Andalucía 'camufla' un desvío de mil millones en su déficit para 2022 cargándole la factura al Gobierno central

Los Presupuestos andaluces para 2022 que el Gobierno de Juan Manuel Moreno acaba de remitir al Parlamento contemplan un déficit del 0,6% del PIB [1.040,5 millones de euros], es decir, se ajusta con exactitud al equilibrio entre ingresos y gastos que el Ministerio de Hacienda ha dejado a las comunidades autónomas. El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha hecho del equilibrio cero en los Presupuestos autonómicos un objetivo en sí mismo, un ejemplo de rigor en la gestión de los fondos públicos, frente a las “políticas descontroladas” de la izquierda.

Sin embargo, las cuentas de 2022, que ascienden a 43.826,3 millones de euros, incluyen una partida 'fantasma' de casi mil millones de euros que la Junta no tiene. Una factura sin pagar que imputan al Gobierno central y que, si no cobran, provocará un descuadre entre los ingresos y los gastos previstos en el Presupuesto, haciendo que Andalucía incurra en un déficit del 1%, por encima de lo recomendado. El objetivo de esa partida “reivindicativa” es presionar al Gobierno de Pedro Sánchez en un año electoral para Andalucía.

Este año, las reglas de estabilidad están suspendidas provisionalmente por Bruselas, que ha consentido más gasto público a los gobiernos para hacer frente a la pandemia. En ejercicios anteriores, el déficit era un tope obligatorio, pero este año, el 0,6% es una “tasa de referencia” recomendada, y las comunidades tienen cierta flexibilidad para cruzar la línea roja. Hacerlo o no es una decisión “ideológica”, probablemente la más política de todas en la actual coyuntura económica, y la que explique la dificultad de acuerdo entre las fuerzas de izquierdas y de derechas en materia presupuestaria. La Junta, por ejemplo, tiene a gala haber logrado un ahorro de 100 millones de euros en gasto financiero por buena gestión en 2021 y, entre bambalinas, sintetiza así su filosofía: “Como subamos un punto el déficit, estamos muertos”. PSOE y Unidas Podemos no ven con malos ojos aprovechar la relajación de los objetivos de estabilidad -déficit, deuda y regla de gasto- para ampliar el gasto consolidado en sanidad, educación y política social.

Pero el departamento de Bravo cuestiona que la tasa de déficit actual sea “sólo una referencia”. “Te puedes pasar, pero el Estado no te va a financiar una tasa de déficit superior a la recomendada. Y no puedes emitir deuda pública ni acudir a los mercados, porque necesitas autorización del Gobierno. Es verdad que el Ministerio de Hacienda te lo cubre, vía Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero no hasta marzo de 2023. Y hasta entonces el agujero lo tapamos nosotros recortando de otra parte”, explican fuentes de la consejería.

Aparentemente, Andalucía no ha cruzado esa línea roja. Todavía. El proyecto de ley de Presupuestos para el año que viene agota el margen de déficit que recomienda el Ministerio, pero las cifras anunciadas el miércoles en Consejo de Gobierno 'camuflan' un desvío en el déficit reconocido detrás de esa partida 'fantasma', que asciende a 943 millones de euros. Bravo no lo ha ocultado, es más, él mismo explicó durante su comparecencia qué sentido tenía incluir en el Presupuesto un dinero que, hoy por hoy, es inexistente. “Un supuesto Fondo Covid que no existe”, le afeó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde la tribuna del Congreso el pasado miércoles, durante el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado.

Estos 943 millones son fondos que la Junta reclama al Gobierno de Pedro Sánchez con el argumento, validado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), de que el 40% del gasto extraordinario que asumieron las comunidades durante la pandemia “se ha consolidado”. Sin embargo, el Ejecutivo central no ha renovado el Fondo Covid porque considera que lo peor de la crisis sanitaria ya ha pasado y aquel gasto excepcional, a día de hoy, ya no es necesario. Andalucía discrepa, pero no es la única. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura también van a rebasar el límite de déficit recomendado, y todas presionan a Montero para que prorrogue el Fondo Covid porque “la pandemia no ha terminado y los costes generados en la sanidad pública son ahora más importantes que hace un año”.

