido, y, aunque insiste en la vía del diálogo, apunta a resucitar la vía judicial. “Un president que no forme parte del mismo partido que el del Gobierno puede ser más beligerante y tener más ímpetu para transmitir las reivindicaciones de los millones de valencianos”, considera Baldoví, que asevera: “El próximo Consell se debe plantar y decir basta”.

El candidato ha asegurado que creará un equipo jurídico con la Abogacía de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu y expertos de las universidades para estudiar las vías de recurso contra la infrafinanciación. “La segunda decisión será la de reactivar la vía judicial para reclamar ante los tribunales aquello que es justo: la reforma inmediata del sistema de financiación caducada, la resolución de la deuda histórica y la ejecución de las inversiones que se ponen en los presupuestos”, indica.

En 2016 el Ejecutivo autonómico recurrió al Tribunal Constitucional el reparto desigual de recursos, una cuestión que el órgano desestimó por unanimidad en apenas 45 días. El Consell recurrió el Fondo de Suficiencia -una de las partes del sistema de financiación- incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, porque consideraba la prórroga del modelo vulneraba algunos aspectos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, discriminaba a la Comunitat Valenciana respecto al resto y dificultaba la prestación de servicios básicos. “No puede haber la situación de asimetría” entre territorios que existe en estos momentos por la prestación de “los mismos servicios públicos que, en algunos casos, duplican y triplican la percepción de unos ingresos y otros”, aseguró Ximo Puig al presentar el recurso. El fallo del Constitucional apuntaba que el modelo de financiación no pierde vigencia porque ninguna norma indica que así sea, y que seguirá en vigor hasta que haya uno nuevo.

Con un argumento similar al del Consell, a falta del examen del equipo jurídico, el candidato de Compromís propone volver a la vía judicial a través del contencioso-administrativo, la vía que ya se recomendó en su momento. Es la misma que se ha planteado contra el recorte del trasvase Tajo-Segura, apostilla Baldoví, que reitera que la igualdad entre españoles es un principio constitucional que no se cumple con el actual sistema, caducado desde 2014. “Resignarse no es una alternativa”, ha insistido el candidato, que indica que los agravios se reproducen a diario: la deuda histórica suma 40.000 millones de euros, el Estado no paga el 50% de los fondos de dependencia comprometidos y la ejecución de inversiones “no llega al 30%”.

“El problema es que el Estado nos financia prestándonos nuestro propio dinero para pagar los gastos del día a día. Y además tenemos que pagar intereses. Nos endeudamos para gasto corriente pero no tenemos el pulmón y el músculo financiero suficiente para afrontar las grandes inversiones que necesita nuestra tierra”, ha denunciado el candidato, que ya arranca su campaña contra el Gobierno central en lugar de contra sus socios.