La ampliación imprudente del Puerto de València

Las objeciones no frenan el proyecto

Una ampliación portuaria a toda costa en València

Desde que tanto Puertos del Estado, organismo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda y Urbana, como el Ministerio de Transición Ecológica se lavaron las manos y trasladaron la responsabilidad sobre el control ambiental de la ampliación norte del Puerto de València a la propia Autoridad Portuaria, el proyecto se convirtió en un empeño de su presidente, Aurelio Martínez, enfrentado a la oposición vecinal y ecologista encarnada en la Comissió Ciutat-Port; al alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, y a dos de los tres socios del Pacto del Botánico, Compromís y Unides Podem. Mientras tanto, el PSPV-PSOE y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han intentado eludir la confrontación, al apoyar genéricamente la propuesta “siempre que se respeten absolutamente todos los criterios medioambientales”. 

El problema es que la declaración de impacto ambiental (DIA) en la que se basa la ampliación, que prevé construir una dársena de 137 hectáreas destinada a la carga y descarga de grandes buques de contenedores, es de 2007. Y que Martínez se ha negado desde el principio a que se realice una nueva DIA que tenga en cuenta el cambio de coordenadas producido 15 años después por la emergencia climática, así como las importantes modificaciones efectuadas sobre el proyecto inicial. Como ya hiciera Puertos del Estado, que aprobó la viabilidad técnica de la ampliación con la condición de que el Puerto certificara que “no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental”, el Ministerio de Transición Ecológica ha enviado algunos mensajes indirectos al Puerto de València sobre la conveniencia de prestar atención a su impacto ambiental.

El más reciente de esos mensajes ha venido en el formato del informe prescriptivo de la Dirección General de Costas sobre la compatibilidad con la estrategia marina, que resulta ser “favorable con condiciones”. El documento plantea 21 objeciones al proyecto de ampliación, entre ellas la prohibición de extraer 2,6 millones de metros cúbicos de arena en Cullera para rellenar los muelles, y señala el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental de 2007 en lo que se refiere a la regeneración de playas dañadas por el puerto, un efecto que produce “una progresiva erosión y representa una clara amenaza para la conservación del parque Natural de la Albufera”.

En lugar de optar por la prudencia, la Autoridad Portuaria de València ha elaborado contrainformes propios que reflejan una visión completamente diferente del impacto de la ampliación y su presidente, Aurelio Martínez, ha convocado la reunión del consejo de administración para aprobar el proyecto nada más tener el informe de Costas que le da luz verde “con condiciones”. La Comissió Ciutat-Port, que tiene recurrida la decisión gubernamental de trasladar la condición de “órgano sustantivo” al propio Puerto, ya ha anunciado que llevará también a los tribunales la aprobación del proyecto constructivo, que abre la puerta a la posterior adjudicación a la naviera MSC de la nueva terminal de contenedores.

Un horizonte de judicialización del proceso resulta más que probable. Y eso que el Puerto de València tiene en el caso de la fallida zona de actividades logísticas (ZAL), construida en La Punta, un precedente de un proyecto considerado imprescindible en su momento que ha acabado siendo declarado ilegal y anulado por el Tribunal Supremo casi 25 años después, entre otras cosas, por haberse basado en una declaración de impacto ambiental insuficiente.

La exvicepresidenta interviene en sendos actos

Mónica Oltra vuelve a tomar la palabra en público meses después de su dimisión

En sendos actos celebrados esta misma semana, Mónica Oltra ha vuelto a tomar la palabra en público. Ha ocurrido en Ca Revolta, asociación cultural de la que es socia, para hablar de las desigualdades y los derechos humanos, y en la presentación del libro que Enric Nomdédeu, cargo público de Compromís al frente de Labora, el servicio valenciano de empleo, ha dedicado al lawfare o guerra judicial, fenómeno del que tiene experiencia porque llegó a ser juzgado y absuelto a raíz de una denuncia del PP.

La exvicepresidenta, que dimitió en junio tras ser imputada judicialmente a causa de la gestión que su departamento hizo de la denuncia de abusos a una menor tutelada por la que fue condenado su exmarido, lanzó alguna alusión al hecho de que está buscando trabajo (ella es abogada) y a que tiene más libertad para hablar porque no está sujeta por obligaciones institucionales.

Los socialistas empujan y Compromís se resiste

El debate sobre la implantación de la energía fotovoltaica se intensifica

Con el lema Comencem pel sostre (Comencemos por el techo), Compromís hizo pública su política en relación con la implantación de la energía fotovoltaica. La coalición propone el impulso del autoconsumo y de las instalaciones en zonas urbanas, el fomento de las comunidades energéticas locales y la creación de una Agencia Valenciana de la Energía, mientras frena las autorizaciones de los proyectos de plantas solares en el territorio presentados a la Generalitat Valenciana. El informe del Ivace en el que los valencianistas basan su propuesta, que prevé 14.000 megavatios de generación potencial en los tejados y fachadas de las zonas urbanizadas,  choca de frente con el documento del Ministerio de Transición Ecológica, que sitúa en 1.054 megavatios esa proyección en un escenario optimista para 2030, año en el que la Comunidad Valenciana debe estar en condiciones de producir 6.000 megavatios de procedencia fotovoltaica, según las previsiones de la UE.

La Unión Española Fotovoltaica, que agrupa a las empresas del sector, criticó a la Generalitat Valenciana por no alinearse con “el esfuerzo para la transición energética”, debido al freno en la autorización de proyectos de instalación de plantas. Y la consellera de Política Territorial, Obras Pública y Movilidad, la socialista Rebeca Torró, hizo público un informe de la Abogacía de la Generalitat que advierte de que hay que tramitar los cerca de 300 expedientes bloqueados en la dirección general de Política Territorial y Paisaje, en manos de Compromís, 90 de ellos antes de que el 25 de enero caduquen los permisos de acceso y conexión.