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Ruptura democrática: el regreso de un espectro

Hace algunos años hubiera sido imposible hablar de ello. Pero el espectro ha regresado. No porque su materialización sea sencilla o esté a la vuelta de la esquina. Simplemente porque aparece como una vía sensata de defensa ciudadana frente a una agresión sin precedentes. A los derechos, a las libertades básicas, a la dignidad de las mayorías. Vuelve a hablarse, sí, de procesos constituyentes. De ruptura democrática. Como en los inicios de la Segunda República. Como en el momento álgido de la oposición antifranquista. Como en América Latina y como en Islandia, hace unos años. Y vuelve a hablarse porque aunque la agresión es cada vez mayor, también la credibilidad de los agresores se agrieta.

Un proceso constituyente indica un camino. Que puede ser corto o largo. Pero que exige replantear las reglas de juego. Reconfigurar las relaciones de poder, los derechos de la población y los espacios en los que ésta debe poder decidir. Un proceso constituyente no es una simple reforma constitucional. No implica el cambio de dos, tres o más artículos a partir de los procedimientos previstos en la Constitución vigente. Supone una ruptura jurídica. Que exige, para ser democrática, una amplia participación popular; la convocatoria, en algún momento, de una Asamblea Constituyente; y la aprobación y ratificación de una nueva Constitución.

Es verdad que para cambiar las relaciones de poder, para sacudirse los privilegios, no siempre hace falta una nueva Constitución. A veces basta con que la Constitución existente sea cumplida. Así lo cree mucha gente, por ejemplo, en Portugal. Cuando se manifiestan contra la Troika, cuando denuncian la estafa que están padeciendo, no piden una nueva Constitución. Piden respeto por los mandatos sociales y democráticos de la Constitución de 1976. Pero Portugal es Portugal. Su Constitución, a pesar de todas las agresiones sufridas, es hija de la Revolución de los claveles. De la Grândola Vila Morena que todavía hoy resuena en las calles lusitanas en cada manifestación de rebeldía popular.

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Ni inmovilismo ni reforma: ¡proceso constituyente!

El análisis del creciente malestar ciudadano deja traslucir un agotamiento del modelo de Estado gestado durante la transición y culminado con la promulgación de la Constitución de 1978. La crisis económica de los últimos años ha puesto de manifiesto una profunda crisis institucional que el actual régimen político es incapaz de resolver. En esta dramática coyuntura, cada vez son más las voces que claman por establecer un nuevo acuerdo de convivencia, resultado de un auténtico proceso constituyente que vaya más allá de meros retoques o reformas constitucionales. Un proceso que configure un marco cultural, social, económico y político más igualitario, justo y radicalmente democrático.

En Contrapoder tomamos posición claramente del lado de la necesidad de gestar, desarrollar y llevar a cabo un proceso constituyente. Creemos que este proceso solo puede legitimarse a partir de un amplio acuerdo ciudadano. Para alcanzarlo hace falta generar la hegemonía social suficiente en torno al agotamiento del régimen constitucional actual y a la necesidad de un nuevo marco de discusión. Es decir, sobre los conceptos esenciales y propios de todo proceso constituyente (un lenguaje común), así como sobre las grandes áreas en que debe centrarse (un objetivo político común).

La legitimidad de este proceso constituyente no puede radicar en el poder político actualmente constituido, asentado sobre una democracia de baja intensidad tendente al bipartidismo y a la exclusión de la participación ciudadana directa en los asuntos públicos. Debemos aprender de los errores de la experiencia de 1978. Parte esencial de las actuales disfunciones constitucionales no han surgido recientemente, sino que se vienen arrastrando desde la transición y, en gran medida, tienen que ver con la forma como se gestó el actual texto constitucional. De ahí que en este futuro proceso resulte imprescindible garantizar la participación real del pueblo durante todo su recorrido, y no solo en el momento final de convalidarlo mediante referéndum. Su legitimidad, efectividad y permanencia dependerán del respaldo ciudadano.

