Dos ministerios se desentienden y cargan sobre el Puerto de Valencia la responsabilidad de hacer la ampliación sin nuevo informe ambiental

Ningún departamento ni organismo oficial del Estado quiere cargar con las posibles responsabilidades que se deriven de la ampliación del Puerto de València. Y es que, son ya varios los ejemplos de megainfraestructuras fallidas que debe asumir el Gobierno, la última y más reciente la plataforma Castor de almacén de gas frente a la costa de Vinaròs que supuso una indemnización a la concesionaria de 1.650 millones de euros.

En el caso de la polémica ampliación portuaria, tanto el Ministerio de Transición Ecológica como el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han derivado las probables consecuencias legales en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) al cederle, mediante un cambio normativo, la condición de órgano sustantivo y, por la tanto, la potestad de decidir si las actuaciones requieren de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) que sustituya a la de 2007 y que tenga en cuenta las modificaciones que se han acometido en el proyecto.

Como informó elDiario.es, este cambio normativo se produjo mediante la resolución del 30 de marzo de 2021 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que posibilitó que la Autoridad Portuaria (APV) pueda decidir por sí sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve, al designarla como órgano sustantivo, un trámite que investiga la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Comissió Ciutat-Port, la plataforma ciudadana opositora a la ampliación.

El presidente de la APV, Aurelio Martínez, presentó este viernes el informe técnico favorable de Puertos del Estado a los futuros muelles de la polémica ampliación, un documento (completo al final de la información) que arroja más sombras que luces.

Sobre la supuesta validez de la DIA de 2007, el mencionado informe refleja que la APV aporta un anexo denominado ‘Necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación Norte del puerto de Valencia’, suscrito por la consultora externa HIDTMA en diciembre de 2021, en el cual se concluye que las distintas modificaciones introducidas en el proyecto que se informa respecto del proyecto original evaluado ambientalmente en su día no tienen efectos sobre el medio ambiente adicionales a los ya considerados en la citada resolución, por lo que no se dan ninguno de los supuestos establecidos en la letra c) del apartado 2º del artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que implicarían la necesidad de sometimiento a un nuevo procedimiento ambiental.

Es decir, la propia APV ha contratado a una consultora para que avale su tesis sobre la validez de la DIA. Pese a todo, el siguiente párrafo del informe de Puertos del Estado insiste en que “en todo caso, se hace constar que la Autoridad Portuaria de Valencia, en su calidad de promotor y órgano sustantivo de la actuación, deberá emitir certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo”.

Además, refleja que “el volumen total de relleno requerido para la ejecución de las obras recogidas en el proyecto asciende a unos 25.5 millones de metros cúbicos”, cuando la DIA de 2007 establece este parámetro en 19,05 millones de metros cúbicos.

Otro aspecto muy cuestionable que recoge el informe de Puertos del Estado es que “el proyecto incluye un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) con la finalidad de definir las medidas de prevención y protección del medio ambiente durante la ejecución de las obras”. A continuación, añade que este PVA se ha elaborado a partir de los siguientes documentos: “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la ampliación del Puerto de Valencia (HIDTMA, abril de 2006) y DIA, aprobada por Resolución de fecha 30 de julio de 2007. En ella se aprueba el PVA tras la fase de información pública y consultas a las distintas entidades sobre el EIA, y se integran algunas de las alegaciones emitidas”. Es decir, se ha elaborado un plan basado en documentos elaborados hace 15 y 16 años y en todo caso antes de que se construyera el dique norte que ha erosionado las playas del sur.

En cuanto a la maniobrabilidad de los buques, el informe “hace constar que los resultados de operatividad indicados en el proyecto y resumidos en el presente informe, se corresponden con los buques portacontenedores grandes, antes citados (24.000, 16.000 y 11.000 contenedores), no habiéndose analizado el comportamiento de los atraques para buques pequeños”.

Por este motivo, “se recomienda la conclusión de dicho ensayo cuando ello sea factible, a los efectos de asegurar la operatividad de la terminal para una flota lo más amplia posible de portacontenedores”.

En cuanto al presupuesto de la obra que se acometerá con fondos públicos, lejos de los 400 millones anunciados, según el informe ascenderá a 448.507.561,30 euros de inversión, lo que supone un presupuesto de licitación de 542.694.149,17 euros, IVA incluido, sin que el proyecto cuente con financiación procedente de fondos europeos. 

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