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Sedición: un delito predemocrático

Carles Puigdemont, en el Europarlamento.

El delito de sedición es un delito predemocrático en el sentido de que es un delito del que apenas se hace uso en las sociedades democráticamente constituidas de manera estable. Dichas sociedades suelen disponer de unas fuerzas y cuerpos de seguridad lo suficientemente numerosos y adecuadamente preparados como para que puedan responder actuando ordinariamente ante una perturbación como la que tipifica el Código Penal como delito de sedición.

Esta es la razón por la que no hay jurisprudencia digna de mención, ni en España ni en los demás países democráticos europeos, sobre el delito de sedición. Llevamos decenios sin que se hayan producido sediciones, es decir, perturbaciones que merecieran ser calificadas jurídicamente como tales y que acabaran siendo residenciadas ante la justicia penal para que los protagonistas de tales perturbaciones fueran condenados como autores de dicho delito.

Con el delito de sedición ocurre algo parecido, aunque de manera muy diferente, a lo que ocurre con los instrumentos de protección excepcional o extraordinaria del Estado contemplados en el artículo 116 de la Constitución: estados de alarma, excepción y sitio. En nuestra historia política predemocrática se tuvo que recurrir con mucha frecuencia a estos instrumentos. Al estado de sitio durante la Restauración por la enorme debilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al estado de excepción durante el franquismo por la extensión de la represión sobre una población que residía ya en grandes ciudades con la finalidad de descabezar organizaciones democráticas y evitar movilizaciones ciudadanas. Desde la entrada en vigor de la Constitución no ha sido preciso recurrir a los mismos. Una sola vez se ha declarado el estado de alarma para hacer frente a la huelga de los controladores aéreos, para cuya conducta en esos días sí está tipificada con precisión en el ordenamiento el delito de sedición. Por la forma en que está siendo aplicado resulta evidente que no es necesario.

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La respuesta constitucional al veto parental

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Pablo Casado, conversan tras finalizar la concentración este domingo en la plaza de Colón de Madrid

El disparate que el veto parental supone tiene que ser detenido primero y anulado después. Para eso es, justamente, para lo que está el artículo 161.2 en la Constitución, que dice así: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

El artículo 161.2 CE es, por un lado, un "privilegio procesal" del que el Gobierno de la Nación puede hacer uso cuando interpone un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de una Comunidad Autónoma, pero es también, por otro, una vía autónoma mediante la cual el Gobierno puede reaccionar frente a normas o actos sin fuerza de ley, "disposiciones o resoluciones", de una Comunidad Autónoma que entiende que lesionan valores o derechos reconocidos en la Constitución. Este es el caso del veto parental.

Por tratarse de un tema que afecta de manera inmediata al ejercicio del derecho a la educación tal como está reconocido en el artículo 27 de la Constitución, así como por la lesión que puede provocar en dicho ejercicio tanto a los alumnos como a los profesores, es sumamente apropiado que la impugnación se produzca directamente ante el Tribunal Constitucional (TC). Además de la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, que impide que se puedan producir esas lesiones en el ejercicio de un derecho fundamental tan "fundamental" como éste, la interposición del recurso a través de esta vía obliga a la Comunidad Autónoma a tener que argumentar sin dilación ante el Tribunal Constitucional en qué interpretación del artículo 27 de la Constitución descansa la decisión de incorporar el veto parental a su sistema educativo al mismo tiempo que proporciona la posibilidad de solicitar del TC el levantamiento de la suspensión de la misma.

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El desconcierto de Fernando Savater

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Oriol Junqueras, en una imagen de archivo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia el pasado 19 de diciembre en la que estableció la doctrina de que el principio de legitimación democrática exige que la condición de diputado se obtenga por el voto de los ciudadanos en las urnas, debidamente certificado por la Administración electoral, y no por el juramento o promesa de la Constitución.

Como ya he publicado varios artículos en los que he puesto de manifiesto el desconcierto que dicha sentencia ha provocado en el Ministerio Fiscal y en el Tribunal Supremo (TS), y he anticipado las conclusiones que de la misma cabe desprender para el estatuto jurídico de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín, que no vieron reconocida su condición de diputados tras su proclamación como candidatos electos por la Junta Electoral Central (JEC) el 13 de junio de 2019, no voy a volver sobre ello.

