Los debates

En el mitin de inicio de la campaña del domingo 9 de julio en Sevilla Yolanda Díaz dedicó un minuto, tal vez un minuto y medio, al debate que iba a tener lugar el lunes 10 en Antena 3 entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Va a ser, dijo, un duelo de zascas entre dos varones, en el que no se va a abordar ninguno de los problemas con los que tiene que enfrentarse la sociedad española. La España de 2023 es mucho más compleja de lo que estos dos varones pueden representar y, en consecuencia, en lugar de un debate, va a ser una riña, probablemente barriobajera.

Es obvio que no se equivocó. Lo que protagonizaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se parece a un debate electoral lo que un huevo a una castaña. El único recuerdo que quedará de él será la batería de mentiras del candidato popular, que consiguieron desconcertar al presidente del Gobierno, pero que no por ello, dejaban de ser mentiras susceptibles de ser acreditadas y que, en cuanto lo fueran, podrían volverse contra él. Ya se verá si es así o no. 

Después han tenido lugar dos debates en la televisión pública que sí pueden ser calificados de tales. El debate a siete de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y el debate a cuatro, que se convirtió en uno a tres por la incomparecencia del representante del PP. En ambos se confrontaron posiciones distintas y contrapuestas entre los intervinientes, respetándose en el uso de la palabra, de tal manera que el periodista que lo moderaba apenas tuvo que intervenir para llamarles la atención. 

¿Qué conclusiones cabe extraer de esta experiencia de cara al futuro? ¿Sería conveniente reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para hacer obligatoria la participación en los debates en la televisión pública? Es obvio que las televisiones privadas pueden organizar los debates que estimen oportunos. Sobre ellos nada tendría que decir la LOREG, aunque, dependiendo de como los organizaran, sí podría acabar interviniendo la Junta Electoral Central (JEC). La televisión privada también es un servicio público y tiene que mantener un mínimo de imparcialidad en la campaña electoral. Pero el margen de maniobra que tiene es amplio. En todo caso, para apreciar ese margen está la JEC

No así la televisión pública, a la que es exigible no un mínimo, sino un máximo de imparcialidad que requiere, en mi opinión, la combinación de dos criterios: el de la legitimidad democrática a secas, es decir, el del porcentaje de votos y número de escaños de los distintos partidos con representación parlamentaria y el de la gobernabilidad, es decir, qué partidos han contado en la formación del Gobierno de la Nación tras las últimas elecciones y, de acuerdo con los estudios de opinión, tienen la posibilidad de contar tras las próximas. Y qué partidos han formado parte de un Gobierno de coalición o podrían haber formado parte del mismo. Cualquier duda que pudiera surgir en la aplicación de tales criterios debería ser puesta en conocimiento de la JEC, que tendría la última palabra.

De acuerdo con lo que se acaba de exponer, en estas elecciones de 2023 se debería haber celebrado en la televisión pública dos debates con toda seguridad y posiblemente un tercero. Dos debates a siete, uno entre los portavoces de los grupos parlamentarios, y otro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de cada uno de ellos. 

El debate entre los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios debería haber sido el primero. El Congreso de los Diputados es la institución en la que se produce la síntesis política de la sociedad. Se trata de la representación institucional más completa de la complejidad de la sociedad española en su conjunto. Los portavoces han interpretado esa complejidad a lo largo de la legislatura anterior y, en consecuencia, nadie mejor que ellos para, a partir de esa experiencia, informar a los ciudadanos de lo que se propone para esta nueva legislatura. 

El debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, también a siete, resulta imprescindible teniendo en cuenta lo que ha sido la composición del Congreso de los Diputados desde las elecciones de diciembre de 2015. Dicha composición es la que posibilitó el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la abstención del PSOE, pero también la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. En este terreno nos hemos movido desde entonces. Todos los partidos que han contado o que podrían haber contado en un Gobierno alternativo deberían estar presentes. En este sentido, la exigencia del PP del debate a siete en lugar de a cuatro, si no fuera por su falta de credibilidad por su aversión a los debates, era razonable. Si el PP hubiera planteado desde el principio dos debates a siete en la televisión pública, es más que probable que es lo que hubiera ocurrido.

El debate a cuatro, complementario de los dos anteriores, tenía mucho sentido en este 2023. Una cosa es contar en la formación del Gobierno, en donde no se puede prescindir de los partidos nacionalistas vascos y catalanes y otra distinta formar parte de un Gobierno de coalición, que solamente está al alcance de los cuatro partidos de ámbito estatal. Un debate entre los candidatos de esos cuatro partidos es algo que los ciudadanos españoles están esperando con sumo interés y, en consecuencia, tiene sentido que se realice. 

La participación en los debates no sería opcional, sino obligatoria. Por eso tendría que incluirse mediante reforma en la LOREG, que, en mi opinión, debería hacerse en el primer año de esta próxima legislatura, cuando no haya urgencias electorales que dificulten llegar a un acuerdo. 

En todo caso, debería evitarse lo que ha ocurrido este 2023. La audiencia de los debates ha puesto de manifiesto que los ciudadanos españoles, a pesar de todos los pesares, se toman muy en serio la política. Son las direcciones de los partidos las que tienen que tomarse muy serio las preocupaciones del cuerpo electoral. Para ello, existe una televisión pública y una Junta Electoral Central, a través de las cuales se puede dar una respuesta adecuada a tales preocupaciones.