El gobierno de coalición como antesala del desastre

Parece haber una ilusión generalizada entre sectores de la izquierda por el anuncio de un gobierno de coalición PSOE-UP. No pretendo ser aguafiestas pero si analizamos éste acuerdo no de manera inmediatista o ahistórica sino en el contexto en el que se va a producir, nos damos cuenta, primero, que no permitirá implementar ningún cambio estructural en el país. Y segundo, que, a las puertas de una nueva crisis económica en 2020, conduce hacia la sepultura de la izquierda institucional estatal y despeja el camino para que la extrema derecha recoja todo el descontento social. El gobierno de coalición es la antesala del desastre.

La decisión de UP de montarse a un gobierno de coalición en lugar de negociar una investidura y mantenerse fuera del gobierno, muestra su incapacidad para entender el momento económico, el político y el territorial.

La incapacidad de entender el momento económico

La imposibilidad de llevar a cabo ningún cambio estructural en el país viene dada, en primer lugar, por razones económicas. En concreto, por la combinación de dos elementos:

Por un lado, si bien la zona euro y también la economía española ha crecido desde 2013, todos los indicadores alertan de una nueva crisis económica en 2020 en los países europeos fruto de un incremento de la inflación que obligará a elevar los tipos de interés y al endurecimiento de las condiciones del mercado y de los criterios de estabilidad presupuestaria impuestos por la UE. A la vez, por otro lado, en el caso español existe una estrecha relación entre la limitación del déficit público y el retroceso en la protección de los derechos sociales y servicios públicos. La Constitución no ubica los derechos sociales en el apartado de “derechos” sino en el de “principios rectores” de las políticas públicas. Por tanto, el tratamiento jurídico que la Constitución otorga a éstos hace que su garantía esté estrechamente vinculada a los presupuestos. Además, la libre disponibilidad del contenido material de los derechos sociales e, incluso, de su posible regresividad, ha sido avalada por el propio Tribunal Constitucional que ha subrayado la naturaleza no vinculante de los medios necesarios para cumplir los fines o las prestaciones constitucionales (STC 134/1987, 189/1987, 222/1992, etc.).

Así pues, la combinación de una crisis económica por llegar, con el punto 10 del preacuerdo de gobierno PSOE-UP que fija la necesidad de respetar los objetivos de déficit que establezca la UE, conduce no sólo a que UP no pueda realizar cambios estructurales en el país sino que tenga que gestionar como propios nuevos recortes en servicios sociales.

La incapacidad de entender lo político

Uno de los lemas de UP durante la campaña ha sido el de centrémonos en el trabajo y no en las banderas. O dicho de otra manera, que lo superestructural no nos distraiga de lo importante: lo estructural. El partido ha eliminado de su discurso cualquier referencia a sus antiguas reivindicaciones de Proceso Constituyente o Estado plurinacional, para centrarse en señalar que lo único importante son las medidas económicas. Este es el objetivo con el que se pretende entrar en el Gobierno, usar el Estado como instrumento para hacer un “uso obrero” del mismo. UP no tiene, ahora mismo, una teoría del Estado sólo un programa económico y la creencia de que el Estado es un medio pasivo, sin ninguna autonomía, que puede ser utilizado, cuando se quiera por cualquiera, para lograr sus fines económicos.

Este es un planteamiento que ignora, por completo, la autonomía de lo político. Lo político no es un mero reflejo de lo económico, sino que economía y política tienen historias paralelas que pueden coincidir o contradecirse. Y el aparato de Estado en España se encuentra en retardo respecto al programa económico de UP. Este último no podrá nunca implementarse sin una modernización del aparato estatal del régimen.

