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La acusación de rebelión como coartada

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Protestas en el Aeropuerto de El Prat.

La acusación por rebelión ha dominado el desarrollo del juicio del "caso procés" desde la querella inicial activada por el Fiscal General, José Manuel Maza, inmediatamente después de que, mediante la aplicación del artículo 155 CE, quedaran privados del fuero jurisdiccional los miembros del Govern. El Fiscal aprovechó la ocasión para activar una querella contra el expresident y varios ex consellers por delito de rebelión ante la Audiencia Nacional. Esa calificación no ha dejado de estar presente ni un solo momento desde entonces hasta el momento de hacer pública la sentencia.

En la gravedad de la acusación ha descansado la adopción de las medidas cautelares que se han ido adoptando a lo largo del proceso. Desde la prisión provisional sin fianza a la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión en el ejercicio de la condición de cargo público para persona contra la que exista un auto firme de procesamiento por el delito de rebelión y que se encuentre en prisión provisional. 

La rebelión lo ha dominado todo, a pesar de que, desde un primer momento, fueron numerosas y acreditadas las voces que se alzaron contra la calificación de la conducta de los acusados como constitutiva de tal delito. Nadie que no fueran los Fiscales o los Magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo había visto en la conducta de los acusados la violencia constitutiva del tipo penal de la rebelión. Y nadie la había visto, porque no existía. 

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Una fiesta nacional injustificable

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La Familia Real y Pedro Sánchez, durante el desfile militar del 12 de octubre.

Para que el 12 de octubre pudiera ser celebrado como fiesta nacional sería indispensable que dicha celebración pudiera ser compartida por los países hispanoamericanos. El 12 de octubre es una fecha compartida por España y por dichos países hispanoamericanos. No solamente por ellos, porque se trata de una fecha que tuvo un impacto en todo el mundo, que supuso una línea divisoria en la historia de la humanidad. Pero el contacto directo se produjo entre España y los países que pasarían a formar parte de su imperio. Fecha compartida, pues, pero para unos como sujetos activos y para los otros como sujetos pasivos del proceso que se iniciaba tal día.

El 12 de octubre no es una fiesta propiamente nacional. Es una fiesta imperial. Es la celebración del inicio de la construcción de un imperio. Se celebra la conquista de unos territorios y el sometimiento de sus poblaciones. No es necesario alinearse con cualquiera de las diferentes expresiones de la leyenda negra para convenir en que dicho proceso de conquista y sometimiento no debe ser objeto de celebración. Las luces y las sombras se entrelazan de tal manera que no es posible encontrar una explicación del mismo que justifique que pueda ser celebrado como un acontecimiento festivo. Con el conocimiento que se tiene de la historia de esos siglos, esto parece difícilmente discutible.

Buena prueba de ello es que en los países hispanoamericanos se celebra como fiesta nacional el día de la independencia del Imperio español. Se celebra lo que podríamos considerar como el anti-12 de octubre. El momento en el que se pone fin al proceso de conquista y sometimiento que comenzó el 12 de octubre de 1492.

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La Iglesia y el Estado, asignatura pendiente

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El nuncio de la Santa Sede, Renzo Fratini, en una audiencia con el rey Juan Carlos I, ahora emérito. / EFE

Nada de lo que está ocurriendo con la exhumación del general Franco se explica sin volver al momento constituyente. La Iglesia católica consiguió ser mencionada expresamente en el artículo 16 de la Constitución y consiguió negociar con el Gobierno presidido por Adolfo Suárez unos Acuerdos a lo largo del año 78, es decir, al mismo tiempo que se estaba haciendo la Constitución. El contenido de dichos acuerdos estaba fijado antes de que la Constitución se publicara y entrara en vigor el día 29 de diciembre. Los Acuerdos, sin embargo, se publicaron el 4 de enero de 1979. Son por tanto unos Acuerdos materialmente preconstitucionales, pero formalmente posconstitucionales. La Iglesia sabía que esos Acuerdos no hubieran podido ser negociados una vez la Constitución estuviera en vigor y con un gobierno constitucional. Pero era importante que la publicación de los Acuerdos se hiciera después de la entrada en vigor de la Constitución, porque de esta manera gozaban de una presunción de constitucionalidad mucho más fuerte que la que hubieran tenido de haberse publicado antes.

Con estos Acuerdos, la Iglesia consiguió conservar parte de la situación de privilegio de la que había gozado durante el Régimen del general Franco. La Iglesia española, que había sido una pieza clave en la lucha contra la democracia antes de que se iniciara la Guerra Civil, continuó siendo una pieza todavía más importante durante la Guerra Civil y las décadas posteriores. Entendió perfectamente que no podría mantener íntegramente la situación de privilegio que había venido disfrutando desde 1936, pero sí supo maniobrar para intentar conservar lo más posible.

