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Lo que resulta insoportable a las derechas españolas

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Los españoles hemos sido convocados a unas elecciones legislativas o generales en cuatro ocasiones entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019. Tras las elecciones de 2015 no se alcanzó la investidura de un candidato como Presidente del Gobierno y hubo disolución automática y una nueva convocatoria, que se celebró en julio de 2016. Mariano Rajoy sería investido Presidente gracias a la abstención del PSOE, sin la cual la mayoría parlamentaria hubiera sido contraria a su investidura. 

En 2015/2016 Rajoy había dilapidado el capital político, 186 escaños, de las elecciones de 2011. El PP continuaba siendo el primer partido del país, pero "la derecha" española que el PP desde las elecciones de 1993 representaba prácticamente en régimen de monopolio, había dejado de ser mayoritaria en el Congreso de los Diputados. Por eso fue posible el éxito de la moción de censura "constructiva" presentada por Pedro Sánchez en 2018, que exige la aprobación por mayoría absoluta (art. 113 CE).

Pedro Sánchez se vería obligado a disolver las Cortes Generales en 2019 ante la imposibilidad de conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y convocaría elecciones generales en abril de 2019. En estas elecciones el PSOE pasaría a ser el primer partido del país, aunque con 123 escaños. Pero, a diferencia de lo que le ocurrió a Mariano Rajoy en 2016, Pedro Sánchez si tenía la posibilidad de articular una mayoría parlamentaria sin la necesidad de la abstención del PP, que le permitiera no solo alcanzar la investidura, sino que le protegiera, además, frente a una posible moción de censura. 

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¿Prevaricación administrativa o ignorancia judicial?

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Concentración feminista en Vallecas (Madrid) el 8M de 2020 / Alejandro Navarro.

El derecho de manifestación es uno de los derechos fundamentales reconocido en la Constitución y, como todos los demás, es un derecho cuyo ejercicio no necesita autorización de ningún tipo. Cuando el derecho de manifestación se ejerce en lugar de tránsito público, su convocatoria tiene que ser puesta en conocimiento de la autoridad gubernativa, que no la autorizará, en ningún caso, pero que sí puede prohibirla o proponer que se lleve a cabo en un formato distinto del que ha sido programado por los promotores. Insisto en la no autorización.

En el caso de prohibición o de recomendación de un formato distinto, la autoridad competente tiene que "motivar" su decisión, es decir, tiene que justificar con base en qué interpretación de la Constitución y de la Ley Orgánica reguladora del derecho considera que no es conveniente que la misma tenga lugar o que tenga lugar de forma distinta a como ha sido propuesta por los convocantes: recorrido distinto, horario distinto... Únicamente cuando se deniega la celebración de la manifestación o se recomienda una forma alternativa de ejercicio, hay un "acto administrativo" por parte de la autoridad competente, con la motivación correspondiente del mismo.

Dicho acto administrativo es recurrible ante la autoridad judicial, que será la que tendrá la última palabra. En materia de derechos fundamentales la autoridad administrativa no decide NUNCA. O deciden los ciudadanos que ejercen los derechos que la Constitución les reconoce o deciden los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, en el supuesto de que exista un desacuerdo entre la interpretación que hacen del derecho fundamental el ciudadano que lo ejerce y la autoridad administrativa que lo impide o condiciona en aquellos derechos cuyo ejercicio es susceptible de ser impedido o condicionado, como ocurre con el derecho de manifestación.

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Manifestación de impotencia

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Manifestación de Vox en Madrid.