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Constitución, democracia y derecho a decidir

La discusión actual en torno al llamado “derecho a decidir” de los catalanes ganaría en claridad si diferenciáramos dos situaciones jurídicas distintas: el derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre su futuro político y el derecho a la autodeterminación. En primer lugar, el derecho a ser consultado es individual (sus titulares son los ciudadanos), mientras que el derecho a la autodeterminación es colectivo (sus titulares son los pueblos). En segundo lugar, son derechos vinculados a dos diversas formas típicas de ejercicio: la realización de una consulta, en el primer caso; la declaración unilateral de independencia, en el segundo. Finalmente, su posible legalidad toma como referencia dos ordenamientos jurídicos diversos: el estatal y el internacional, respectivamente.

En estos momentos está sobre el tapete el derecho a decidir sólo en el primer sentido. Y así parece entenderlo la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. Esta sentencia supone un intento de encauzar una cuestión que se encuentra muy embrollada: además de bosquejar la anterior distinción, implica el reconocimiento de que el problema es de naturaleza política, por lo que su solución debe provenir de ese ámbito. Ahora bien, es previsible que tarde o temprano el alto tribunal tenga que pronunciarse de manera más clara y completa sobre el fondo del asunto: ¿Ampara la Constitución una consulta como la que se pretende llevar a cabo el 9 de noviembre? Hay buenas razones para justificar una respuesta afirmativa, que tienen que ver con el objeto, el sujeto y los procedimientos de la misma.

¿Cómo se abordan jurídicamente cuestiones de este tipo? Hay que empezar reconociendo que ninguna regla trata directamente el supuesto concreto. Cuando esto sucede, los juristas acuden a los principios jurídicos. Y en este punto se deben recordar dos cosas: la identidad material de la Constitución la conforman todos los principios reconocidos y ninguno de ellos es ilimitado. La actividad interpretativa, entonces, pasa por identificar los principios relevantes, para, a renglón seguido, establecer una razonable ponderación entre ellos.

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Reivindicando dignidad: pan, trabajo y techo para todos

En España los índices de pobreza se han disparado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosa para 2012 los siguientes datos: una de cada cuatro personas está en situación de pobreza, el 2% de los hogares se retrasa en el pago de sus facturas domésticas y el 12% tiene dificultades para llegar a fin de mes. Asimismo, el Segundo Informe sobre la Pobreza Energética refleja que cuatro millones de españoles no pueden permitirse mantener en su vivienda una temperatura adecuada, siendo los jubilados el sector más afectado, pasando del 13% al 21% los que pasan frío en sus casas. Asimismo, el 21,1% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. UNICEF recalca que la pobreza infantil ya supera el 27%. Y el INE subraya que los ingresos anuales de los hogares disminuyeron un 1,31% con respecto a 2011, mientras que el ingreso medio por persona se sitúa por debajo de los 6.320 euros. Igualmente tres millones de familias viven (sobreviven, mejor dicho) con menos de 300 euros al mes. Como colofón, disfrutar de una semana de vacaciones al año se ha convertido en un lujo asiático. El 44,5% de las familias no pueden hacerlo; cifra 5,6 puntos más elevada que en 2011.

En resumen, estos datos reflejan un creciente aumento de las desigualdades y un grado de exclusión social donde la marginalidad se hace crónica. El último informe de la OCDE de 2014 evidenció que el 10% de los hogares españoles con menos ingresos perdieron un tercio de los mismos entre 2007 y 2010, con una caída anual del 14% aproximadamente. Mientras tanto, el 10% más rico sólo disminuyó un 1%. En conclusión, en 2013 los ingresos del decil más rico fue trece veces más alto que el más pobre. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se empeña en hablar de recuperación, descalificando los estudios de Caritas sobre marginalidad y subrayando que  UNICEF miente y altera las cifras de pobreza en España.

En cuanto al desempleo, tampoco las cosas han cambiado el rumbo desde el inicio de la crisis. En 2013, el porcentaje de la población activa en paro se situó en el 26,7%. Y en este último año de gobierno del Partido Popular se han perdido 800.000 empleos. Además, 2,7 millones de parados no cobran ningún tipo de prestación social, situando la tasa de cobertura por desempleo en mínimos históricos. Si en 2012 era del 64,05%, en diciembre de 2013 no supera el  61,44%. Asimismo, el paro juvenil afecta a un 57,7% del colectivo. A lo anterior, debemos agregar que el empleo ha visto crecer las modalidades de contratos basuras, tiempo parcial y formación, en detrimento de los contratos fijos, de calidad e indefinidos.