Pero sí quiero referirme al desconcierto que dicha sentencia ha producido en alguien a quien jamás se me había pasado por la cabeza que la doctrina de la sentencia del TJUE pudiera desconcertar: Fernando Savater.

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Imprudencia frente a irresponsabilidad

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Carlos Lesmes.

La prudencia dicta que los miembros del Gobierno no hagan referencias, ni críticas ni laudatorias, a los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. No solamente a los que se integran en el Tribunal Supremo (TS), sino a ninguno. Tienen que darse circunstancias muy excepcionales, para que se justifique una desviación de esa regla de la prudencia. Y en el caso de que así fuera, no es un programa de televisión el lugar apropiado ni la improvisación sobre la marcha la forma de hacerlo. Es de esperar que el vicepresidente haya aprendido la lección.

Pero una cosa es la imprudencia y otra la irresponsabilidad institucional, que es en la que ha incurrido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al hacer público en los términos en que lo ha hecho el comunicado mediante el que pretende dar respuesta al comentario televisivo de Pablo Iglesias, mencionándolo expresamente en el mismo.

Es obvio que el CGPJ tiene que actuar en defensa de la independencia de cualquier juez o magistrado cuando esta se vea amenazada en el ejercicio de la función jurisdiccional. También en defensa del Tribunal Supremo. Pero en el comentario del vicepresidente en televisión no hubo ningún ataque a la independencia del Supremo. Dijo lo que dijo. Y lo que dijo no justifica la intervención del CGPJ, entre cuyas atribuciones no entra la de debatir políticamente con nadie.

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Disonancia cognitiva

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El presidente del CJPJ, Carlos Lesmes, saluda a Manuel Marchena durante su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es, en mi opinión, el problema más urgente de los muchos que se tienen que resolver en el comienzo de esta legislatura. El propio presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha alertado de que es el prestigio de la propia institución y, por extensión, del sistema de administración de justicia, lo que está en juego. Más todavía si recordamos la esperpéntica forma en que se torpedeó la renovación que ya se había pactado por parte de uno de los negociadores del pacto, el senador Ignacio Cosidó, con el Whatsapp que remitió a todos los senadores del PP, justificando la renovación en el hecho de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, iba a ser el presidente del CGPJ renovado. Tras aquel fiasco, pocas cosas deberían ser tan urgentes como renovar de una manera conforme con la Constitución un órgano que ocupa un lugar tan decisivo en la economía de nuestro sistema constitucional. No por casualidad se exige para su renovación la misma mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado que se exige para la reforma de la Constitución o para la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La renovación del CGPJ, como la de los magistrados del TC, tiene una dimensión "cuasi constituyente". A través de dichas renovaciones el constituyente nos recuerda que la "legitimidad" del sistema político exige periódicamente el recurso a las "mayorías cualificadas", que sirven de recordatorio de lo que fue el pacto constituyente originario. Por eso la mayoría coincide con la de la reforma de la Constitución, con la mayoría del "poder constituyente constituido".

A pesar de la importancia y urgencia de la renovación que el propio presidente del órgano ha subrayado, no solo no parece que haya predisposición por parte de la dirección del PP a llegar a algún tipo de acuerdo, sino que la información que se transmite a través de los medios de comunicación, sin que se haya producido ningún desmentido, es que hay una voluntad inequívoca de hacer fracasar cualquier movimiento que se produzca en esa dirección.

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La suerte no está echada

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Oriol Junqueras en una imagen de archivo

El presidente del Parlamento Europeo emitió una nota el pasado viernes por la tarde a través de la cual "hacía suya" la interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de diciembre, realizada por la Junta Electoral Central (JEC) primero y por el Tribunal Supremo (TS) después. En el sentido de considerar que, a pesar de la doctrina que dicha sentencia establecía de que se adquiere la condición de diputado con la proclamación como candidato electo sin necesidad de juramento o promesa de la Constitución, en el caso concreto de Oriol Junqueras tal doctrina no era de aplicación, porque se había dictado ya contra él sentencia firme y, por tanto, el asunto estaba cerrado. La doctrina del TJUE sería aplicable "pro futuro", pero no "pro pretérito".

Es obvio que la nota emitida por el presidente del Parlamento Europeo tuvo que serlo con base en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara y no es, por tanto, una opinión individual sino institucional. No es el presidente, sino el Parlamento Europeo el que ha dado por buena la interpretación de la JEC y el TS españoles.

