Precariedad laboral y asistencial en residencias privatizadas valencianas: los trabajadores exigen que se les regularice

“Los empleados en cuanto tienen ocasión se van al sector público porque hay una diferencia abismal entre salarios, lo que a su vez difuculta enormemente la cobertura de bajas; este verano lo hemos pasado francamente mal por el déficit de personal”. Carla Casanova es una de las trabajadoras de un centro de personas mayores de València, concretamente e de Velluters, que este jueves se manifestaron para denunciar la inacción del Gobierno valenciano ante su precariedad laboral, con el empeoramiento asistencial que ello conlleva.

Las protestas se dieron en centros de toda la Comunitat Valenciana, tal y como explica Casanova, con equiparación salarial con los empleados públicos como principal demanda, una medida que se aprobó en el año 2022 por el anterior ejecutivo de de izquierdas, pero que sigue sin aplicarse en la práctica: “Nos hemos concentrado para reclamar la equiparación salarial firmada en noviembre de 2022. Somos un sector que está cansado y no vamos a parar hasta que la administración cumpla”.

En la Comunitat Valenciana existen 31 centros de titularidad pública y gestión privada para el cuidado de personas mayores, de los cuales 29 se encuentran con contratos vencidos, algunos de ellos más de 6 años sin que hasta la fecha se hayan publicado nuevas licitaciones en estos centros. Esto implica que las condiciones laborales de los empleados no se pueden actualizar, con la merma económica que conlleva.

En noviembre de 2022, se firmó el convenio colectivo laboral para las empresas que tuvieran adjudicada mediante contrato con alguna administración pública, la gestión de residencias de tercera edad, servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, centros de día, centros de mujer 24 horas, centros de acogida y servicio de ayuda a domicilio, de titularidad pública y gestión privada, en la Comunidad Valenciana.

En el artículo 10 de ese convenio, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 22 de marzo del 2023, se habla del incremento salarial y establece que “las tablas B serán de aplicación, desde la formalización del correspondiente contrato público, para los centros y servicios cuya publicación de la licitación sea posterior a la fecha de publicación del presente convenio colectivo o que hayan agotado las situaciones previstas en el punto 1 anterior (periodos de prórroga)”.

Por lo tanto, el hecho de que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda siga sin convocar nuevos concursos públicos de gestión de las residencias está causando un grave perjuicio económico a todo el personal de estos centros, dado que impide que se puedan aplicar las nuevas tablas salariales B firmadas por parte de los sindicatos (CCOO y UGT) junto con la Asciación Empresarial de Residencias y Srvicios a Personas Dependientes (AERTE) y conselleria.

El personal afectado denuncia que en la actualidad se mantienen desigualdades y discriminaciones respecto a otros ámbitos con las mismas categorías laborales, que genera la brecha salarial que existe entre el personal de centros de gestión directa de la administración al de centros de gestión integral. Esta diferencia salarial provoca que estos últimos pierdan personal cualificado y a la vez que sea muy complicada la sustitución del mismo con el riesgo que conlleva de pérdida de calidad de atención que merecen las personas mayores.

Además, las plantillas de los centros se ven gravemente afectadas por el aumento de IPC: entre 2016 al 2024 ha subido un 23,8% en la Comunidad Valenciana, frente al 4,5% que se ha producido en la subida salarial en el mismo periodo de años. Con ello, denuncian que el sector esencial de los cuidados en la Comunitat Valenciana está al límite, enfrentando una situación crítica que afecta a miles de personas mayores, a sus familias y al personal de los centros y exigen ser conocedores de qué actuaciones se están llevando a cabo por parte de la Administración Autonómica para el cumplimiento del contenido del convenio. 

Apoyo de UGT y CCOO

UGT Serveis Públics del País Valencià ha respaldado las concentraciones convocadas este jueves, 24 de octubre, por las trabajadoras y trabajadores de los centros concertados de personas mayores para exigir la homologación salarial acordada hace más de dos años y la licitación de los contratos.

El sindicato, que ha participado en las protestas, recuerda que este colectivo que trabaja en centros concertados de titularidad pública está integrado en su mayoría por mujeres, muchas de ellas con hijas e hijos a su cargo que no solamente están sometidas a intensos horarios, sino que, además, tienen sus retribuciones prácticamente congeladas desde hace años y muy por debajo de lo que cobran otras empleadas y empleados por el mismo trabajo.

También la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, ha reclamado las licitaciones a las puertas de más de 30 residencias y centros de día de gestiones integrales, que son aquellas de titularidad pública pero de gestión privada. Este sindicato ha estado al lado de las personas trabajadoras, la mayoría mujeres, cuya iniciativa ha promovido las movilizaciones por toda la Comunidad Valenciana. 

CCOO insiste en que no hay ninguna circunstancia que impida a la Conselleria de Servicios Sociales la publicación de las licitaciones. Esta afirma que hasta que no se publique el nuevo decreto de tipologías, no puede sacar adelante las licitaciones pero puede hacerlo con el decreto anterior, atendiendo a las modificaciones que publicaron en el primer trimestre de este año y al convenio colectivo.