Y lo ha conseguido. No hay ningún país europeo en el que la Iglesia Católica, o cualquier otra, ocupe una posición similar a la que tiene en España. Y en el que la contribución de la Iglesia resulte tan decisiva para la movilización política frente a cualquier proyecto progresista. En todas las manifestaciones importantes que ha convocado la derecha española en general y el Partido Popular en particular, la participación de la Iglesia ha sido decisiva. Lo ha sido en las convocatorias en materia de enseñanza, en defensa de la religión como asignatura obligatoria y en contra de la ley de Educación para la Ciudadanía, contra la ley del aborto, contra el matrimonio de personas del mismo sexo e incluso contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

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Fraude consumado

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Oriol Junqueras.

Como cabía suponer, el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado en el día de hoy la solicitud de esperar la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la cuestión prejudicial que él mismo había planteado, con el argumento de que la cuestión había sido planteada respecto de un incidente que no afectaba al fondo del asunto que el TS tenía que resolver. 

No cabe duda de que es así sustantivamente, pero no está claro que lo sea desde un punto de vista procesal. Por eso se planteó la cuestión.

No cabe duda de que el TS no tiene que elevar ninguna cuestión al TJUE acerca de si la conducta de Oriol Junqueras durante los meses de septiembre y octubre de 2017 era constitutiva o no del delito de rebelión o de cualquiera de los otros por los que ha sido acusado y estaba siendo juzgado. Sobre ese asunto el TS no tiene nada que preguntar, ni el TJUE nada que decir. Desde un punto de vista sustantivo, repito, la cuestión no admite duda.

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El encanallamiento de la política

La líder y portavoz grupo parlamentario de Ciudadanos, Lorena Roldán, durante su intervención en el debate de la moción de censura impulsada por Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. EFE / Quique Garcia

La moción de censura es un instrumento constitucional de larga tradición en las democracias parlamentarias, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas presidenciales, en que únicamente a través del impeachment se puede conseguir la destitución del responsable del poder ejecutivo. El primer ministro parlamentario puede ser destituido sin necesidad de ser acusado de haber cometido un delito. La moción de censura es de naturaleza exclusivamente política.

Ahora bien, el que sea de naturaleza política no quiere decir que se pueda hacer uso de ella de cualquier manera. O mejor dicho, se puede hacer uso siempre que se disponga del número de parlamentarios que la Constitución o el Estatuto de Autonomía exige para su formalización. Pero eso no quiere decir que toda moción de censura formalizada de esta manera sea digna de ser calificada como tal. Hay mociones de censura que respetan la letra de la Constitución, pero no su espíritu. La que ha presentado Ciudadanos contra el president de la Generalitat es un caso insuperable.

Ciudadanos tiene un problema con la moción de censura. No entendió la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. La consideró una forma ilegítima de llegar a la presidencia del Gobierno, que "birló" a Albert Rivera la oportunidad de hacerlo mediante la celebración de elecciones.

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Los límites de la democracia directa: el caso del Brexit

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El ex primer ministro Gordon Brown.

En la mayor parte de los derechos fundamentales se produce la coincidencia en la titularidad y el ejercicio. El ciudadano titular del derecho suele ser el que lo ejerce de manera directa. En el derecho de participación política no es así. Como dice el artículo 23 de la Constitución, dicho derecho puede ejercerse "directamente o a través de representantes". En el derecho de participación puede producirse la coincidencia, pero puede no producirse y lo usual es que no se produzca, que el derecho se ejerza a través de representantes. La democracia representativa se ha convertido en la norma, la democracia directa en la excepción.

Las razones de que así haya sido son conocidas y no es necesario detenerse en ellas. Sí interesa, sin embargo, subrayar que la democracia representativa no es solamente la forma usual de ejercer el derecho de participación, sino que es también el presupuesto para el ejercicio del mismo a través de las instituciones de democracia directa. Ante cualquier problema complejo no cabe una respuesta a través de la democracia directa exclusivamente. La participación en un referéndum que no viene precedida por la elaboración de la cuestión sometida al mismo por las instituciones representativas convierte el voto ciudadano en una apuesta más que en una decisión racional.

No hay mejor ejemplo que el referéndum del Brexit. Es difícil imaginar una cuestión más compleja y con más trascendencia que la que se sometió a referéndum de los ciudadanos británicos en 2016. Se convocó con una frivolidad extraordinaria, como si no fuera preciso haber cribado previamente de forma ordenada la ingente información que tenía que ser proporcionada a los ciudadanos para que pudieran emitir su voto con un mínimo de solvencia.

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¿Qué ha podido querer decir Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

No cabe duda de que el intento nacionalista de constituir Catalunya como un Estado independiente se saldó con un fracaso. Los propios partidos nacionalistas lo reconocieron participando en las elecciones autonómicas catalanas el 20 de diciembre de 2017 convocadas no por el president de la Generalitat, sino por el presidente del Gobierno de España. Han participado después en las elecciones generales del 28 de abril así como en las municipales y europeas del 26 de mayo de 2019, todas ellas celebradas simultáneamente en todos los territorios integrados en el Estado español.

¿Qué ha podido querer decir Pedro Sánchez al urgir al nacionalismo catalán a que "reconozca su fracaso"? ¿No considera suficiente reconocimiento no solamente esta participación electoral, sino la participación en la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente del Gobierno? ¿Se ha olvidado Pedro Sánchez de que sin el nacionalismo catalán no hubiera sido presidente? ¿Y que dicha participación se produjo tras la aplicación del artículo 155 y con los dirigentes nacionalistas en el exilio o en prisión?¿Está exigiéndoles que dejen de ser nacionalistas?