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Una reforma fiscal al servicio de la especulación inmobiliaria

La vivienda es un elemento relevante en cualquier sistema tributario. Sobre ella inciden de alguna manera los principales impuestos, a través de los que se promueven también determinadas políticas públicas. El Informe Lagares -la propuesta de la denominada “Comisión de Expertos”- no es una excepción. Aunque el Gobierno ya ha anunciado que no va a seguir algunas de sus propuestas, no está de más analizarlas. Y no lo está porque muchas de ellas provienen, en realidad, de organismos internacionales (la Unión Europea, la OCDE o el FMI). No sería la primera vez que este gobierno se resiste a asumir sus recomendaciones pero acaba por implementarlas: es, precisamente, lo que pasó con la supresión de la deducción por adquisición de vivienda. El PP no puede permitirse electoralmente atender todas sus propuestas -ya ha renegado de dos-, pero el informe puede interpretarse como una “hoja de ruta” para el largo plazo. La previsión aconseja, pues, analizar sus medidas, qué lógicas las inspiran y a quiénes benefician. Veámoslas.

El IRPF español es un impuesto dual. Esto significa que grava por separado las rentas del ahorro (dividendos e intereses, principalmente) y el resto de rentas, como las del trabajo o las derivadas de actividades económicas por cuenta propia. Esta dualidad sirve para otorgar una clara posición privilegiada a la renta procedente del ahorro. Los expertos proponen que todos los rendimientos derivados de la vivienda pasen a tributar al tipo reducido del ahorro. Así, quien vive del alquiler de sus propiedades pagaría menos impuestos que un trabajador o trabajadora.

La reforma también afectaría a lo que se llama “renta imputada”, el rendimiento que se le atribuye al propietario de un inmueble por el mero hecho de serlo. A corto plazo, se propone que dicha renta se considere asimismo ahorro y se impute también por la vivienda habitual (no sólo por inmuebles vacíos, como hasta ahora). A medio plazo, los expertos plantean crear un “nuevo” IBI, con un gravamen más elevado, que permita suprimir la “renta imputada” y absorber el importe recaudado en su concepto. Es importante destacar el contraste entre este IBI recargado, aplicado a todos los inmuebles, y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, propuesta en el informe desde el primer momento.

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Instituciones y protesta social: ¿quién intimida a quién?

Protestas en la Plaza Catalunya de Barcelona. /EDU BAYER

No hace falta ser un exaltado para constatar la creciente subordinación de los parlamentos del sur de Europa a poderes privados y a órganos carentes de toda legitimidad democrática. Semana tras semana, las cámaras legislativas aprueban recortes sociales o ayudas a las entidades financieras como si se tratara de hechos consumados, de medidas que se adoptan sencillamente porque vienen impuestas por los grandes acreedores o porque convienen a la "estabilidad de los mercados". Con frecuencia, estas medidas constituyen incumplimientos flagrantes de lo establecido en programas electorales y otros compromisos ante la ciudadanía. Sin embargo, se abren camino de manera impune, sin que las voces críticas puedan oírse en los grandes medios y sin que pueda exigirse frente a ellas rendición de cuenta alguna. Este bloqueo institucional explica, obviamente, la proliferación de nuevas formas de protesta. No ya en cualquier espacio público, sino frente a unas instituciones y unos cargos electos que con frecuencia aparecen como meras correas de transmisión de intereses ajenos a los de las mayorías sociales. Pero explica, también, la promoción, desde las instituciones, de reacciones criminalizadoras desproporcionadas, que están laminando espacios garantistas arduamente conquistados y que en muchos casos comportan una auténtica regresión a los tiempos del tardofranquismo.

El alcance de esta deriva represiva tendrá un banco más de prueba en el juicio que se celebrará esta semana en San Fernando de Henares contra 20 jóvenes que participaron en el rodeo del Parlament de Cataluña, en junio de 2011. Al igual que en Grecia, en Islandia, o en Madrid un año después, el objetivo de aquella protesta era doble. Denunciar, por un lado, la aprobación de una propuesta de recortes sociales que modificaba de un golpe hasta ochenta leyes de la anterior legislatura, y poner de relieve, por otro, la desnaturalización y degradación de la función supuestamente representativa y deliberativa del Poder legislativo. Con este propósito, se convocó una acampada masiva en las afueras del Parlament y se organizaron  numerosos debates para explicar lo que estaba ocurriendo dentro. No obstante, la noticia fue otra: el forcejeo entre algunos manifestantes y unos diputados que accedían al recinto y la aparatosa entrada en helicóptero al Parlament de miembros del Gobierno de Converència i Unió (CiU).

