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Elpidio Silva, un juicio inviable

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Importantes sectores mediáticos están dedicando buena parte de sus energías no solo a analizar el proceso contra el juez Elpidio Silva, sino también a criticarle duramente por su actitud durante el mismo. Con ello, seguramente se están perdiendo de vista dos temas fundamentales. Primero, que con independencia de que sea un juez el enjuiciado, éste tiene derecho a defenderse en la mejor forma que pueda. Segundo, que el juicio, nos parezca o no un espectáculo, nunca debió celebrarse en las condiciones actuales.

Toda persona, incluso los magistrados que son acusados de prevaricar, tiene derecho a defenderse, a evitar su condena y a evitar, incluso, su propio juicio. Desde esa perspectiva, es evidente que el juez Silva -como cualquier otro acusado- tiene derecho a intentar evitar el juicio. Sobre todo, si no se brindan las condiciones para que éste se celebre con las garantías reales del debido proceso.

La vía que en su momento intentó Silva para retrasar el juicio no fue otra que la nulidad de las actuaciones practicadas por aquel tribunal cuya recusación fue admitida. Como ya expliqué en otro artículo, era lógico y natural que la misma se decretase. De hecho, esto hubiera impedido la celebración del juicio antes de las elecciones europeas a las que Silva concurre como candidato.

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La separación de poderes y el bien común

No es objeto de este artículo relatar las innumerables teorías que sobre la separación de poderes se han creado y desarrollado a través de la historia del pensamiento (Aristóteles, Platón, Rousseau, Locke, Weber y muchos más). Lo que se pretende es resaltar cómo se encuentra este principio en la actualidad partiendo de una tipología de Estado fundamentada en la clásica distinción totalitario-democrático y su relación con el bien común.

Es sabido por todos que el legislativo, el ejecutivo y el judicial representan los tres grandes poderes en los que se asienta el Estado. Pero no nos equivoquemos: desde una perspectiva meramente divisoria, esta separación existe tanto en los Estados totalitarios como en los Estados democráticos.

Lo importante no es el nominalismo, sino el ámbito competencial de cada poder y las interrelaciones entre los mismos. Esta es la única manera de analizar si realmente se desenvuelven en un verdadero espacio democrático o si, por el contrario, es una mera catalogación con apariencia democrática.

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Una ruptura constituyente desde la periferia

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Cuenta Josep Pla que en junio de 1931 el comunista catalán Joaquín Maurín había pronunciado una conferencia en el Ateneo de Madrid. A juicio del periodista, el dirigente del POUM cosechó un triunfo indiscutible desde el punto de vista de los aplausos y vítores recibidos. Se manifestó a favor de aniquilar el ejército, la Iglesia, acabar con los terratenientes e incluso pulverizar la sacrosanta propiedad privada. Cada secuencia del discurso en la que el joven poumista añadía más soflamas de devastación, mayores eran las ovaciones y muestras de aprobación de los ateneístas republicanos. Pero llegó un momento en que el público enmudeció y dejó de aplaudir. ¿Qué había sucedido? Maurín se había proclamado abiertamente separatista y partidario de la destrucción de la unidad de España.

Algo parecido pasa hoy en muchos rincones de la península. Para no poca gente de izquierdas fuera de Cataluña, el creciente soberanismo que alberga esa comunidad provoca iguales reacciones de frialdad, desconcierto e incluso irritación que hace 80 años. De hecho, es posible que entre los propios lectores que han seguido pacientemente el debate promovido por este blog haya quienes, una vez llegados a este punto, comiencen a bostezar o a torcer el gesto de complicidad para dar paso a un abierto recelo. El desafío catalán, bajo su mirada, no sería más que una maniobra pérfida de la oligarquía para dividir las filas de la izquierda y recuperar posiciones perdidas tras el estallido de la crisis económica. A pesar de su reduccionismo, esa percepción funcionalista no está exenta de verdad. Las élites catalanas han tratado a menudo de manejar las reivindicaciones identitarias para esconder sus miserias o para esfumar responsabilidades en la gestión de episodios de crisis. No por casualidad, el “pujolismo” logró 30 años de victorias electorales gracias a su capacidad para encarnarse en la “voluntad del pueblo” e identificar sus intereses con los de la comunidad en su conjunto.