La convivencia del nacionalismo español con cualquier otro nacionalismo en general, pero sobre todo, con el nacionalismo catalán en particular no ha sido fácil. Esa difícil convivencia ha marcado la historia constitucional de España. Desde 1812 hasta 1931 el nacionalismo español es el único que ha tenido reconocimiento constitucional. Vinculado siempre a la monarquía y subordinado durante la mayor parte del periodo al principio monárquico-constitucional como fuente de legitimidad del sistema político, que no fue, justamente por ello, un Estado constitucional, sino una monarquía constitucional. De ahí que las constituciones españolas desde la de 1812 en adelante se promulgaran como "Constitución de la Monarquía Española". No del Estado o de la Nación, sino de la monarquía. Solo nacionalismo español, pero un nacionalismo debilitado, subordinado a la institución monárquica.

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El fracaso de la Constitución

Imagen de los padres de la Constitución española.

Cuando el 5 de mayo de 1978 se inició el debate propiamente constituyente en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, se dedicó la sesión a una valoración general del Proyecto de Constitución publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 17 de abril. No se discutió sobre ningún artículo, sino sobre "la" Constitución, sobre lo que representaba para la España democrática que se pretendía constituir.

En dicha sesión participaron  no los portavoces de los grupos parlamentarios, con la excepción de Herrero de Miñón y Manuel Fraga, sino que lo hicieron  los presidentes o secretarios generales de los diferentes partidos políticos.  No intervinieron Peces Barba o Solé Tura o Raúl Morodo o Roca, sino Felipe González, Santiago Carrillo, Tierno Galván o Jordi Pujol. Fraga ocupaba ambos puestos. No era el grupo parlamentario, sino el partido político el que se posicionaba.

Todos coincidieron en que la Constitución de 1978 sería juzgada en el futuro por la capacidad que tuviera para dar respuesta al problema de la estructura del Estado. Todos los problemas constitucionales eran importantes, pero del éxito de la operación de sustituir el Estado unitario y centralista por otro políticamente descentralizado dependería el juicio final. El Estado unitario y centralista no podía ser la forma de Estado de la democracia española. En la compatibilidad del principio de unidad política del Estado con el ejercicio del derecho a la autonomía de las "nacionalidades y regiones" estaría el secreto del éxito o fracaso de la Constitución. En esto hubo unanimidad. 

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Segundo aniversario

Manfiestaciones en el segundo aniversario del 1-O

Hace dos años que en Catalunya tuvo lugar un ejercicio excepcional del derecho de manifestación con el formato de un referéndum. El 1 de octubre de 2017 no se celebró un referéndum en términos jurídicos. Eso no es discutible. Pero políticamente, algo más de dos millones de ciudadanos, contra viento y marea, acudieron a unos lugares que suelen ser considerados colegios electorales en todo tipo de consultas y depositaron sus votos en lo que se suelen considerar generalmente como urnas. 

No hubo referéndum porque no hubo ejercicio del derecho de sufragio. No se cumplieron ninguno de los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para que el hecho material de depositar una papeleta en una urna se considere ejercicio del derecho de sufragio. Sí hubo, por el contrario, un ejercicio del derecho de manifestación con una participación extraordinaria. Y con la especificidad de que los ciudadanos acudían a dicha manifestación para depositar una papeleta en una urna, como si de un referéndum se tratara.

Jurídicamente no hubo un referéndum, pero políticamente sí hubo un simulacro de referéndum. Para el ordenamiento jurídico catalán y español el 1 de octubre careció de cualquier relevancia. No supuso la más mínima modificación del derecho vigente. Y sin embargo, políticamente, nada ha sido igual desde aquél día ni en el sistema político español ni en el subsistema político catalán.

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Sentencia y cuestión prejudicial

Oriol Junqueras, junto a Joquim Forn y Raúl Romeva.

Se sigue dando por supuesto que el Tribunal Supremo (TS) va a hacer pública la sentencia sobre el "caso procés" en los próximos días sin esperar la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la cuestión prejudicial que elevó el 1 de julio. Antes tendrá que resolver el recurso interpuesto por la defensa de Oriol Junqueras solicitando que no dicte sentencia hasta que se tenga la respuesta del TJUE.

Los Fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, en su Informe a la Sala sobre la solicitud del abogado de Oriol Junqueras, han calificado la solicitud de "ilógica y absurda", reafirmándose en su posición inicial de que la cuestión prejudicial no debería haberse siquiera planteado. Es obvio que no se les puede formular reproche de incoherencia. Siempre han estado en contra de que el TS elevara cuestión de ningún tipo al TJUE.

Pero el TS la elevó. Podía no haberlo hecho. Oriol Junqueras tenía derecho a a solicitar que el TS la planteara, pero no tenía derecho a que el TS atendiera su solicitud. La decisión del TS de elevarla o no es discrecional. No vulnera derecho alguno del ciudadano que lo solicita, si no la eleva.

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