La ley valenciana de cambio climático obligará a reservar suelo en los planes urbanísticos para energías limpias

La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, acompañada de Paula Tuzón, Celsa Monrós y Antonio García Díez, miembros de su equipo.

La huella de carbono de las actividades económicas tendrá que verse compensada mediante impuestos, reservas de suelo u otros proyectos que disminuyan el impacto ambiental. Bajo la máxima de la correpsonsabilidad ecológica, individual y colectiva, pública y privada, se ha presentado este martes el borrador de la ley de cambio climático.

La consellera del ramo, Mireia Mollá, ha expuesto a través de un streaming los principales puntos de la norma, que busca reducir la dependencia de combustibles fósiles en favor de energías limpias, reducir el impacto ambiental de las actividades económicas y educar en el respeto al medio ambiente. El borrador, primer paso de la norma, establece que los nuevos planes generales de urbanismo (PGOU) deberán reservar una parte del suelo para la autosuficiencia energética a base de alternativas limpias. En la rueda de prensa, Mollá ha indicado que la reserva ser hará en función de la equivalencia en consumo y dependerá de los usos del suelo para calcular la superficie reservada.

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà ha apelado a la "corresponsabilidad" de los municipios para poder incluir estas reservas en PGOU que estén en tramitación, a pesar de no estar la norma aún no está en vigor y por tanto no les afectaría. "No podemos hacer como que no pasa nada", ha advertido, "y si no incorporan la autosuficiencia en sus planes después dependerán de que haya espacio en otros lugares".

En aras de esa corresponsabilidad se irá implementando un sistema de 'fiscalidad verde'; en otras palabras, gravar mediante tasas o impuestos aquellas actividades más contaminantes. La consellera ha planteado un impuesto para vehículos matriculados a partir de 2023 que sigan generando emisiones, un impuesto para los buques más contaminantes al atracar o maniobrar en los puertos y un gravamen para concentraciones de vehículos contaminantes, como sucede en los centros comerciales.

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Publicado el
26 de mayo de 2020 - 16:19 h

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