Ahora bien, la decisión que hizo pública el presidente, además de poder ser revisada por el propio Parlamento Europeo, si hubiera una mayoría en el pleno del mismo que no estuviera de acuerdo con dicha decisión, es recurrible ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), órgano judicial integrado en el TJUE, que tendrá que decir la última palabra.

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El Tribunal Supremo se enroca

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Sede del Tribunal Supremo en Madrid.

De la misma manera que el Tribunal Supremo (TS) se resistió a aceptar que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín adquirieran la condición de diputados europeos y no lo ha conseguido, también se resiste a aceptar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que les reconoció dicha condición con efectos distintos para cada uno de ellos. Para Oriol Junqueras decidiendo que no tiene la condición de diputado europeo y que, en consecuencia, no tiene que dirigirse al Parlamento Europeo para que le levante la inmunidad. Para Carles Puigdemont y Toni Comín, todo apunta a que mantendrá activa la orden de detención en territorio español y se dirigirá al Parlamento Europeo solicitando que les levante la inmunidad, con la finalidad de poder detenerlos y procesarlos. El TS actúa como si la sentencia del TJUE no hubiera sido dictada o, mejor dicho, como si no hubiera dicho lo que ha dicho. Va a retrasar lo inevitable, pero no lo va a poder impedir.

En el momento actual nos encontramos ante la situación siguiente: el Parlamento Europeo ha interpretado la sentencia del TJUE en el sentido de que Puigdemont, Junqueras y Comín habían visto reconocida su condición de parlamentarios europeos desde el 13 de junio y que dicha condición se hizo efectiva el día de la sesión constitutiva del Parlamento el 2 de julio. Ha extendido las credenciales correspondientes en ese sentido y les ha enviado la comunicación de la fecha de la celebración del pleno del próximo lunes, 13 de enero. Los tres aparecen ya con sus perfiles en la página web del Parlamento y a Puigdemont y Comín se les ha ingresado ya las cantidades devengadas pero no cobradas desde el 2 de julio. 

¿Qué va a ocurrir con Oriol Junqueras? Habiendo sido elegidos los tres el mismo día y habiendo visto reconocida su condición de diputados europeos desde el mismo día por el TJUE y por el Parlamento Europeo, ¿pueden dos de ellos estar en libertad y ejercer sus funciones como parlamentarios europeos, siendo necesario el conocimiento y la autorización del Parlamento para que se les levante la inmunidad, mientras que el otro se encuentra en prisión sin que haya intervenido el Parlamento Europeo en el levantamiento de su inmunidad?

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La segunda incógnita

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Oriol Junqueras.

En varias ocasiones a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre pronostiqué en eldiario.es y en ARA que los dos acontecimientos más decisivos de la agenda política española una vez que se reanudara el "curso político" serían la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la decisión que adoptara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (TS) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

La negativa de Pedro Sánchez a formar gobierno con base en los resultados de las elecciones del 28 de abril y la decisión del TS de elevar la cuestión prejudicial al TJUE el día 1 de julio hacía que la investidura y la inmunidad de Oriol Junqueras se entrelazaran de manera inexorable.

Este martes 7 se ha despejado la primera incógnita de la manera que todos los lectores conocen. En el futuro inmediato, que, tratándose de asuntos judiciales, puede tener una duración no fácilmente previsible pero que no puede dilatarse mucho, se tendrá que despejar la segunda.

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La quiebra (¿definitiva?) del proyecto de José María Aznar y la alternativa progresista

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Los expresidentes Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González

Carles Castro arranca su ‘Relato Electoral de España’ (1977-2007) (ICPS Barcelona 2008) con las elecciones generales más anodinas de la reciente historia electoral de España. Todas las demás elecciones generales son recordadas por su singularidad. Las de 1977, porque hicieron la Constitución. Las de 1979, porque fueron las primeras constitucionales y revalidaron el liderazgo de Adolfo Suárez. Las de 1982, porque supusieron la primera alternancia en el poder y la llegada del PSOE con Felipe González a La Moncloa. Las de 1986, por el referéndum de la OTAN. Las de 1993, porque estuvo a punto de producirse el triunfo del PP. Las de 1996, porque se produjo el triunfo del PP y, con ello, la segunda alternancia en el poder. Las de 2000, por la mayoría absoluta de José María Aznar. Las de 2004, por la nueva alternancia en el poder con José Luis Rodríguez Zapatero. Las de 2008, por la resistencia en la segunda derrota del PP liderado por Mariano Rajoy. Las de 2011, por la nueva alternancia en el poder con mayoría absoluta del PP. A partir de 2015, por el desmoronamiento del sistema de partidos que había dirigido el país desde la transición. Investiduras fallidas y repetición de elecciones.

