Oltra ataca a Catalá con los apartamentos turísticos por su “pasividad” frente a los abusos de los fondos extranjeros

“Los fondos de inversión extranjeros nos están expropiando directamente ante la pasividad del Ayuntamiento de València”. Con estas palabras ha resumido la candidata de Compromís per València, Mónica Oltra, la situación que vive el vecindario de la calle Carlos Cortina 5, en el barrio de Benicalap, donde este lunes se ha reunido junto al concejal Pere Fuset con los afectados por las obras de un complejo de 40 alojamientos turísticos que la empresa Business Decission and Advice SL ejecuta en los bajos de los edificios de las calles Cortina, Salvador Cerveró y Encarna Albarracín.

Como informó elDiario.es, la semana pasada, la compañía abrió sin permiso varias ventanas en los locales comerciales que dan directamente a la zona común privada del inmueble, el espacio donde juegan los niños y niñas del vecindario, sin el preceptivo permiso de la comunidad.

Compromís per València ha hecho pública la resolución con la que el Ayuntamiento de València deniega, el 14 de julio, la licencia de obras de reforma para implantar la actividad de hotel apartamento en la calle Salvador Cerveró con Carlos Cortina. En el documento, el concejal de Urbanismo reconoce que la manzana donde se sitúa el inmueble tiene el 100% de sus locales comerciales en planta baja ocupados por alojamientos turísticos u hoteleros, muy por encima del límite del 15% que fija la normativa aprobada definitivamente el 31 de marzo de 2026.

No obstante, desde el equipo de Gobierno aseguran que posteriormente la empresa renunció al excedente del uso para alojamiento turístico para ajustarse a la normativa, motivo por el que se le concedió el permiso de obras.

“Los poderosos poderes económicos vinculados a la inmobiliaria entran en nuestras casas a expropiarnos, por así decirlo, y a hacer obras ilegales”, ha insistido Oltra, que ha cargado contra la “pasividad” de la alcaldesa María José Catalá ante un caso que, según la candidata, “ha tocado cuestiones estructurales y de prevención de incendios” que ponen en riesgo la seguridad de todo el edificio.

Un mes de licencia denegada y las obras siguen igual

Olra ha puesto de relieve que el gobierno de Catalá no ha adoptado ninguna medida efectiva para detener los trabajos. La denuncia conecta directamente con la alerta que Compromís per València ya lanzó hace unos días sobre el edificio número 6 de la calle Encarna Albarracín, en el mismo complejo, donde un grupo de personas saltó la valla de la comunidad para acceder a las zonas comunes y destruir unos muros y facilitar la construcción de alojamientos turísticos. Compromís ya exigió entonces que el gobierno de Catalá hiciera públicas las sanciones o cualquier otra medida adoptada por la Policía Local, sin que hasta ahora haya obtenido respuesta.

Por su parte, Aitor Llano, representante de la comunidad de propietarios de Carlos Cortina y residente desde hace diez años, lo ha confirmado hoy de primera mano: la documentación les llegó “con cuentagotas” hasta que, a finales del año pasado, supieron que el proyecto era un hotel de 40 habitaciones, una actividad que la junta de propietarios tiene prohibida aunque no conste en los estatutos.

La comunidad denunció el caso y solicitó una medida cautelar de paralización que le fue denegada el pasado febrero. Desde entonces, y pese a la resolución municipal, las obras no se han detenido, y la semana pasada la empresa llegó a abrir ventanas ilegales hacia la zona común del edificio vecino.

“Un fondo buitre puede hacer obras sin presentar el permiso de la comunidad de propietarios, que en este caso no existe, y el Ayuntamiento mira hacia otro lado”, ha lamentado Mónica Oltra, que ha reclamado a la policía local que haga cumplir la resolución “con la misma dureza” que se aplica, ha dicho, cuando una persona mayor quiere empadronarse en un piso de alquiler sin contrato. Llano, por su parte, ha situado el origen del problema en “la facilidad que dan los ayuntamientos para que los fondos extranjeros vengan aquí, compren locales y hagan caja” a costa del comercio de barrio y de la convivencia vecinal.

Zona tensionada y vivienda para personas físicas

Mónica Oltra ha reclamado que la Generalitat declare, a petición del Ayuntamiento de València, la zona de mercado residencial tensionado, una herramienta que la Ley de Vivienda prevé y que ni el gobierno municipal ni el Consell quieren aplicar. “La ley da herramientas que el Ayuntamiento de València y la Generalitat se niegan a utilizar para mejorar la vida de las personas”, ha denunciado la candidata, que ha pedido a Catalá y al presidente de la Generalitat que la tramiten “sin más dilación”.

Además, Oltra ha reivindicado la proposición de ley que Compromís presentó en el Congreso —tumbada, entre otros, por el rechazo del PSOE— para que las personas jurídicas con fines lucrativos, con las excepciones previstas para entidades sin ánimo de lucro, ONG o confesiones religiosas, no puedan ser titulares de vivienda: “Quien habita una vivienda es alguien que tiene cuerpo, que tiene corazón, que tiene manos. Una SL nunca habitará una vivienda”.

Respuesta del equipo de Gobierno municipal

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha destacado “la desmemoria de Compromís, quien cuando gobierna hace una cosa y cuando no, dice la contraria”. Giner ha denunciado que fue Compromís quien, junto al PSPV, modificó la normativa para poder construir apartamentos turísticos en lo que hasta entonces sólo podían ser bajos comerciales. “Y entonces no se alegó para evitar la barra libre a los apartamentos turísticos”, ha añadido.

“València ha puesto en marcha la normativa más exigente de España y, después de la moratoria, ya hemos conseguido sacar 1.405 viviendas de uso turístico del mercado”, ha recordado Juan Giner, quien ha destacado también que de las 10.343 viviendas de uso turístico comercializadas en plataformas de alquiler en marzo de 2025 se pasó a 8.938 en marzo de 2026, lo que supone un descenso del 13,6% en el número de apartamentos turísticos, según los datos del INE.

“Cuando ocurre, como es el caso de la calle Carlos Cortina que denuncia Compromís, tanto ha sido el seguimiento de los técnicos que la empresa ha logrado la licencia después de tener que modificar su proyecto y ajustarse a la normativa. Por ello, ha renunciado al exceso de superficie terciaria para obtenerla”, ha asegurado el concejal. Pero además, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento realiza las inspecciones pertinentes y ha solicitado un informe para dictaminar si las obras de la calle Encarna Albarracín se ajustan a la licencia de obras.

Y a todo ello, ha manifestado el edil, hay que sumar la nula política en vivienda pública llevada a cabo por la izquierda durante sus años de mandato, donde construyeron sólo 14 viviendas públicas. Con este Gobierno, son más de mil las que se han puesto en marcha en estos tres años, 523 de ellas ya incorporadas al parque público municipal.