En la trayectoria de la derecha española desde la entrada en vigor de la Constitución la manifestación que culminó con la foto de Casado, Rivera y Abascal en la Plaza de Colón ocupa, sin duda alguna, un lugar destacado. Convocada, por si el lector no lo recuerda, para el día previo a la apertura en la Sala Segunda del Tribunal Supremo del juicio del procés, con la finalidad no disimulada de hacer una demostración de fuerza que no pudiera pasar desapercibida para nadie y muy especialmente para los Magistrados integrantes de la Sala, el número de asistentes quedó lejos de las expectativas que se habían generado con su convocatoria. Los tres partidos de la derecha española cometieron un error de cálculo. Lo que debía haber sido "la madre de todas las manifestaciones" se convirtió en una manifestación más. La foto de los tres líderes juntos lo subrayaría todavía más. Ni con la suma de todos se alcanzó el objetivo.

Aquella manifestación fallida incrementaría el desbarajuste en que ha desembocado el estallido del PP tras el éxito de la moción de censura que condujo a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. A Albert Rivera, que había convocado inicialmente en solitario la manifestación aunque abriéndola a la participación del PP, le salió el tiro por la culata. No solamente fue modesta la participación ciudadana, sino que, además, se incorporó Vox en plan de igualdad con Ciudadanos y PP, alterando con ello cualquier estrategia de futuro que se tuviera hasta ese momento.

En aquella manifestación se anticipó lo que ha sido el resultado electoral de las derechas en las elecciones de 2019. La idea de España que preconizan las tres derechas tiene un apoyo considerable en la sociedad española, pero es minoritaria. Esa idea la impuso el general Franco tras la Guerra Civil, pero no se puede imponer en democracia. La radicalidad con la que tiene que ser expresada como consecuencia de la presencia de Vox, no la hace más minoritaria, pero sí reduce prácticamente a cero su posibilidad de expansión más allá de lo que es la derecha pura y dura. Peor todavía: aumenta el rechazo expreso de todas las demás fuerzas políticas estatales o de las distintas nacionalidades y regiones con la excepción de Navarra Suma y Foro Asturias. En la votación de investidura hubo partidos que votaron negativamente la candidatura de Pedro Sánchez, pero que están mucho más en contra de cualquier candidatura de la derecha española.

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La inseguridad es mala consejera

Diputados del Grupo Socialista, en "shock" por el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral

La inseguridad ha conducido al presidente del Gobierno a un error de cálculo y a una mala decisión. Y no me refiero a que la decisión de derogar la reforma laboral de 2012 sea mala, sino a la forma en que dicha decisión se ha alcanzado y se ha dado a conocer. Muy inseguro se tiene que haber sentido el presidente respecto a la votación sobre la prolongación del estado de alarma, para haber autorizado que se hiciera una negociación sobre una materia tan sensible y se diera a conocer el resultado de la misma de la forma en que se ha producido. Con un mínimo de seguridad en el resultado de la votación, es inimaginable que se hubiera podido cometer dicho error.

A toro pasado, el error parece incomprensible. En medio del torbellino que fue el miércoles pasado en el Congreso, ya no lo resulta tanto. El Gobierno no podía perder la votación. Esa opción no podía siquiera ser contemplada. De ahí que "amarrara en exceso" el resultado.

El error no es de menor cuantía. Pero no es lo peor. Lo peor es que la circunstancia que está en el origen de la inseguridad del Gobierno sigue estando presente y no es previsible que vaya a desaparecer en el corto plazo ni, posiblemente, en toda la legislatura, dure esta lo que dure.

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Investidura y estado de alarma

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La investidura tiene como finalidad la constitución de una mayoría parlamentaria para la ejecución del programa de Gobierno presentado al Congreso de los Diputados por el candidato a la Presidencia propuesto por el Jefe del Estado tras la celebración de las elecciones generales.

El estado de alarma tiene como finalidad hacer frente a una emergencia sobrevenida que, en un caso extremo como el que representa la emergencia generada por la COVID-19, impide la ejecución del programa de gobierno en torno a la que se constituyó la mayoría parlamentaria.

La investidura está pensada en positivo: para hacer política. De ahí que, si no se constituye una mayoría parlamentaria de investidura, se disuelva el Parlamento y se convoquen de nuevo elecciones. El estado de alarma está pensado en negativo: para remover las circunstancias que impiden hacer política.

