Para cambiarlo todo hay que comenzar por la Justicia

Para que los cambios que está viviendo España -y los que tendrá que vivir en los próximos meses y años- se consoliden necesariamente habrá de abordarse el cambio en la Justicia. Básicamente habrá de transitar de un sistema apegado a viejas tradiciones para adaptarlo a otro que cumpla una función básica como es la de actuar de contrapeso de otros poderes del Estado afianzando; dicho en otros términos, responder a lo que debe ser una auténtica separación de poderes.

Cambiar la Administración de Justicia no pasa, exclusivamente, por dotarla de nuevas normas procesales, como pretenden hacernos creer quienes quieren que todo cambie para que no cambie nada, sino que su auténtica modernización debe venir de la mano de una transformación radical de la forma de entender y abordar lo que es el impartir Justicia.

El mecanismo de acceso a la carrera judicial, así como la formación de quienes han de impartir Justicia, está anticuado y anquilosado, por lo que genera una serie de disfunciones que repercuten, directamente, en la calidad del producto. Para poder impartir justicia, de aquella que se escribe con mayúsculas, se ha de poseer una determinada formación que, necesariamente, ha de estar acompañada de un recorrido técnico, práctico y vital que permita mejorarla y acercarla al ciudadano, manteniendo instrumentos reales de formación y motivación continuada.

Es decir, no puede ser que el mayor mérito que exista a la hora de acceder a la carrera judicial sea el contar con una memoria privilegiada. Memorizar sin comprender o sin contextualizar no debe ser la base de acceso a una profesión tan relevante como la de juez.

Quienes quieran acceder a impartir Justicia necesariamente deberían estar educados en profundos valores democráticos que no se demuestran por una certera memorización de los artículos de la Constitución que garantizan los derechos fundamentales de todo ciudadano. Han de tenerlos interiorizados y, de elegirse ese modelo, demostrados en el ejercicio profesional previo al acceso a la judicatura, porque los jueces no nacen sino que se hacen.

También, y como se viene demostrando en los últimos años, parece necesario dotar a la Administración de Justicia de un “gobierno de los jueces” que sea auténticamente independiente del poder político para que el acceso, no solo a ese órgano, sino a las altas magistraturas sea por méritos y no por cuotas de poder político. La Justicia no sólo ha de ser independiente sino que también debe parecerlo, especialmente cuando ha de actuar en contra de quienes ostentan cuotas elevadas de poder político.

No creo necesario adentrarme en un análisis de todos aquellos casos en que se ha revelado que los equilibrios políticos han condicionado las decisiones y el trabajo del gobierno de los jueces. Las críticas no sólo vienen de la ciudadanía sino, también y especialmente, de los propios jueces.

Otro de los cambios relevantes, de cara a contar con una Administración de Justicia y una Justicia del siglo XXI, pasa por dotarla de unos instrumentos procesales acordes con las actuales necesidades de la sociedad; es decir, modernizar los diversos procesos que rigen la aplicación práctica del Derecho teniendo presente que el Derecho procesal penal no es más que Derecho constitucional aplicado.

Usaré como ejemplo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada el 14 de septiembre de 1882. Muchas de sus normas, en su interpretación literal, son contrarias a la Constitución, de manera que solo la buena voluntad y el esfuerzo interpretativo salvan lo que sería una auténtica derogación implícita de gran parte de su articulado.

Llevamos años escuchando sobre posibles cambios pero, hasta ahora, lo que no ha existido es una auténtica voluntad modernizadora que no pasa por la aprobación por mayoría absoluta de uno u otro proyecto, sino por el consenso de dotarnos de unas normas procesales modernas que sirvan, al mismo tiempo, de garantía para todo justiciable.

Algunos de los cambios que se proyectan -dentro de lo que es una política de remiendo que no de cambio- no dejan de resultar preocupantes, porque tienen mucho más que ver con el deseo de controlar, para que nada cambie, que con el de modernizar la Administración de Justicia.

Básicamente, lo que se necesita es construir modelos procesales modernos que sirvan para encausar la aplicación práctica de las garantías constitucionales, de forma que se reduzca al máximo la arbitrariedad y que los errores judiciales sean reconducibles evitando, de esa forma, casos tan sangrantes como los descritos en el documental “Ciutat Morta”.

Este proceso de modernización y transformación de la Justicia tendrá, necesariamente, que venir acompañado de una dotación presupuestaria permanente que lo haga viable. Tan importante resulta invertir en educación y sanidad como en Justicia.

La actual situación de los juzgados y tribunales españoles hacen que el impartir Justicia, o el que funcione la Justicia, sea una cuestión más de voluntad, de los propios jueces y los profesionales del ámbito de la Justicia, que de medios.

Pero un proceso integral de cambio pasa, también, por la eliminación de jurisdicciones especiales como la militar o la de la Audiencia Nacional y su sustitución por jueces especializados dentro de los órganos judiciales ordinarios y naturales, que es un concepto totalmente distinto.

Finalmente, un proceso de estas características no estará completo si no va acompañado de un proceso de educación ciudadana sobre los valores que han de regir y guiar la impartición de Justicia. Esto significa educar al ciudadano no solo sobre sus propios derechos sino, también y específicamente, sobre los derechos de aquellos que se enfrentan a la Justicia y, especialmente, a los que se ven inmersos en procesos penales.

Obviamente, nada se conseguirá si los ciudadanos no están formados y preparados para creerse conceptos tan básicos como “presunción de inocencia”, “derecho a no declararse culpable”, “derecho de defensa”, “derechos a un proceso con las debidas garantías”, “derecho a la libertad personal” o “indubio pro reo”.

Para que tenga una mínima garantía de éxito, la modernización de la Justicia deberá producirse de forma bidireccional. En ello los medios de comunicación podrán y deberán jugar un gran papel asumiendo, como regla informativa, los principios constitucionales antes expuestos y evitando juicios paralelos y presunciones contra reo que sólo sirven para debilitar a la propia Administración de Justicia.

Lo peor que le puede suceder a una sociedad que está volcada en generar un cambio de régimen es no ser capaz de identificar las grandes áreas que han de abordarse para asentar y consolidar dicho cambio. Qué duda cabe que la modernización y democratización de la Justicia es prioritaria, porque sin Justicia de calidad no hay futuro.