Con todo, nada de lo que acontece hoy en Cataluña es de su agrado o está bajo su dominio. Más bien sucede lo contrario. El mapa político catalán, hegemónico desde la transición, se tambalea de forma aparentemente irremediable. No solo por el ascenso electoral de fuerzas políticas, como ERC e IC-EUiA, que rechazan los consensos del régimen. También porque la actual ola de movilización popular que está marcando el ritmo de la agenda soberanista es de signo claramente rupturista. Gravita en unas coordenadas destituyentes muy lejanas a la órbita ideológica de CIU, un “partido de orden” que ha sido una pieza clave para sostener el régimen monárquico y bipartidista. La apertura de nuevas arenas políticas alternativas como las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) o el Procés Constituyente e incluso la Asamblea Nacional Catalana son un buen ejemplo del realineamiento del soberanismo a posiciones de izquierdas. Entre la gente de clases bajas y de izquierdas es donde, de hecho, más crecen los partidarios de la consulta y del estado propio. Eso es lo que revelan las encuestas, tal como nos lo cuentan Roger Pala y Sergi Picazo en este mismo periódico.

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Elpidio Silva: más que un juicio, la guillotina

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En el tiempo récord de nueve meses, desde que el fiscal Moix interpusiese querella en contra del juez Elpidio Silva, se ha dado comienzo a un juicio oral que tiene como pretensión su condena por presunto delito continuado de prevaricación, otro delito continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual. Las penas que se solicitan van desde la multa de 24 meses a cuota diaria de 15 euros hasta la inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta 20 años, así como una indemnización de 50.000 euros para Gerardo Díaz Ferrán.

Para cualquier conocedor de la realidad judicial, la sustanciación de este procedimiento en contra del juez Silva en un espacio de nueve meses no deja de ser sorprendente. Refleja un desorbitado deseo de pasarle la factura por haber dirigido procedimiento y enviado a la cárcel a Miguel Blesa. La celeridad no es una de las características del procedimiento penal español, pero sí lo ha sido en el que se ha seguido en contra de Elpidio Silva.

Iniciado el juicio oral, muchas son las críticas que se han alzado en contra suya y de su defensa por los planteamientos e incidencias procesales suscitadas; algunos, incluso, han llegado a calificarla de "rupturista" y propia de "acusados de terrorismo o de delincuentes recalcitrantes". Estas críticas solo reflejan una cosa: no se comprende la intensidad y amplitud del derecho de defensa y, mucho menos, que un juez tenga derecho a defenderse.

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Infiltrados, razón de Estado y democracia

No existe partido político, sindicato ni movimiento social relevante, estudiantil, étnico, cultural, de género o ecologista que no sea objeto de infiltración por parte de los servicios de inteligencia y agencias de seguridad nacional. La razón de Estado ha sido el argumento para llevar a cabo esta función de gobernabilidad centrada en prever, controlar o cambiar el rumbo de acontecimientos políticos, económicos y sociales acorde a sus necesidades. Los ejemplos se multiplican en la historia y sorprenden por su trama y objetivos. Desde magnicidios, golpes de Estado, campañas electorales, atentados o secuestros, hasta financiar movimientos religiosos, grupos disidentes, partidos y operativos para  descalificar o aupar dirigentes. Sin olvidar su participación en huelgas, actos públicos y manifestaciones. Nada parece interferir en su agenda cuando se trata de encauzar la realidad política en una dirección considerada prioritaria por la agenda del establishment.

No hace mucho, en Madrid, un periodista filmaba la siguiente escena. Al concluir la marcha de protesta del 25-S, un manifestante encapuchado sería objeto de agresión por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales (GEO). Para evitar la paliza,  gritaba: "¡¡¡ a mí no que soy compañero, coño!!!". Aun así, hasta que no fue identificado, siguió siendo objeto de puñetazos y patadas. Otro policía sentenció: "calmaos, coño". Poco más que agregar.

¿Qué hacía un policía infiltrado arengando a los manifestantes al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los GEO? La respuesta no está muy lejos. Provocar, generar confusión y justificar la represión policial bajo el argumento de "actuar en legítima defensa". Su objetivo, deslegitimar las protestas sociales democráticas y justificar el cambio en la ley de seguridad ciudadana, que regula el derecho de manifestación, criminalizando y responsabilizando de los subsiguientes posibles atentados contra las fuerzas de seguridad del Estado y la propiedad privada acaecidos durante la convocatoria a sus organizadores. En esta línea ha insistido el Partido Popular desde su llegada al gobierno. Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, declaraba que la "actual ley es muy permisiva y amplia... y habría que modificarla". Tanto el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como sus asesores se hacen eco de ello y redactan la nueva ley que, entre sus 55 artículos, prohíbe manifestarse ante el Congreso, el Senado y las sedes parlamentarias,  aumenta la cuantía de las multas y, desde luego, justifica la violencia policial. La última ocasión, con motivo de las marchas de la dignidad del 22 de marzo.

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La contrarreforma del poder judicial: el Tribunal Supremo nos gana la partida

Hace unos días el ministro Ruiz-Gallardón presentaba su anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En ese momento solo mereció la atención de los medios la propuesta del ministro de aforar a la reina y a los príncipes, y de desaforar a los parlamentarios autonómicos. Poco o nada se dijo sobre el verdadero alcance de una reforma que somete todavía más el poder judicial al poder político y que refuerza al ya de por sí poderoso Tribunal Supremo. Se trata pues de un anteproyecto en la línea de las contrarreformas que se están llevando a cabo en el ámbito de las instituciones y de las libertades en nuestro país.

