Corrupción en la patronal

“Gestión desleal por distracción de dinero”

Los empresarios de Castellón y el viejo fraude en los cursos de formación

Fondos para cursos de formación que no llegaron nunca a impartirse. Se trata de una vieja forma de corrupción que todavía tiene consecuencias en la patronal valenciana, concretamente en la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), cuyos exdirigentes se han visto envueltos en al menos dos casos judiciales de este tipo. El expresidente de la CEC José Roca, el que fuera secretario general Rafael Montero y el exjefe del departamento de Formación José Antonio Espejo fueron condenados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón a dos años de cárcel por “un supuesto típico de delito agravado de apropiación indebida en su modalidad de gestión desleal por distracción del dinero”. Desviaron 190.770 euros destinados a cursos de formación “a fines distintos”, ya fuera en beneficio propio o de la patronal.

Por otra parte, Montero y Espejo tendrán que sentarse otra vez en el banquillo, tras la decisión de abrirles juicio oral adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que los procesa por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y fraude de subvenciones. La CEC, formalmente extinta porque años después se reorganizó la patronal valenciana, en 2010 recibió 3,1 millones de los 12,2 millones que la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) obtuvo del antiguo Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef, actual Labora) para la ejecución de un plan de formación intersectorial. De esos fondos desviaron una parte los dirigentes empresariales condenados.

Juicio del caso Taula

Rus, el 'yonqui del dinero' y el suegro

Por el el juicio de la pieza separada D del 'caso Taula', que se refiere al presunto amaño del contrato del 'call center' de una empresa pública de la Diputación de València, han desfilado estos días el expresidente de la Corporación provincial, Alfonso Rus, del PP, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' cuando colaboraba con la Fiscalía Anticorrupción, y el suegro de este último, Mariano López, que fue quien entregó las grabaciones realizadas por Benavent que permitieron destapar un escándalo de corrupción con múltiples aspectos.

Alfonso Rus, en su declaración ante el juez, descargó en los técnicos y en sus subordinados el contrato amañado del 'call center'. “Todo este lio” del 'caso Taula', vino a decir, surge de la enemistad entre Marcos Benavent y su exsuegro tras un divorcio traumático.

Mariano López, el exsuegro en cuestión, que cobró hasta un 15% del monto total del contrato a través de una firma pantalla a nombre de su cuñada y que se sienta en el banquillo como acusado en este juicio, aunque lo hiciera en otros del mismo caso como testigo, declaró que actuó como una especie de asesor en la operación del 'call center'.

Y Marcos Benavent, por su parte, negó que Rus diera indicaciones para que la empresa Servimun fuera la adjudicataria del contrato y atacó a su exsuegro por entregar las grabaciones que dieron pie a la investigación del caso Taula: “Se volvió loco”. Será curioso ver en qué queda todo.

Necesidad de eliminar un punto negro entre Alfafar y Sedaví

Demasiadas muertes en el paso a nivel

La muerte de una joven arrollada por el tren en Alfafar desencadenó una protesta de vecinos y propició gestiones ante el ministerio por parte de los alcaldes de Alfafar y Sedaví para buscar una solución a ese punto del área metropolitana de València donde todavía pervive un paso a nivel especialmente peligroso. La reivindicación de que se suprima ese paso a nivel cumple más de cuatro décadas, mientras su balance de muertos en accidentes ha ido engrosando.

Los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acordaron con los alcaldes suprimir ese “punto negro” mientras se analiza la posibilidad de soterrar las vías a su paso por la zona.

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