Este escenario, pergeñado según algunos diputados por el propio consejero del Interior, Felip Puig, dio pie a una estrategia de criminalización cuyo último capítulo tendrá lugar esta semana. A poco de producirse los hechos, el sindicato de extrema derecha Manos Limpias denunció a algunos activistas ante la Audiencia Nacional y pidió para ellos ocho años de prisión por atentar contra las altas instituciones del Estado y contra la autoridad de los parlamentarios y por asociación ilícita. Posteriormente, el Parlament y la propia Generalitat de Catalunya se adhirieron a la querella y solicitaron penas de tres años de prisión contra los acusados (pasando por alto lo que Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, acaba de recordar tras la querella por sedición presentada por la asociación sindical contra Carme Forcadell y la Asamblea Nacional de Cataluña: que "Manos Limpias es un sindicato de noefranquistas que destaca por su trayectoria sombría").

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Suárez: Entre el palacio y la calle

El 29 de enero de 1981 Suárez presentaba su dimisión como presidente. Se había quedado solo. La UCD, el partido que el mismo había puesto en pie, era poco más que un avispero para su fundador. Los militares lo querían sí o sí fuera del gobierno. Pero fue sobre todo el deterioro de su relación con el Rey lo que acabó por dar la puntilla final a su presidencia. El último gran desencuentro se había producido poco tiempo atrás a cuenta de la elección de Armada como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Suárez se negaba a aceptar el nombramiento del que posteriormente se convertiría en el Elefante Blanco del 23F, pero finalmente la voluntad del rey se impuso por encima del que poco después dejaría de ser presidente. Se buscaba un golpe de timón ante un proceso de cambio político demasiado abierto y nuestro pequeño Maquiavelo quedó absolutamente abandonado. Primero por los suyos y después por el propio pueblo que, según nos cuentan, lo seguía a pies juntillas, cual flautista de Hamelin, fascinado ante un político de tamaña osadía. En su nueva aventura, con la creación del CDS, sólo consiguió dos diputados en las elecciones de 1982. De hecho, a pesar de todos los mitos, cuando en 1985 se realizó una encuesta del CIS en la que se preguntaba a quién se debían las libertades, sólo un 13% de los ciudadanos apuntaron a nuestros dirigentes, mientras que un 55% las atribuía a las movilizaciones populares.

La leyenda de Suárez contiene elementos de una construcción precaria. Ahora mismo estamos bañados en ella, como una forma específica de reedición del mito de la transición, tan intensa como su crisis real en nuestro presente. Su construcción hagiográfica es de todas formas tardía en relación con la propia articulación memorial de la transición y establece una relación compleja con la misma. Más cuando muchos de los constructores del mito de la transición fueron, ya en los años ochenta, sepultureros políticos de Suárez. Fue precisamente desde su olvido personal, a partir de una enfermedad que afecta precisamente a la memoria, que empezó su activación.

La construcción del mito de la transición contiene muchas implicaciones normativas para nuestro presente, impone legitimidades posibles y excluye las imposibles. Pero quizás la que más incide en la comprensión de la figura de Suárez es la conversión de las consecuencias del cambio político en causas del mismo, para reforzar su legitimidad. La consolidación de la monarquía, el papel dominante de las elites por encima de los agentes sociales o el discurso de la moderación, fueron consecuencias del cambio político, cierto. Pero ser el resultado de un proceso no te convierte en su hacedor. Éste no se desencadenó como un encuentro entre elites, las del régimen y las de la oposición, como tampoco se inició a partir de las contrastadas credenciales democráticas de aquellos que habían sostenido la dictadura.

