El PP valenciano reclama fondos al Gobierno central mientras perdona impuestos a las rentas altas

Las primeras iniciativas del PP en las Corts Valencianes chocan frontalmente con las primeras del Ejecutivo que presiden: reclamar fondos públicos mientras se renuncia a su recaudación. El grupo parlamentario popular reclama al Gobierno central un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación autonómica de al menos 1.336 millones de euros, de forma anual por la “parálisis” de la reforma del sistema, caducado desde hace una década. A la par, el Consell que preside Carlos Mazón ha anunciado un paquete de medidas fiscales que supondrán una merma en la recaudación con unas previsiones aún por determinar.

La iniciativa es una de las primeras que ha registrado el grupo y será debatida en los primeros plenos ordinarios de las Corts Valencianes. La PNL pide al Parlamento instar al Gobierno a que emita una respuesta “razonada” a las alegaciones presentadas al esqueleto del sistema de financiación –la discusión sobre los criterios que definan la población ajustada, núcleo del reparto de recursos entre autonomías– y a reconocer la deuda histórica valenciana.

En la exposición de motivos, el grupo popular critica que el PSPV, “con la intención de maquillar la realidad del nefasto modelo de financiación aprobado por los socialistas”, ha incluido anualmente en los presupuestos “una partida ficticia (...) que lo único que ha supuesto es un lavado de imagen de los socialistas, y sus socios botánicos, a la nefasta financiación aprobada en 2009 y que ha comportado mayor deuda y déficit a la comunidad”.

La reclamación de una financiación acorde al peso poblacional, una reivindicación ya tradicional en la Cámara, se solapa con el recorte de ingresos en el próximo proyecto presupuestario. El Ejecutivo autonómico ha anunciado varias medidas de “alivio” fiscal que se han materializado en una proposición de ley para la reforma del impuesto de sucesiones y la ley de acompañamiento a los presupuestos y continuarán en el borrador de las cuentas públicas para 2024.

Las previsiones aún son vagas y han generado el rechazo de los agentes sociales a través del Comité Económico y Social, que apunta en su informe sobre el proyecto para la reforma del impuesto de sucesiones –bonificado al 99%– que no hay datos suficientes para calibrar su impacto. En el borrador del proyecto legislativo la Conselleria de Hacienda estimó un impacto de 231 millones de euros, que posteriormente rebajó a 160 millones de euros. En el último año el Consell recaudó en Sucesiones y Donaciones cerca de 350 millones de euros, aunque esta primera bonificación solo comprende los meses de mayo a diciembre de 2023. A ello se suman las desgravaciones en el IRPF, que el Consell estima en 180 millones de euros de “beneficio para los ciudadanos”; mientras que la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales prevé un impacto de 20 millones de euros.