La planta ilegal de escombros de Fontcalent, un laberinto de irregularidades que pone en jaque al vecindario

Fontcalent es, en cierto modo, una tierra maldita. Pocos saben que su nombre obedece a una fuente termal prehistórica; en cambio, esta pedanía alicantina de 600 habitantes es popularmente conocida por albergar un centro penitenciario, motivo por el cual parte del vecindario quiere que el ministerio le cambie el nombre para evitar “confusiones” en sus DNI.

Además de la cárcel, en este enclave donde destaca su imponente sierra de casi 500 metros de altura, descansa una gran cementera, un vertedero municipal, varias canteras, un trazado de la autovía A-7 y otro de alta velocidad y, desde hace dos años y medio, una planta ilegal de tratamiento de residuos de obra y demolición, motivo por el cual el vecindario ha vuelto a reclamar este pasado viernes su cierre al Ayuntamiento de Alicante.

Con ésta, ya son cuatro las ocasiones que se han concentrado a las puertas de la mercantil Llegando a la cima S.L. -situada en el Camino del Francés-, desde la primera en julio de 2019. Ahora, respaldados por el PSPV-PSOE, Unides Podem y Vox, y con el apoyo de Ecologistes en Acció y de varias asociaciones vecinales, reclaman al consistorio, en manos del PP y Cs, “que se dejen de su permisividad hacia la mercantil” y la cierre por operar sin licencia, como ha reconocido la concejalía de Urbanismo, que anunció esta semana que le denegaba la licencia de actividad.

Pese a ello, la escombrera ha seguido abierta, desoyendo las sanciones y rompiendo los precintos policiales en varias ocasiones, provocando la denuncia ante Fiscalía del consistorio por supuesto delito de desobediencia, aseguran fuentes del área de Urbanismo. Entonces, ¿por qué no cesa su actividad? Llegando a la cima responde que siguen operando gracias a una medida cautelar del TSJCV de septiembre de 2019 puesto que se encontraban en “absoluta indefensión” ante el “retraso” de la Conselleria en la entrega de un informe técnico necesario para recibir la licencia.

Estas explicaciones las ofrece en nombre de la empresa una conocida periodista de la ciudad, quien ha sido contratada junto con un bufete de abogados para defender sus intereses. Unos intereses que, según Ecologistes en Acció, representan “mucho dinero” porque “casi todo lo que perciben son beneficios ya que no tienen gastos en el tratamiento o reciclaje, solo de lo que van almacenando”, asegura Carlos Arriba.

En concreto, el auto judicial afirma por un lado que Llegando a la cima “no puede almacenar residuos al no estar autorizado”, cuestión que ha venido denunciando la plataforma de vecinos afectados, llegando incluso a recabar ante notario que la empresa ha enterrado en una treintena de camiones diarios que van a parar allí “millones de toneladas haciendo subir una montaña de escombros y residuos de más de 30 metros de altura”.

A este respecto, la empresa dijo el viernes en el acto de protesta que espera antes del verano retirar el material sobrante que no se recicla, del que pesa una resolución desde el pasado 22 de diciembre, aseguraba el Ayuntamiento antes de conocer este nuevo plazo que, harto de esperar, añadía que “la empresa no está colaborando y la buena voluntad se ha acabado”. El PSOE, por su parte, ha recordado que, en el último pleno del año, y pese a que el PP votó en contra y Cs se abstuvo, se acordó crear una comisión “para hacer frente a los vertidos ilegales que sufre esta zona” y que aún no se ha puesto en marcha.

Materiales peligrosos

Por otro lado, el auto judicial del TSJCV incluía, y a esto se acoge Llegando a la cima, que podía continuar con la actividad “para la que sí estaba autorizado, consistentes en el tratamiento de residuos no peligrosos”. Esta afirmación la ponen en duda los vecinos de la plataforma como Encarni Navarro, cuya finca es la que más próxima queda a la planta, y Cayetano González, al afirmar que en el acta notarial que encargaron consta la existencia de “gran cantidad de residuos contaminantes y tóxicos” como el amianto - material peligroso que puede producir cáncer- con el que se construían las casas antiguas y que, con su derribo, los escombros van a parar a esta escombrera. “Tenemos fotografías de estos residuos peligrosos para la cual la empresa no tiene la capacidad del tratamiento”, añade Carlos Arriba.

Preguntada a la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, responden que “no deberían de estar ejerciendo su actividad puesto que carecen de licencia”. “La empresa carece de documentos para el ejercicio de la actividad”, prosiguen. En el caso de la autorización sectorial de residuos “este es un trámite previo preceptivo a la concesión de licencia ambiental recientemente denegada por el Ayuntamiento, un trámite que no puede resolverse sin que la empresa remita la documentación requerida por la Conselleria”, insisten.

Asimismo, estas fuentes recuerdan que la Dirección General de Calidad Ambiental tiene abiertos tres expedientes sancionadores (el primero de ellos en noviembre de 2018) contra Llegando a la Cima por diversos incumplimientos como el tratamiento de restos de poda sin autorización, almacenamiento ilícito de residuos de construcción y demolición mezclados o haber excedido el perímetro inicialmente autorizado.

A esto último se refiere la vecina Encarni Navarro, quien dice ser la más afectada porque su terreno linda con la planta “y se han comido mi valla”. “Lo que le interesa a los que están detrás del vertedero es alargar judicialmente su cierre al máximo para seguir ganando dinero”, concluye esta vecina de Fontcalent.