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Jurisdicción universal: Lecciones desde Turquía

Desde que se ordenó la detención de Pinochet en Londres, España se transformó en un referente internacional en materia de justicia universal. Acudir a congresos y seminarios sobre casos de graves violaciones de la legalidad internacional era una buena ocasión para sentirnos orgullosos de nuestro sistema de jurisdicción universal. Pero, las sucesivas reformas del art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -concluidas con la recientemente introducida por la LO 1/2014, mediante la cual se cercena la capacidad de exigencia de responsabilidad por los grandes crímenes contra la comunidad internacional- nos sitúa en el grupo de países incumplidores de los tratados internacionales y nos obliga a acudir a esos foros con la cabeza baja y un grado importante de vergüenza ajena. Se ha desandado aquello de lo que podíamos sentirnos orgullosos y el testigo lo han cogido países que, al menos en esta materia, parecen más avanzados que nosotros.

En paralelo a la liquidación de la jurisdicción universal en España, en países como Comores o Turquía se tomó la decisión de adentrarse, sin complejos ni servilismos, en procesos de exigencia de responsabilidades a grandes criminales. Para ello, han utilizado el caso de la denominada "Flotilla de la Libertad", atacada por el ejército de Israel en mayo de 2010 cuando iba rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí a la franja. Comores, país de bandera de uno de los buques atacados, ha presentado el caso ante la Corte Penal Internacional, mientras que Turquía, país de nacionalidad de muchas de las víctimas mortales, ha abierto juicio oral en contra de quienes aparecen como responsables de unos hechos que bien pueden ser calificados de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Las razones y vías escogidas por uno y otro país se basan en su situación y capacidades. Comores, al carecer de capacidad suficiente para enjuiciar unos hechos que les afectan, decidió acogerse a las previsiones del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional, el cual establece dicha posibilidad para aquellos Estados miembros que no quieran o, como este caso, no puedan ejercitar su propia jurisdicción en un momento determinado. Turquía, por el contrario, acudió a la vía de la exigencia de responsabilidad en función del ejercicio de la jurisdicción universal, capacidad que se encuentra contemplada en su legislación, al igual que en la de otros países -también en la de España-, en función de los tratados y convenios internacionales existentes y, especialmente, del propio Estatuto de Roma.

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CIEs: el Reglamento de la vergüenza o la normalización del racismo

El pasado 15 de marzo el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros (CIEs).

En la Exposición de motivos se califica a la norma de “oportuna”, se indica que ha sido adoptada “teniendo en cuenta la experiencia adquirida desde la implantación de esos centros” y se afirma que el Reglamento dispone un “tratamiento detallado de los diferentes aspectos de las condiciones en las que debe producirse el internamiento, que redunde en el incremento de las garantías de los extranjeros”.

¿Por qué, entonces, numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos lo califican como “Reglamento de la Vergüenza”? Razones no faltan.

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Suárez: víctima de la falta de consenso de la Transición

Adolfo Suárez

Con el óbito de Adolfo Suárez como justificación, asistimos estos días a una campaña oficial destinada a apuntalar el maltrecho mito de la Transición. La cantidad de medios involucrados en la misma, y su notoria intensidad, revelan no tanto el vigor como el deterioro que sufre la imagen de la Transición en la conciencia colectiva. De hecho, ha querido la casualidad que coincidan en el tiempo el fallecimiento del expresidente, y la campaña propagandística desplegada para la ocasión, con una multitudinaria impugnación del régimen político-económico vigente, haciéndose con ello visible una vez más el contraste entre la España oficial y el país real.

Ha sido el propio rey quien, en su declaración institucional sobre Suárez, ha dejado claro que se trata de instrumentalizar la figura del político fallecido para “recordar y valorar uno de los capítulos más brillantes de la historia de España: la Transición”. Lo revelador es que en esa misma declaración el monarca haya explicitado dos facetas de aquel periodo contradictorias entre sí: el constituir un pacto sellado entre élites y el pretender al mismo tiempo basarse en el consenso social.

En efecto, Juan Carlos no dudó en afirmar que la Transición fue un proceso que “impulsamos Adolfo y yo junto con un excepcional grupo de personas de diferentes ideologías”, y en caracterizar a su factótum, Suárez, como alguien que tuvo la inteligencia de ver que “el mejor porvenir de todos pasaba por el consenso”. Parece claro que la política del acuerdo entre élites, aun presionadas por la movilización popular, fue determinante durante la Transición. Más discutible, sin embargo, es que estuviese atravesada y guiada por el tan invocado consenso.

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