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Política en años de pandemia

Tenemos que acostumbrarnos a pensar en años y no en meses. El lunes lo argumentaba de manera sumamente convincente Margarita del Val. El fin de la desescalada es lo que es y no lo que nos gustaría que fuera. No pone fin a nada, sino que es un paso más en la lucha contra la pandemia. De nada vale hacerse ilusiones.

Quiere decirse, pues, que las elecciones vascas y gallegas van a ser las primeras del primer año de la pandemia, pero, previsiblemente, van a ser muchas más las que se van a celebrar antes de que haya desaparecido o tengamos una vacuna contra el virus que la ha generado.

Está claro que, si no tuviéramos los conocimientos que tenemos, estarían muriendo millones de personas y continuarían muriendo hasta que el virus hubiera agotado su recorrido, como ocurrió en 1918. Pero la vida seguiría su curso sin que se cerraran las escuelas y universidades, sin que se cerraran fronteras exteriores y se impusieran fronteras internas, sin que se cerraran las fábricas ni se suspendieran las competiciones deportivas, sin que se dejaran de celebrar El Rocío o los Sanfermines .

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¿Último estado de alarma?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

¿Para qué está el estado de alarma en la Constitución si no se puede hacer uso del mismo para hacer frente a una emergencia como la generada por la COVID-19? Todo el mundo coincide en que se trata de la mayor crisis con la que ha tenido que enfrentarse no la sociedad española, sino la de todos los países del mundo en el último siglo. Todo el mundo coincide en que el distanciamiento es la medida más útil para evitar la propagación del virus y, aunque el distanciamiento no tiene por qué llegar hasta el confinamiento, en determinadas circunstancias esta última medida resulta necesaria. Cuando esto ocurre, las autoridades que tienen que ordenar el confinamiento y los ciudadanos que tienen que obedecer la orden de hacerlo deben  tener la seguridad de que lo están haciendo de una manera jurídicamente correcta las primeras y que no se están viendo indebidamente privados del ejercicio de un derecho los segundos.

En España esto únicamente puede garantizarse con la declaración del estado de alarma. Garantizarse de manera indiscutible. No hay ninguna otra norma en el ordenamiento jurídico que proporcione seguridad a la autoridad pública que tiene que ordenar el confinamiento de que puede hacerlo y que proporcione seguridad a los ciudadanos de que la orden es constitucionalmente irreprochable. Ningún jurista solvente discute que es así.

Tras lo que estamos viendo estos días en el Barrio de Salamanca de Madrid, ¿tiene alguien la menor duda de que, en caso de que se ordenara el confinamiento sin la cobertura del  estado de alarma, se denunciaría inmediatamente ante los tribunales de justicia a las autoridades que lo hubieran ordenado? Si con el estado de alarma declarado se ha podido organizar el cierre del hospital de IFEMA de la forma en que se hizo y se han producido en la calle Núñez de Balboa las concentraciones que se han producido, ¿qué no ocurriría si no hubiera sido declarado el estado de alarma? ¿Podría reaccionar el Gobierno ante una "escalada de concentraciones", como, sin duda, se producirían?

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Explicación para no juristas

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El presidente del Tribunal Constitucional Alemán, Andreas Vosskule.

La decisión del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA) de 5 de mayo sobre el Programa del Banco Central Europeo (BCE) de compra de de deuda pública de los Estados miembros en los mercados secundarios jurídicamente es absurda. Formalmente es una sentencia, pero materialmente no lo es. Y el TCFA la ha dictado como si fuera una sentencia, sabiendo perfectamente que no era una sentencia lo que estaba dictando.

Con su decisión de 5 de mayo el TCFA resuelve formalmente un recurso interpuesto contra un programa del BCE de 2015, avalado en su adecuación al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2018. Se trata, por tanto de un recurso contra un acto de un órgano de la UE, el BCE, declarado conforme con el TFUE por el TJUE.