Las elecciones de 1989 no se recuerdan por nada. Han sido las más anodinas de nuestra reciente historia electoral. Y sin embargo, Carles Castro las toma como punto de partida de "su" Relato. Y lo hace, porque sostiene con mucho fundamento, que  a partir del análisis de los resultados de dichas elecciones José María Aznar inició la construcción de su proyecto de dirección política para España. Las elecciones de 1989 supusieron la "tercera" mayoría absoluta consecutiva del PSOE. Los 176 escaños iniciales se quedaron reducidos a 175, tras la anulación primero y repetición después de las elecciones en Melilla, pero eso es irrelevante. 175 escaños, frente a los 105 del PP.

José María Aznar interpretó correctamente que había sido una "falsa mayoría absoluta", alcanzada por la presencia del CDS, el partido fundado por Adolfo Suárez, tras su defenestración de UCD. El porcentaje de voto del CDS en 1989 le "regaló" al PSOE alrededor de 20 escaños. La derecha tenía que corregir esa "anomalía", si quería tener un proyecto de dirección del país. No tenía que preocuparse de la extrema derecha, ya que el PP se había construido a partir de un partido de extrema derecha, AP, fundado para proyectar la herencia del franquismo en el nuevo Estado democrático. Lo decisivo era ganar el espacio del CDS. Las elecciones municipales de 1991 le proporcionarían una palanca inmejorable: el PP "regaló" a Agustín Rodríguez Sahagún la alcaldía de Madrid, iniciando una alianza entre ambos partidos que conduciría a la absorción del CDS por el PP.

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Porque me da la gana

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Mariano Rajoy junto a Pablo Casado

"Porque me da la gana", fueron las palabras con las que respondió Mariano Rajoy en televisión a un pregunta sobre el por qué de la recogida de firmas en mesas petitorias extendidas por casi toda la geografía española contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya. No había que perderse en matices. Había que "salvar a España" (¿les suena?) del riesgo de ruptura que la reforma estatutaria en Catalunya representaba. Si para eso había que recusar contra toda razón a un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) para alterar el equilibrio en el interior del órgano que tendría que resolver el recurso, si había que impedir la renovación de los magistrados que habían agotado su mandato, si había que hacer lo que hiciera falta, se hacía. 

La estrategia del PP tuvo éxito. El TC acabó aceptando convertirse en subcontratista de su política territorial y la comunidad autónoma de Catalunya se vio sometida a la humillación de haber sido el único territorio al que se le ha impuesto un Estatuto de Autonomía contrario al que había pactado su Parlament con las Cortes Generales y había sido ratificado en referéndum con casi el 80 % del voto ciudadano. En 2011, cuando no había transcurrido un año de la STC 31/2010 del mes de junio, el PP obtendría una mayoría aplastante en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011 y a finales de año alcanzaría una no menos aplastante mayoría absoluta en las elecciones generales. La estrategia anticatalana sin matices parecía ser rentable. La estrategia de la "humillación" parecía dar sus frutos. 

En apenas cinco años los límites de la estrategia se han hecho visibles. Con base en la "humillación" no se puede gobernar en democracia. Se pudo gobernar, como lo hizo Franco. Pero no en democracia. Y los datos están ahí. El PP ha casi desaparecido electoralmente en Catalunya y, de rebote, en el País Vasco y con su discurso "españolista" extremo ha despertado al monstruo de la extrema derecha que tenía bajo su control, debilitándose con ello como partido de gobierno de España. Ha contribuido al mismo tiempo a que la derecha autonomista catalana se haya desplazado hacia la independencia y a que el conjunto de los partidos nacionalistas catalanes y vascos hayan acabado teniendo la mayor representación en el Congreso de los Diputados desde la entrada en vigor de la Constitución. Constitución que, por lo demás, de ser antes de 2010 aceptada de manera muy ampliamente mayoritaria en Catalunya y País Vasco, ha dejado de serlo. En eso se ha convertido para el PP el éxito combinado de la STC 31/2010 y de las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2010. Es lo que tiene jugar a aprendiz de brujo.

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