Las explicaciones del director del banco público valenciano por la quita a favor del medio del que Puig es accionista llegan a unas Corts que esperan al president

A la espera de que el president Ximo Puig explique en las Corts Valencianes su versión sobre la polémica de la quita de 1,3 millones de euros del Institut Valencià de Finances (IVF), para comprar el Grupo Z, a Editorial Prensa Ibérica (EPI) -propietaria del periódico Mediterráneo de Castellón, medio del que el president de la Generalitat posee el 1,17% de sus acciones-, será Manuel Illueca, director del banco público valenciano, quien este martes comparezca en el Parlamento valenciano, a petición propia registrada por el PSPV, para aclarar la operación. Se trata de la única quita de estas características aprobada por la entidad financiera de la Generalitat valenciana.

Illueca, quien compareció en rueda de prensa poco después de que saltara la polémica, defendió la operación que perdonaba a EPI el 70% de los 1,9 millones que le adeudaba Zeta argumentando que la quita se llevó a cabo con “criterios profesionales”, al igual que los que aplicó la banca privada. No obstante, aclaró que esperó al decreto del pleno del Consell para contar con “todas las garantías jurídicas y no acabar en la Fiscalía”. El responsable del banco público valenciano insistió, así mismo, en que desconocía el hecho de que el jefe del Consell poseía acciones en Mediterráneo. Puig se interesó por la reestructuración de la deuda, tal y como reconoció Illueca ante los medios, aunque sostuvo que nunca le dijo “qué tenía que hacer”.

Ximo Puig, quien no ha dudado en confirmar en una entrevista a RNE que ofrecerá explicaciones sobre la operación del IVF con la deuda de Zeta -todavía no hay fecha para la tan reclamada comparecencia del president en el Parlamento autonómico al no considerarla urgente desde PSPV, Compromís y Unides Podem-, ha enmarcado toda esta controversia alrededor de la operación financiera en un intento de PP y Ciudadanos de “manchar” la imagen del Gobierno del segundo Pacto del Botánico y “tapar sus vergüenzas, que son enormes”.

El president ha afirmado que no existe conflicto de intereses ni incompatibilidad en la votación en el pleno del Consell -avalada por la Abogacía de la Generalitat- que posibilitó la quita de la deuda a Zeta, ha defendido que ha dado explicaciones ante los medios “en todo momento” y “desde el primer día”, al tiempo que ha recordado que hay “muchísimos diputados” que no explican de dónde son accionistas en sus declaraciones de bienes, al contrario que el jefe del Consell, que defiende que lo ha hecho “desde el principio”.

Ciudadanos pide una investigación

Desde Ciudadanos exigen una comisión de investigación parlamentaria para aclarar el posible conflicto de intereses de Ximo Puig por sus acciones en Mediterráneo y la quita del IVF a Zeta. “Es urgente que Puig explique a todos los valencianos si se ha beneficiado de la quita al grupo editorial y del hecho de que el mismo medio reciba importantes ingresos de publicidad institucional por parte del Consell”, ha dicho Ruth Merino, portavoz adjunta de Ciudadanos en las Corts Valencianes, quien ha recordado que llevan “semanas” intentando que el jefe del Consell “dé explicaciones”, “pero el tripartito no lo aceptó”.

También reclaman “determinar las incompatibilidades en las que el presidente pudiera haber incurrido”, así como “esclarecer y determinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de dichas incompatibilidades”.

El PP valenciano, que también solicitó la presencia de Puig en el Parlamento, amenazaba hace unos días con acudir a los tribunales si el Consell no facilita, a través de la Cámara autonómica, la documentación sobre la quita. Según apuntaban, han presentado hasta 42 solicitudes de documentación relacionadas con esta polémica.

Cobro de dividendos

Ximo Puig posee 210 acciones (el 1,17% del total) en la empresa Pecsa, editora del periódico Mediterráneo de Castellón, unas participaciones valoradas en 178.000 euros, tal y como siempre ha reconocido el president. El jefe del Consell cobró dividendos por valor de 6.400 euros en 2016, de 5.880 euros en 2017 y de 6.510 euros en 2018, unos ingresos recogidos en la declaración de bienes del jefe del Consell. En el pasado ejercicio, la sociedad propietaria de Mediterráneo de Castelló ganó 750.000 euros. El periódico ingresó 4,5 millones de euros en publicidad en 2018, de los que el 8% procedió de Presidencia de la Generalitat por medio de publicidad institucional.

Puig mantiene que todo el dinero de la indemnización como trabajador en los años 80 del siglo pasado lo invirtió en la compra de las acciones de Pecsa.