El recurso que se resuelve el 5 de mayo se dirigía, por tanto, no solamente contra el acto del BCE, sino también contra la sentencia del TJUE. Los recurrentes entendían que el Programa de Compra de Deuda Pública del BCE está expresamente prohibido por el artículo 123 del TFUE y que, en consecuencia, el BCE se ha "extralimitado" en el ejercicio de su competencia. Al no haberlo entendido así, la sentencia del TJUE también se ha extralimitado en el ejercicio de la suya. Solicitan que el TCFA declare que exactamente eso es lo que ha ocurrido.

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En la estela de la marcha de la muerte de Donald Trump

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Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en el hospital de Ifema el 16 de abril.

"El coronavirus fue una emergencia hasta que Trump descubrió quiénes eran los que estaban muriendo". Es el título del artículo de Adam Serwer en The Atlantic. "Una vez que el impacto desproporcionado de la epidemia fue visible para la élite política y financiera, muchos empezaron a considerar el número creciente de muertes más como un inconveniente que como una emergencia nacional". De ahí la "Marcha de la Muerte de Donald Trump", que The New Republic lleva a la portada de su edición digital.

El Washington Post, por su parte, abría su edición del domingo con una información con la siguiente cabecera: "A medida que aumenta el número de muertos, Trump intenta convencer a los americanos de que es seguro avanzar hacia la vuelta a la normalidad". El presidente ha decidido cambiar la estrategia de gestión de la crisis por otra de reapertura de la nación, aunque dicha estrategia suponga que los ciudadanos tengan que aceptar "la proposición devastadora de que una constante acumulación diaria de muertes solitarias es el duro pero inevitable coste de reabrir la nación".

Este cambio de estrategia no cuenta con el aval de los expertos en hacer frente a enfermedades infecciosas, que han indicado reiteradamente que en la mayor parte de los estados que integran los Estados Unidos no se dan las condiciones para una "vuelta a la normalidad" y que el coste en vidas humanas, de no entenderlo así, puede ser muy alto.

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Las primeras elecciones de la COVID-19

El lehendakari Iñigo Urkullu, en el Parlamento Vasco.

En País Vasco y Galicia se convocaron las elecciones antes de la llegada de la COVID-19. El proceso electoral se puso en marcha y quedó suspendido tras la proclamación de las candidaturas por las Juntas Electorales Provinciales en ambas comunidades. Entiendo que el proceso electoral tiene que volver a activarse a partir de ese momento. Las elecciones, por tanto, no se convocan, sino que se vuelve a poner en marcha un proceso electoral que se convocó en su momento y que quedó suspendido por la llegada del virus. Todos los pasos que se dieron hasta la suspensión –convocatoria, constitución de las Juntas Electorales, fijación de las Secciones, constitución de las coaliciones, si las hubiere, presentación de las candidaturas y proclamación de las candidaturas– tienen que ser dados por buenos en aplicación del principio de conservación de los actos.

Esos seis pasos consumen 27 días del proceso electoral, es decir, la mitad de todo el proceso hasta la jornada electoral, que tiene lugar 54 días después de la convocatoria. Son 27 días los que hacen falta para que los ciudadanos acudan a las urnas. 27 día naturales.

Con los datos de que se dispone acerca de la evolución del virus tanto en País Vasco como en Galicia, se puede decidir de manera segura la reanudación del proceso electoral. Hay tiempo suficiente para hacer una campaña para fomentar el voto por correo, de tal manera que se reduzca el voto presencial. Hay tiempo suficiente para acondicionar los colegios electorales y para proteger específicamente a los ciudadanos que tengan que constituir las mesas electorales el día de la votación. Se dispone, además, de la experiencia de Corea del Sur, que ha sido sumamente exitosa y de cuya organización técnica se pueden copiar directamente muchas cosas.

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