De momento, sólo Andalucía y Valencia han consignado un Fondo Covid en sus proyectos de Presupuestos para el año que viene. Son dos gobiernos de signo político distinto: el primero es una coalición de derechas -PP y Ciudadanos-; el segundo es una alianza de izquierdas -PSOE y Compromis-. Se da la circunstancia de que el presidente Moreno y su homólogo valenciano, el socialista Ximo Puig, firmaron hace más de un mes una alianza estratégica para reclamar al Gobierno de Sánchez la reforma urgente del modelo de financiación autonómica, que consideran lesivo para sus comunidades, y de paso, un fondo transitorio de compensación de 1.700 millones de euros a repartir entre las regiones más infrafinanciadas.

El Gobierno andaluz y el valenciano presentaron sus Presupuestos para 2022 casi simultáneamente, el miércoles, mientras en el Congreso tenía lugar el debate de totalidad de las cuentas generales del Estado. Montero, que estuvo más de cinco horas defendiendo sus números desde la tribuna, acusó a la Junta de Andalucía de “inflar” sus cuentas con “un supuesto fondo Covid que no existe”, y afeó a Moreno el que con una mano promocione su “bajada masiva de impuestos” -todos los gravámenes autonómicos se reducen-, mientras con la otra exige más dinero al Gobierno para costear sus servicios públicos. El modelo fiscal de Montero y el de Juan Bravo son antitéticos. Sin embargo, la ministra criticó duramente esa partida 'fantasma' de 943 millones del Presupuesto andaluz de Moreno, aunque también aparece en las cuentas del socialista Puig.

El Consell valenciano lo ha cifrado en mil millones redondos, bajo el subtítulo de Fondo de Transición hacia la Nueva Normalidad, y se suma a otra partida “reivindicativa” de 1.336 millones de euros para compensar la infrafinanciación endémica que sufre su comunidad. Esta última partida no es la primera vez que se consigna en las cuentas autonómicas para demandar al Gobierno una reforma urgente del modelo. El ex presidente andaluz, Manuel Chaves, hizo algo parecido durante muchos años -los que José María Aznar estuvo en la Moncloa- consignando anualmente una partida “simbólica” de 120 millones de euros de la llamada deuda histórica que Andalucía reclamaba al Estado por los déficit en infraestructuras de los años 80. Usar números políticos o ficticios junto a números reales comprometidos en ingresos y gastos no es nuevo, viene de muy atrás, y tampoco es exclusivo de un partido u otro.

Tanto la partida “reivindicativa” del Presupuesto valenciano como el falso Fondo Covid del Presupuesto andaluz aparecen como “ingresos del Gobierno”. El Consell sí explicita en su presentación que el déficit pasará del 0,6 al 1,1% del PIB porque si ese dinero no llega, tendrán que endeudarse más. El equipo de Bravo ha optado por incluirlo como una partida más, pero no como déficit, salvaguardando así el objetivo político del “equilibrio cero” y el rigor presupuestario. Llegado el caso, el resultado será el mismo. Fuentes de la Consejería de Hacienda admiten, no obstante, que sin esos mil millones de la partida 'fantasma' consignados en el Presupuesto de 2022, Andalucía incurrirá en un déficit del 1% del PIB, porque tendrá que cubrir ese hueco con fondos propios. “Esperemos que Montero reconsidere la renovación del fondo Covid a lo largo del año”, aseguran.

Es el cuarto Presupuesto que firma Bravo en esta legislatura y el primero que atisba un incumplimiento del déficit, esta vez, permitido por la autoridad fiscal competente. Cuando los objetivos de estabilidad eran obligatorios, Andalucía ha cumplido o incluso se ha quedado por debajo, como ocurrió en 2019, cuando el tope del déficit era del 0,4% del PIB. En 2020, el año de la pandemia, el límite era del 0,2% y el consejero de Hacienda presentó unas cuentas con equilibrio cero (aunque algunos miembros del Gobierno llegaron a hablar, con orgullo, de un pequeño “superávit”). En el presente ejercicio la pared de endeudamiento es del 1,1% del PIB y la Junta está convencida de que tampoco esta vez lo rebasará. Es el gran valor político de la Administración de Moreno y una de las grandes diferencias que le separan del PSOE y de Unidas Podemos.