Ximo Puig sobre la gestión del ingreso mínimo vital: “Si nosotros tuviéramos la hacienda foral, tendríamos más capacidad”

“Si nosotros tuviéramos la hacienda foral, tendríamos más capacidad”. Con estas palabras se ha referido el president de la Generalitat, Ximo Puig, a la gestión del ingreso mínimo vital aprobado el pasado viernes por el Gobierno en consejo de ministros extraordinario. A pesar de la reclamación de algunas comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, que ya dispone de una herramienta similar, la renta valenciana de inclusión, el Ejecutivo se va a encargar de gestionar directamente estas ayudas salvo en Euskadi y Navarra, las dos únicas autonomías de las que según el ministro de Inlcusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, tienen “certidumbre” que puedan ejecutar esta medida “con la mayor rapidez”.

A juicio de Puig, el ingreso mínimo vital es una medida “extraordinariamente positiva, un gran avance que habíamos pedido hacía mucho tiempo”. El jefe del Consell ha explicado que se trata de 377,27 millones de euros para la Comunitat Valenciana que van a llegar a 100.000 familias, “se van a beneficiar 280.000 personas, y muchas de ellas van a poder salir de la pobreza gracias a esta medida, impidiendo la cronificación de la pobreza”.

El president ha reclamado “unidad de acción” para que las personas tengan los menos problemas a la hora de gestionar este subsidio: “queremos ver cómo se puede establecer una coordinación para que haya una ventanilla única”. En este sentido, ha recordado que el real decreto se refiere a convenios con las comunidades autónomas para facilitar ese trabajo de forma coordinada, ya que existen distintas ayudas: “Hay voluntad”. “Se trata de sumar sinergias para evitar que haya duplicidades”, ha dicho Puig.

Respecto a las discrepancias entre partidos al respecto -este sábado se produjeron duras críticas al ministro Escrivá y al Gobierno desde Compromís por la decisión de centralizar la gestión del ingreso mínimo vital, cuya cogestión habían puesto los valencianistas como una de las condiciones para apoyar una nueva prórroga del estado de alarma-, Puig ha asegurado que no se su papel hablar de otros partidos, aunque ha hecho un llamamiento a separar la prórroga del estado de alarma de otras cuestiones: “A mi juicio, no ha sido la manera de funcionar más correcta”. Así mismo, ha desligado estas disputas dialécticas del Gobierno Valenciana, “no hay discrepancias”.

El jefe del Consell considera que debería haber “un acuerdo unánime” sobre la restricción de la movilidad, “y para ello se necesita el estado de alarma”.

Prudencia con la fase 3

El president de la Generalita ha querido ser “extremadamente prudente” acerca de un eventual paso de la Comunitat Valenciana a la fase 3 de la desescalada, una fase que gestionarán ya directamente las comunidades autónomas, tal y como les ha confirmado a los presidentes autonómicos Pedro Sánchez: “No quiero crear ninguna falsa expectativa, porque la pandemia sigue estando ahí, no la hemos superado”.

“Es fundamental no bajar los brazos y fortalecer el sistema público de salud. Vamos a almacenar material sanitario en distintas comarcas por si se produjeran rebrotes y, según como vayamos y cómo evolucionen los datos, veremos cuando solicitamos el cambio de fase, aunque si no cambia la tendencia, dentro de quince días sí que estaremos en ese momento de la desescalada que nos permitirá, entre otras cuestiones, superar el distrito provincial”, ha dicho Puig, quien ha insistido en que deben primar la seguridad sanitaria y la reactivación de la economía.

El president ha resaltado que la situación sanitaria ha cambiado “por completo” y la evolución está siendo “muy positiva”: después de llegar a haber 386 personas en UCI por COVID-19, actualmente solo son 24; de los 2.200 hospitalizados por coronavirus que ha llegado a haber en la Comunitat Valenciana, ahora hay 161, “catorce veces menos”; y hay 12.122 valencianos recuperados del virus.