El Estado es una compleja articulación organizacional de diversos aparatos y de sus ramas y si UP adquiere el control de algún ministerio, el régimen desplaza los lugares de poder real hacia otros aparatos o ramas (Congreso, TC, Senado, ministerios del PSOE, etc.), convirtiendo los espacios ocupados por la izquierda en espacios de poder formal. El diseño institucional del Estado formulado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional así lo permite. En consecuencia, sólo si el aparato de Estado se encontrara en consonancia con el programa económico de UP sería posible aplicarlo. De lo contrario, como así sucede, UP entrará en el Estado a la vez que será bloquedo por el Estado.

La izquierda institucional debe entender que su programa económico no es posible si no cambia primero la estructura de lo político, lo que exige tumbar el régimen y aplicar un proceso constituyente.

La incapacidad de entender el momento territorial

Por último, UP se embarca en un gobierno de coalición leyendo el conflicto catalán bajo unos códigos de representación incorrectos que van a terminar arrastrándolos al precipicio.

UP se opone a lo que considera una situación de “gobierno irracional de las pasiones” encarnado, supuestamente, por un lado, por la estrategia de desobediencia del independentismo social y, por otro lado, por la derecha defensora de la represión y la vulneración de derechos fundamentales en Catalunya. Frente a esta, proponen una situación de “gobierno de la razón” caracterizado por el diálogo dentro del Estado y la Constitución. Así lo señala el punto 9 del pre-acuerdo de gobierno PSOE-UP. Se trata, en consecuencia, de la defensa de una razón estatalizada que parafraseando a Hegel entendería que solo en el Estado, y dentro de sus reglas de juego constitucionales, el sujeto tiene una existencia racional.

Esta posición de UP parte de una representación de la realidad construida sobre dos premisas falsas: la primera es que plantea un dilema entre por un lado, un “gobierno racional de las pasiones” versus, por otro lado, un “gobierno de la razón constitucional”, como si se tratara de dos formas que compiten o luchan entre ellas, en el interior del mismo momento histórico, por sustituir-se una a la otra. Y, la segunda, es que atribuye a cada uno de estos dos gobiernos valores axiológicos contrarios, una valoración negativa al gobierno irracional de las pasiones y positiva al gobierno de la razón constitucional.

Como digo, ninguna de estas dos premisas es cierta. El dilema “gobierno de las pasiones irracionales o gobierno de la razón constitucional” es un dilema falso o mal planteado porque uno no excluye a la otra, en tanto que no comparten el mismo momento histórico. Históricamente, el gobierno irracional de las pasiones aparece cuando el gobierno de la razón constitucional ha entrado en crisis. No son dos formas de gobierno que se disputen el mismo momento histórico, sino que son formas de gobierno que corresponden a momentos históricos distintos: el del consenso en el caso del primero y el de la crisis orgánica de régimen en el del segundo. En cada uno de estos momentos cabe uno pero no el otro, por eso no son excluyentes. Y, por eso mismo, tampoco son valorables axiológicamente como formas de gobierno buenas o malas. Cada uno de ellos no es ni bueno ni malo, sino que simplemente corresponden a momentos históricos distintos en el que puede darse uno pero no el otro.

Por tanto, cuando no eres capaz de entender el momento histórico de crisis de régimen en el que vives (ni la ingobernabilidad social ni la represión en Catalunya va a parar), y en lugar de sumarte a la forma de gobierno propio de éste, el de las pasiones, la resistencia y la rebelión para tumbar al régimen, te montas en la forma de gobierno de la razón constitucional propia de un momento histórico que ya no existe o está en crisis abierta, jugando a hacer de “hombre de Estado”, la crisis de este último acaba convirtiéndose también en tu crisis y te arrastra.

En resumen, como señalaba al inicio, estos elementos no permitirán a UP implementar ningún cambio estructural en el país. A la vez que conducen, a las puertas de una nueva crisis económica en 2020, a la sepultura de la izquierda institucional estatal y despeja el camino para que, en tres o cuatro años, la extrema derecha recoja todo el descontento social, tomando o condicionando directamente el poder. Entender esto exigiría que UP optara: