Derecho y subversión: la caravana de los textiles baratos

Mis compañeros me cuentan la situación que han presenciado durante su último viaje a Bangladesh. En Daca, la capital, y en Savar, hablaron con los supervivientes y las familias de las víctimas mortales del derrumbe de la fábrica textil Rana Plaza, ocurrido en abril de 2013, donde murieron en total más de mil personas. ¿Quieren los afectados reclamar una indemnización? ¿Pueden? En caso afirmativo, ¿quién ha de pagarla?

Ya hemos sostenido debates parecidos en Pakistán. Allí también perdieron la vida varios cientos de trabajadores en el incendio de una fábrica de Karachi, en septiembre de 2012. Nuestra posición de partida fue la de no conformarnos con llevar ante los tribunales a los propietarios locales de la fábrica o a los funcionarios políticos sospechosos de corrupción. Preferimos averiguar a quién se le pueden exigir responsabilidades en Europa. Por ejemplo, a la cadena de ropa barata KIK, que producía en Karachi, o a las compañías auditoras de Alemania o Italia, que poco antes de la catástrofe emitieron certificaciones de conformidad para ambas fábricas.

No será tarea fácil; porque, por encima de todo, si hay algo que las costureras no desean en absoluto es que las demandas jurídicas, o las campañas políticas, hagan salir del país a unos empleadores importantes para su subsistencia.

La caravana de los textiles baratos sigue avanzando desde hace décadas. La empresa de confección GAP, por ejemplo, quiere producir también en Myanmar (Birmania) en el futuro. ¿Myanmar? Sí, Myanmar, allí donde hasta hace muy poco gobernaba una junta militar y hoy, si bien se puede percibir una tímida apertura democrática, sigue imperando una situación que deja mucho que desear en lo que se refiere a la garantía de los derechos humanos. El círculo vicioso no se interrumpe: la industria textil, desplazada en el pasado de Europa y de Norteamérica, busca continuamente nuevos centros de producción con los salarios más bajos posibles y con los estándares de seguridad, laborales y de derechos humanos más pobres; es la lógica del capitalismo, que continúa globalizándose.

¿Es posible, por tanto, cambiar algo siquiera sin acabar por completo con este sistema económico aparentemente intocable? ¿En qué lugar se puede intervenir para, al menos, eliminar los excesos inadmisibles del mismo? ¿Quién podría mejorar de forma efectiva la situación de los trabajadores? ¿Las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Ginebra, los gobiernos de los países del norte donde tienen sus sedes centrales las grandes marcas, los de los países del sur, donde éstas producen, las mismas empresas, las organizaciones no gubernamentales, el colectivo de los consumidores, los sindicatos de aquí o de allí, los mismos trabajadores?

Son cuestiones pertinentes y legítimas. Sin embargo, para las personas y las familias afectadas se antepone una prioridad: su subsistencia física y económica, porque en las catástrofes de las fábricas textiles murieron, o quedaron incapacitadas para trabajar, las principales trabajadoras de la familia. Los procesos jurídicos en Alemania, o en cualquier otro lugar, son convenientes y necesarios para aclarar importantes cuestiones jurídicas, como, por ejemplo, si existen obligaciones legales para las empresas del país. En la actualidad, los afectados apuestan por negociar con las empresas con la esperanza de que KIK y las demás corporaciones les abonen las indemnizaciones correspondientes.

En caso de que esta vía no tuviera éxito, se nos necesita a nosotros, los juristas, tanto en Pakistán como en Bangladesh, tanto en Alemania como en Italia; hoy, a diferencia de hace pocos años, nos encontramos bien conectados y estamos preparados.