El PP lleva a la oficina europea contra el fraude dos ayudas de la Generalitat al hermano de Ximo Puig

El Partido Popular valenciano llevará a la oficina europea contra el fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) dos ayudas de la Generalitat Valenciana a empresas participadas por Francis Puig, hermano del president del Consell, Ximo Puig. La popular Eva Ortiz ha realizado el anuncio durante su interpelación al president, que implica un paso más en la judicialización que los populares llevan a cabo de la actividad empresarial de los hermanos de Puig.

La portavoz adjunta relata que tres empresas ligadas a Francis Puig -Comunicacions, Mas Mut y Lamp Telecom, optaron a una subvención en 2019 ligadas a fondos europeos y presentaron facturas por importe superior a 300.000 euros. Facturas que según Ortiz emitió la empresa Kriol Producciones, mercantil de sus socios, los hermanos Adell Bover, en una operación que los populares consideran fraudulenta. La parlamentaria ha añadido que llevarán este expediente a la OLAF al tratarse de fondos europeos. Asimismo, comunicarán también a Bruselas una subvención denunciada en la anterior sesión de control, que desbloqueó un alto cargo socialista dos semanas después de llegar al Gobierno valenciano.

El entonces director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria y actual secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, firmó la resolución que desbloqueó las subvenciones de 36.000 euros de fondos Rutalter-Leader, según la documentación del expediente a la que ha tenido acceso elDiario.es. Unas ayudas a la mercantil Comunicacions Els Ports SA que investiga la Agencia Antifraude tras un informe de un funcionario a raíz de una petición de documentación de la diputada Eva Ortiz.

La denuncia de la popular sobre actividades irregulares ha cargado el ambiente parlamentario. “¿Cree usted que esta es la mejor carta de presentación de la Comunitat Valenciana para recibir los fondos europeos para la reconstrucción?”, interpelaba la parlamentaria. Su respuesta ha venido de la mano del conseller de Hacienda, Vicent Soler, que ha expresado que todas las subvenciones que se otorgan se vigilan por el Gobierno valenciano y le ha espetado a la diputada que es “cómo es posible” acusar de corrupción a alguien cuando el ayuntamiento de Orihuela, donde Ortiz fue concejala, acaba de ser condenado a pagar casi 5 millones de euros en indemnización a una empresa en el marco del caso Brugal. “Plantea un tema cuando acaba de ser sentenciada por el tribunal para que pague cuatro millones y medio”, ha expresado el conseller, una cita que ha enfadado a la diputada. Ortiz ha pedido el turno de palabra para defenderse y el presidente de la cámara ha considerado que no se le imputaba ningún delito, mediante una fuerte riña con la diputada.

Poco después de terminar la sesión de control, la parlamentaria ha presentado una demanda contra el conseller por difamaciones. “Jamás he sido investigada ni policial ni judicialmente en la causa de las basuras del Ayuntamiento de Orihuela del año 2007, además de ser la única concejal que, antes de votar en ese pleno, solicitó al secretario del Ayuntamiento que informara sobre la legalidad y así queda constancia tanto en las actas como en el propio juzgado”, ha señalado.

Antes de la bronca, la síndica popular, Isabel Bonig, le reprochaba al president de la Generalitat otra cuestión judicial. Al terminar su intervención, la portavoz ha exhibido un auto, correspondiente al archivo de la investigación de presuntas irregularidades en la financiación del PSPV. “Si habla de colaboración público-privada el PP también defiende el modelo, pero no sabemos qué criterios sigue para defender la colaboración público-privada según sean unas empresas y hablar de privatizaciones si son otras empresas. Quizás la respuesta puede estar en este auto de juzgado de instrucción 21 de enero de 2018”, expresaba la portavoz. En esa causa se investigaban pagos de la mercantil Hospimar, que tiene participaciones en las clínicas privadas IMED, beneficiarias de fondos de la Generalitat mediante el plan de choque contra la COVID-19, según el PP.