Sin solución a la vista para la Marina de València a tres meses de que venza la prórroga de la concesión del Puerto

Cuanto más tiempo pasa más se complica la gestión de la Marina de València cuando faltan tan solo tres meses para que finalice la concesión extraordinaria de un año que otorgó la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para que se creara un nuevo ente gestor capaz de gestionar todo el espacio de forma unitaria. Sin duda, una de las primeras patatas calientes a resolver por la nueva presidenta del organismo portuario, Mar Chao, pero también por la alcaldesa, María José Catalá.

El organismo que se encargaba del funcionamiento, el Consorcio Valencia 2007, integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), sigue enredado en una maraña jurídica desde que la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente.

La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar un proceso de liquidación que finalmente quedó paralizado hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor con el objetivo de mantener la gestión unitaria de todo el recinto. Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) prorrogó durante un año (hasta el 31 de diciembre de 2023) la cesión de la gestión de sus terrenos en favor del Consorcio.

Nueve meses después, no se ha dado ningún paso para avanzar en la creación del nuevo organismo, cuando la concesión otorgada por la APV en principio no se puede prorrogar, por lo que, salvo que en estos tres meses se saque a concurso la gestión, algo poco probable, o se cree ese nuevo ente, todo el funcionamiento de la parte de la Marina que depende del Puerto, desde las concesiones de los diferentes negocios hasta el mantenimiento, deberían volver a depender de la propia APV, sin estructura para atender este volumen de tramitaciones como ya reconoció en expresidente del Puerto, Aurelio Martínez.

El proceso electoral del pasado mes de mayo, con cambio de color político en el Ayuntamiento y en la Generalitat, unido al cambio de presidencia al frente del de la APV, donde Mar Chao acaba de sustituir a Joan Calabuig, tampoco ha ayudado a agilizar una solución que se antoja complicada y no ejecutable a corto plazo. De hecho, los gestores de la Marina por parte del Ayuntamiento siguen siendo los que nombró en su día el exalcalde de Compromís, Joan Ribó.

A todo ello se une la interinidad del Gobierno central, una figura clave en la toma de decisiones de la APV, organismo dependiente de Puertos del Estado. La falta de un ejecutivo formalmente constituido en Madrid ralentiza más cualquier solución definitiva.

Mientras tanto, el Consorcio mantiene una deuda de 24,7 millones de euros con la APV en concepto de tasas de ocupación e impuestos que han sido recurridas en los juzgados por el ente, al considerar que no cabe el cobro de las mencionadas tasas por una cuestión de interés general, al ser suelo urbano a efectos prácticos. Una cuestión que también estará sobre la mesa, como las infraestructuras valoradas en 127 millones de euros construidas sobre suelo de titularidad estatal. Se trata principalmente de los amarres, los pantalanes y la zona de conciertos de la Marina Sur o los paseos habilitados entre las bases y la lámina de agua, un patrimonio que la APV, dependiente de Puertos del Estado y por lo tanto del Gobierno, prevé reclamar en el proceso de liquidación, ahora paralizado.