El largo anteproyecto toca todos los ámbitos de la justicia: los juzgados de instancia, las competencias de los tribunales superiores de justicia, el procedimiento… Resulta especialmente preocupante el poder que el texto de Ruiz-Gallardón reserva al Tribunal Supremo, órgano que comparte presidente con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que siempre se ha destacado por su conservadurismo y por oponerse a avances en derechos y libertades. El Tribunal Supremo recupera el poder que había perdido cuando, hace unos treinta años, se creó el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, norma suprema del ordenamiento. En este contexto, debemos preguntarnos qué función política juega el Supremo en la estrategia neoautoritaria actual y qué función política jugó en el pasado.

Desde el siglo XIX y hasta 1981, con la excepción de la Segunda República, este órgano había sido la última instancia judicial en España. La falta de Código civil y de constitución real hizo que fuese un órgano no solo de aplicación, sino también de creación del derecho. Los jueces, además, provenían de familias conservadoras, especialmente de Castilla, Andalucía y Extremadura. Por otro lado, el sistema de selección y formación de los jueces garantizaba la reproducción de las viejas y conservadoras formas de entender el derecho. Al joven aspirante a juez se le pide solamente capacidad memorística. El resto lo transmiten los viejos jueces mediante un sistema de tutorías en las que poco a poco se va modelando la mente del joven juez.

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Sobre el voto en blanco en España: fundamento y efectos

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En una entrega anterior abordaba la cuestión de qué hacer con el voto en blanco por referencia a su regulación en Colombia y los resultados de sus recientes elecciones legislativas. En este artículo pretendo replantear el problema haciendo referencia al caso español, como se solicitaba en algunos de los comentarios hechos a aquella entrega. Para ello me referiré en primer lugar a la cuestión del mérito, es decir, si una opción puramente negativa como la del voto en blanco merece ser representada en democracia, para ver después qué efectos puede tener un aumento del voto en blanco en el sistema electoral español.

Si en otros momentos históricos el voto en blanco se ha podido identificar con el voto de la indiferencia hacia la política o de la equidistancia frente a las fuerzas políticas, hoy cada vez parece más aceptado que es el voto del disenso, de la protesta frente al sistema político existente. No es un voto "pasota", sino comprometido, pero sin proyecto o, al menos, sin un proyecto público que se someta a discusión. El voto en blanco renuncia a producir gobierno, a “conquistar el poder”. Su único objetivo expreso es deslegitimar lo existente. Esta pura negatividad que está detrás de la lógica del voto en blanco hace que, si bien su radicalidad resulte idealmente coherente con la democracia a secas, sea absolutamente incompatible con su forma actual de democracia representativa o de élites.

Si concebimos la democracia no como un estado, sino como un proceso de democratización paulatina tanto de las instituciones como de las propias estructuras económicas y sociales, entonces la deslegitimación social de lo existente es un paso necesario de todo avance democrático. En este orden de ideas, aunque el voto en blanco es incapaz de producir gobierno, sí podría influir en el estado de opinión favorable al cambio, pero con el peligro de que no le dota de ninguna dirección precisa. Ello puede resultar funcional a los intentos contemporáneos de configuración teórica y política del rechazo mediante movimientos sociales que expresamente renuncian a la “conquista del poder” como medio de transformación, para situarse fuera de los mecanismos del sistema entendiendo que es el espacio adecuado de transformación de las relaciones sociales.

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El espíritu republicano de 1931 recorre el Estado español

La llegada de la Segunda República supuso el mayor intento de transformación social y política de la historia de España. Un intento de modernizar un país económica y culturalmente atrasado, caracterizado a resultas de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII por la dictadura, el caciquismo, el oscurantismo, la falta de libertad y, en suma, el subdesarrollo.

Este es el panorama al que la República se enfrentó con coraje y decisión. Desde el primer momento las y los republicanos fueron conscientes de que no bastaría con un mero cambio de régimen político. Que el paso de la monarquía a la república no supondría la inmediata solución de los problemas del país. Por ello el programa republicano era mucho más ambicioso. Pasaba por asumir los valores de la democracia real, la igualdad y la justicia social, y creer que solo mediante su implantación sería posible conseguir una sociedad libre, participativa e igualitaria.

