El PSOE asume el concepto de suficiencia y equidad que reclama el PSPV para la reforma del sistema de financiación

El PSOE comienza a calentar para la que será una de sus batallas más complejas: la reforma del sistema de financiación autonómica. La dirección del PSOE ha convocado este viernes a sus presidentes autonómicos para continuar trabajando en la propuesta de reforma del sistema y cumplir el compromiso de su ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, de presentar una propuesta este mes.

La reforma del modelo, caduco en 2014, genera desigualdades de más de 700 euros per cápita entre la comunidad mejor financiada y la peor en el régimen común -Cantabria y la Comunitat Valenciana, respectivamente- e implica que las autonomías infrafinanciadas recurran al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un préstamo del Gobierno que incrementa su deuda. La reforma requiere un acuerdo entre las autonomías y el Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la aprobación por mayoría absoluta en el Congreso, por lo que el acuerdo entre al menos PP y PSOE resulta imprescindible.

A este doble consenso han apelado los socialistas al concluir su reunión sobre financiación autonómica, en la que ha estado presente la ministra de Hacienda. En un comunicado, la dirección de Ferraz llama al resto de fuerzas políticas, especialmente a las de implantación nacional, a “definir una posición común” para el nuevo sistema y reclama “lealtad institucional” entre administraciones, con una llamada contra el dumping fiscal. Sobre los criterios del nuevo modelo, donde hay serias discrepancias entre barones territoriales, el partido ha acordado que debe incorporar los principios de “suficiencia financiera” y “solidaridad” entre “nacionalidades y territorios” e insiste en que la capacidad fiscal de las autonomías no condicione la “equidad” en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Estos principios fueron acordados en términos similares en el 40 Congreso Federal, celebrado en Valencia hace tres semanas, a propuesta valenciana.

En el cónclave, el partido se comprometió a a impulsar un modelo de financiación autonómica que sufrague el coste real de los servicios públicos para evitar agravios entre ciudadanos y territorios. Lo hizo con una ambigüedad suficiente para llegar a un punto común, similar a la reunión de este viernes, donde hay consenso en que se requiere consenso. Hasta la fecha, la única propuesta plausible para cumplir esos criterios es que el Gobierno aporte más fondos a todas las comunidades, para que con el nuevo reparto ninguna pierda posiciones.

Los dirigentes autonómicos no alcanzan una posición común sobre el criterio que debe primar en el reparto de fondos dada la diversidad de características sociodemográficas de la población. La cifra real de residentes y usuarios de los servicios públicos, el envejecimiento de la población, la dispersión territorial o la despoblación son criterios que se deben computar en el cálculo del coste real de los servicios y que varían en función de cada autonomía.

A la salida de la reunión, el secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se mostraba razonablemente satisfecho, dado que el principio de acuerdo en Ferraz reconoce los planteamientos que ha reiterado en los foros autonómicos, pese a encontrarse en una posición minoritaria en este foro. El encuentro estaba convocada solo con los presidentes socialistas, por lo que ni el secretario general andaluz, Juan Espadas, ni su homólogo en Murcia, Diego Conesa, las regiones más perjudicadas por el sistema, han asistido.

El secretario general del PSPV ha abogado en la reunión por un “gran pacto de país para la financiación del estado del bienestar” con “todos los partidos, todas las formaciones, también sindicales y empresariales”. Puig ha reiterado que el acuerdo no puede abordarse “desde el frentismo”. “Ningún frentismo, ni de unas comunidades contra otras, ni el frentismo de las autonomías contra el Gobierno”, ha dicho en alusión a la cumbre que impulsa Feijoó en Galicia.

El presidente valenciano ha reconocido que el Gobierno central ha aportado recursos a las comunidades para gestionar la crisis sanitaria, con dos fondos Covid, cuyos criterios han beneficiado a la Comunitat Valenciana, ajustando el porcentaje de fondos al peso poblacional. Unos recursos extraordinarios que varias autonomías han reclamado para el próximo presupuesto, entre ellas la valenciana, que los ha incorporado a sus cuentas.

Los fondos reivindicativos

El Gobierno valenciano ha incluido en su proyecto de Presupuestos para 2022 dos partidas que califica como reivindicativas. Hacienda, con los datos de los informes de expertos, incorpora como previsión de ingresos 1.336 millones de euros -la cifra que compensa la infrafinanciación- y otros mil millones que, estima, son el sobreesfuerzo realizado por la pandemia que cubriría el fondo Covid que se puso en marcha el pasado año. La previsión de ingresos no ha sido negociada con el Ministerio de Hacienda, pero es una reclamación que los dirigentes conocen. Varias autonomías han reclamado al Gobierno una aportación extraordinaria, dado que los efectos de la pandemia en las arcas públicas se mantienen, pero hasta la fecha solo la valenciana y la andaluza los han registrado negro sobre blanco en sus presupuestos.

En el último pleno en el Congreso, la titular de Hacienda abroncó al Gobierno andaluz por incluir en sus previsiones de ingresos un fondo covid inexistente, acción similar a la del Ejecutivo valenciano, que incorpora un “fondo de transición hacia la nueva normalidad” de mil millones de euros como “partida reivindicativa”. La ministra Montero acusó al Ejecutivo de Moreno Bonilla de “inflar” sus cuentas con “un supuesto fondo Covid que no existe”, y afeó al presidente popular que con una mano promocione su “bajada masiva de impuestos” -todos los gravámenes autonómicos se reducen-, mientras con la otra exige más dinero al Gobierno para costear sus servicios públicos. En el caso valenciano, defienden, la reivindicación ha sido pública y sonora y responde a la necesidad de acercarse a la media española en gasto social, lastrada por la infrafinanciación y la crisis económica. El Gobierno del Pacto del Botánico ha impulsado varias reformas fiscales encaminadas a que sean las rentas más altas las que aporten más a las arcas públicas, pero la falta de fondos del Estado lastra la comparativa.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha defendido este viernes que las cuentas responden a las necesidades de la Comunitat Valenciana: “Hay una serie de necesidades” que se deben abordar en los presupuestos porque “es lo que se necesita, y más en un escenario donde tenemos que consolidar y reforzar servicios públicos porque todavía estamos en un escenario pandémico, aunque en mejores condiciones que hace un año”. “Para eso”, ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno, “se necesita un sistema de financiación justo y una compensación de la deuda acumulada en la Comunitat Valenciana debido a la infrafinanciación. Esto no es porque gastemos más que el resto, seguimos estando por debajo de la media, pero no es que gastemos nosotros mucho, es que ingresamos poco porque está mal redistribuido, está injustamente distribuido y no se atiende los principios constitucionales cuando hablamos en términos de financiación”.