La plataforma Ciutat-Port recurre la resolución del Gobierno que cede al Puerto de València la responsabilidad de la ampliación

La plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port, sin perjuicio de las acciones judiciales que prepara contra la ampliación del Puerto de València, ha anunciado este viernes la presentación de un primer recurso de alzada ante la Secretaría de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica contra la resolución que posibilita que Puertos del Estado “se ponga de perfil” y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) pueda decidir sobre si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental del proyecto que la misma APV promueve, a la que califica de “nula de pleno derecho” y dictada en fraude de ley.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado lunes 12 de abril incluyó una Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dictada a solicitud de Puertos del Estado, cuya finalidad interpretan como la de “liberar” a la entidad estatal de las obligaciones y responsabilidades respecto del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada en agosto de 2007.

La Comissió Ciutat-Port califica de nula de pleno derecho esta nueva resolución por haberse dictado contraviniendo lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, fijada en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación ambiental.

El recurso llama la atención sobre que “se pretenda 14 años después de su publicación modificar la DIA de 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad pública estatal Puertos del Estado de eludir sus responsabilidades de dirección, coordinación y control sobre la macroampliación del puerto de València que impulsa la APV y la pretendida adjudicación de la explotación de las nuevas instalaciones a favor de una empresa privada”.

Califican de incomprensible y jurídicamente inaceptable que, precisamente ahora cuando la ciudadanía y sus asociaciones exigen razonadamente un debate social riguroso acerca de unas actuaciones promovidas por la APV, que son sustancialmente distintas a las contempladas en aquella evaluación ambiental, se ponga en cuestión el rol desempeñado por las administraciones intervinientes en el expediente ambiental sustanciado en su día. Unos roles que se han ejercido de manera pacífica y no controvertida durante catorce años.

“Pretender aplicar tal criterio con efectos retroactivos, con absoluto desprecio de las normas que permiten a la administración volver sobre sus propios actos y prescindiendo de los procedimientos habilitados al efecto por la ley, solo puede ser calificarse como una decisión nula de pleno derecho”, afirman, invocando los preceptos legales infringidos.

Recuerdan desde la organización que las obras que pretende llevar a cabo la APV, y de las que Puertos del Estado pretende desentenderse, vulneran las autorizadas en la DIA de 2007.

No solo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007 (de 19,05 millones de m3 a 23,3 m3), sino también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la que fue aquella 1ª fase), incremento del consumo de recursos naturales y el incremento de dragados (de -18 a -18,5) y en zonas exteriores a la dársena actual con el consiguiente efecto negativo sobre las playas del sur ya detectados durante estos años.

Pero, además, denuncian que la APV ya está actuando de hecho al margen de la autorización contemplada en la DIA de 2007 al anticipar actuaciones con repercusión directa más allá del área de afección inicial y que no aparecían en el Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base a la DIA de 2007.

Citan la “demolición de los muelles de cruceros” que ha dado lugar a la convocatoria de otro concurso público para el otorgamiento de una nueva “concesión para la construcción y explotación de una terminal pública de pasajeros en el puerto de València” en un nuevo emplazamiento, fuera del ámbito incluido en la DIA originaria, sin que se haya sometido a una nueva evaluación ambiental.

Esta actuación ha comportado además el dudoso rescate de antiguas, y potencialmente caducadas, concesiones a una mercantil que hacía años que nos las operaba, con un pago en especie consistente en un nueva concesión sobre otros terrenos portuarios y la posibilidad de condtruir un edificio de oficinas de trece alturas. Una operación de la APV sobre la que la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto ya diligencias de investigación.

En conjunto, concluyen, “la pretensión de Puertos del Estado de hacer dejación de sus responsabilidades como entidad pública a la que corresponde la dirección superior y coordinación general de actuaciones en materia de puertos de interés general del Estado, a la que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha venido a dar una injustificable cobertura, considerando las circunstancias concurrentes, constituye un auténtico fraude de ley”.

Razón por la que solicitan en su recurso a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que suspenda la eficacia de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental publicada en el BOE de 12 de abril de 2021.

Asimismo, recuerdan la necesidad de llevar a cabo un debate público amplio y riguroso que examine los planes de la APV porque, afirman, aún se está a tiempo de paralizar una actuación que pone en riesgo el litoral y un patrimonio de especial fragilidad como L’Albufera y la salud de la población en tiempos de emergencia climática, cuando todos los recursos disponibles deberían orientarse a hacer posible un cambio de modelo económico y ambiental acorde a los riesgos actuales.