La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que retira a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) su condición de órgano sustantivo, y por tanto, su capacidad de decidir sobre la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental para el proyecto de ampliación del Puerto de València añade dudas jurídicas e incertidumbre a la viabilidad de la nueva terminal norte.
Tal y como avanzó este miércoles elDiario.es, el fallo judicial, contra el que cabe recurso de casación, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) utilizó el procedimiento de subsanación de errores para derivar la condición de órgano sustantivo de Puertos del Estado a la APV. Sin embargo, no queda acreditado que se tratara de un arror, máxime cuando han pasado 14 años desde que se publicó la DIA (2007) hasta la resolución ahora anulada (2021).
El fallo viene a confirmar la medida cautelar decretada por el mismo juzgado en diciembre de 2022 cuando ya se suspendió cautelarmente la condición de órgano sustantivo de la APV, dejando sin efecto la mencionada resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental hasta que llegara el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión que ahora se ha producido.
La sentencia pone en entredicho la tramitación del proyecto, incluso la reciente licitación, que se ha seguido en todo momento como si la APV mantuviera su condición de órgano sustantivo.
Y este es precisamente el argumento que va a utilizar la Comissió Ciutat-Port, entidad vecinal y ecologista opositora al proyecto que puso la demanda, para solicitar la suspensión cautelar de la licitación del proyecto, para cuya ejecución se han presentado cuatro uniones temporales de empresas (UTE). Desde la plataforma entienden que al ser Puertos del Estado el órgano sustantivo, procede que este organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige el socialista Óscar Puente, emita un informe motivado y certificado que avale la validez de la DIA de 2007 para el nuevo proyecto que incluye cambios sustanciales, cuyo impacto no han sido evaluados.
De adjudicarse las obras sin la elaboración de ese informe o en su caso sin la tramitación de una nueva DIA, entienden que la administración se expondría a indemnizaciones millonarias de prosperar alguno de los dos recursos que hay en marcha en estos momentos y que podrían paralizar toda la actuación: uno contra aprobación del proyecto constructivo en diciembre de 2022 y otro contra la licitación, en diciembre de 2023.
Según afirmaron este jueves portavoces de la Comissió Ciutat-Port, la resolución ministerial suspendida pretendía “cambiar las reglas del juego a mitad del partido, con la intención de eludir trámites y controles imprescindibles para así acelerar una ampliación muy cuestionada por la ciudadanía valenciana”.
La decisión judicial implica que la tramitación realizada hasta ahora para la aprobación del proyecto constructivo de la ampliación está “viciada” por cuanto se presentó a aprobación “careciendo de documentación imprescindible” para su tramitación y sin el pronunciamiento expreso de Puertos del Estado acerca de su tramitación ambiental, añaden las fuentes.
En esta línea, el grupo parlamentario Compromís-Sumar ha presentado varias cuestiones a la Mesa del Congreso. En concreto, han preguntado si el Estado podría incurrir, “a pesar de estar informada y con el precedente del Proyecto Castor, en indemnizaciones millonarias si la justicia paralizara el proyecto en los dos procedimientos que hay abiertos con las obras ya adjudicadas”, si Puertos del Estado “va a emitir un informe motivado sobre la validez de la DIA de 2007 para el nuevo proyecto” y si “se paralizará la licitación de las obras de ampliación del Puerto de València hasta que se emita ese informe”.
El diputado de la formación, Alberto Ibáñez, ha interpelado de forma directa a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que además será la número uno de la lista de los socialistas a las elecciones europeas: “¿Quiere pasar a la historia como la responsable de una ampliación del Puerto innecesaria, insostenible e irregular, o no? Y desde este planteamiento político, si la señora Ribera cree que es el momento de la sostenibilidad y el decrecimiento ha de actuar con la máxima diligencia”.
La Comissió Ciutat-Port convoca una manifestación
La Comissió Ciutat-Port, de la que forman parte Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, El litoral per al poble, Juventut x el clima y València Saludable, entre otras entidades, ha convocado una manifestación el viernes 31 de mayo que saldrá a las 18.30 horas del Puente de las Flores hacia la plaza del Ayuntamiento.
“Será de nuevo una demostración de fuerza multitudinaria contra este proyecto, reforzada por la primera victoria judicial”, según afirmó este jueves la Comissió, que hace un llamamiento a otros colectivos y personas a título individual sensibles con la lucha contra la ampliación del Puerto y otras reivindicaciones.
Asimismo, ha lanzado una campaña de micromecenazgo (goteo.cc/paremport) para recaudar dinero que les permita continuar la defensa de su reivindicación en los tribunales y financiar actos como manifestaciones, charlas, exposiciones o desplazamientos a Madrid y Bruselas.
Con el lema 'Frenemos la ampliación del Puerto', la campaña requiere de una recaudación mínima de 10.725 euros y consideraría óptimo recoger 16.588 euros, y los ciudadanos pueden realizar aportaciones de la cantidad que deseen.