En todo caso, no olvidaron ser coherentes con la filosofía de su proyecto y situaron la jefatura del Estado bajo el principio democrático. Así, la Constitución de 1931 estableció que el presidente de la República fuera elegido conjuntamente por el parlamento y por un número de compromisarios igual al de diputados (art. 68). Este sistema se utilizó en la elección del segundo presidente, Manuel Azaña, dado que el primero, Niceto Alcalá-Zamora, lo fue a través del procedimiento extraordinario según el cual bastaba la mayoría absoluta de los diputados. Este procedimiento estaba previsto en la disposición transitoria de la Constitución y motivado por la necesidad de institucionalizar cuanto antes el nuevo régimen.

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Derechos sociales y procesos constituyentes

Como toda Constitución, la de 1978 puede verse como una foto fija de la correlación de fuerzas que existía en la Transición. Eso explica que aparezca como un texto contradictorio. Que refleje, por un lado, la huella de la oposición anti-franquista, de las movilizaciones y huelgas de la época, y por otro, la resistencia, a veces feroz, de los sectores vinculados al Antiguo Régimen. Las Cortes de 1977-1978 fueron constituyentes gracias a la presión desde abajo, pero el resultado fue un texto controlado y vigilado desde arriba.

La Constitución, por ejemplo, incorporó un largo catálogo de derechos sociales. Consagró derechos laborales amplios, reconoció el derecho a una vivienda digna, a la salud, a la educación. Pero la mayoría fue a parar a un capítulo específico, separado del resto de derechos fundamentales, que debilitó su efectividad. Esa distinción –forzada básicamente por la UCD de Suárez- instaló entre jueces y abogados la idea de que la mayoría de los derechos sociales eran derechos de segunda, que no podían exigirse ante los tribunales.

Algo similar pasó con la filosofía económica que inspiraba la Constitución. El texto de 1978 no era la avanzada Constitución portuguesa de 1976. Pero estableció que el Estado tenía que ser un Estado social, que no se podían tolerar los ejercicios abusivos del derecho de propiedad, que los servicios esenciales podían reservarse al sector público y que todas las formas de riqueza debían estar subordinadas al interés general. Lo que la mano izquierda escribía con entusiasmo, sin embargo, la derecha lo matizaba. El artículo 38 dejó claro que el Estado podía ser todo lo social que quisiera pero que debía respetar "la libertad de empresa" en el marco de "una economía de mercado". Al igual que pasó con los derechos sociales, muchos de los mandatos económicos más democratizadores fueron relegados a un Título aparte. Esto permitió que los sectores conservadores no se sintieran intimidados. El diputado de Alianza Popular, Licinio de la Fuente, de hecho, se dio el lujo de presentar una enmienda para pedir que los trabajadores pudieran acceder "a la propiedad de los medios de producción".

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Por un Estado verdaderamente laico

Reformular las relaciones entre las iglesias y el Estado en un hipotético proceso constituyente nos remite, inevitablemente, a la Segunda República y su implacable proyecto secularizador. Se intentó entonces, entre 1931 y 1933, separar por completo las órbitas del Estado y de la Iglesia católica, afirmar la soberanía e independencia del poder civil democrático y construir una ciudadanía política liberada de toda injerencia religiosa. La profesión de una fe había de ser práctica privada, amparada por la libertad de conciencia y de cultos. En respuesta compensatoria a su grado de penetración en las instancias públicas, la Iglesia católica debía ser reducida a la condición de asociación privada, colocada en pie de igualdad respecto de otras asociaciones y desprovista de las libertades de enseñanza, comercio e industria.

Se trataba con ello de obturar las fuentes de su poderoso influjo como paso indispensable para democratizar la sociedad española, emancipándola de la tutela moral ejercida por una jerarquía eclesiástica mayoritariamente integrista y politizada. Francisco Ayala, joven espectador de la política republicana, identificaba en 1933 la aspiración del nuevo régimen. Antes de la República -escribía en El Sol- «España tenía una religión oficial, cuyo culto sufragaba y a cuyo servicio ponía los centros oficiales de enseñanza. Las doctrinas y la concepción del mundo de esa religión eran aceptadas por el Estado como propias». Lo que la República intentó con su política laicista no fue entonces entablar «persecución ninguna». Ahí estaban las libertades religiosas consagradas en su Constitución para aclararlo. Procuró más bien «liberar al Estado de la tutela y servicio de la Iglesia, relegando la religión al terreno ‘privado’».

Pero fracasó en su intento. Abundan quienes explican este fracaso porque la política republicana contradecía la supuesta fisonomía católica de España. Ahora bien, si la mayoría de los españoles era católica, ¿cómo llegó a formarse una mayoría parlamentaria capaz de suscitar y aprobar tales medidas laicistas? Otros, confundiendo víctimas y verdugos, justificando al agresor por las presuntas provocaciones del agredido, afirman que fue precisamente el atrevimiento secularizador de la República el que nos condenó a la guerra civil. Muy pocos, sin embargo, son los que, huyendo de censuras retrospectivas, tratan de situar ese propósito en su contexto e identificar ahí su coherencia interna.

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