Ribó afirma que tratarán de “mejorar” el plan urbanístico de Benimaclet y advierte del elevado coste de la reversión

El suelo destinado al Plan de Actuación Integral (PAI) del barrio de Benimaclet no se desclasificará para evitar la construcción de las 1.354 viviendas previstas en el sector, un 30% protegidas y un 10% sociales.

Entidades vecinales y sociales de Benimaclet y de otros barrios como Orriols o la Malvarrosa, además de la Federación de Vecinos de València, salieron a la calle a finales de enero para exigir la paralización y revisión del PAI proyectado por Metrovacesa, promotora que ya ha presentado al Ayuntamiento la documentación para constituirse en agrupación de interés urbanístico al poseer más del 50% de la propiedad del suelo y que prevé el inicio de las obras sin reducir la edificabilidad en 2021.

Sin embargo, el alcalde de València, Joan Ribó, ha recordado en primer lugar que en 2018 se aprobó la Ley de Protección de Huerta y que el ámbito del plan urbanístico no está incluido en ella.

En segundo lugar ha afirmado que lo que no pueden hacer es “dedicar todos los recursos del Ayuntamiento o una parte importante de ellos a un barrio dterminado” puesto que la desclasificación de los terrenos implicaría “unos costes importantes”.

Ribó ha añadido que, pese a todo, van a hablar con Metrovacesa y estudiar “cómo mejorar el proyecto”.

La promotora cuenta con unos derechos adquiridos en forma de metros cuadrados de edificabilidad aprobado en su momento por el anterior Gobierno municipal del PP, por lo que cualquier reducción en este sentido puede tener consecuencias económicas para las arcas públicas.

Tal y como informó eldiario.es, según un informe de los técnicos municipales, desclasificar por completo el suelo del PAI para evitar la construcción de más viviendas puede tener un coste de al menos 30 millones de euros, 20 millones en concepto de compensación económica para la promotora y 10 millones más por los equipamientos públicos que dejarían de construirse, cuyo coste debería asumir directamente el Ayuntamiento.

Sin embargo, otro estudio elaborado por tres profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universitat de València y un profesor de la Universitat Politècnica de València a petición de la asociación de vecinos de Benimaclet y de Cuidem Benimaclet cifra el coste de desclasificación del suelo en 11,5 millones de euros.