Una visión diferente del Principado de Asturias a través de sus protagonistas, con noticias, reportajes, entrevistas y análisis sobre su actualidad política, social y económica.
El Gobierno de Asturias se debate entre el mensaje de izquierdas y la aplicación de las política de derechas de Rajoy
Asturias —
El Gobierno de Asturias se debate entre cómo mantener un discurso de izquierdas y la aplicación de las políticas de derechas de ‘obligado cumplimiento’ que impone el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los pilares del Estado de bienestar se derrumban y, de momento, el Principado necesita dar respuestas que contengan el malestar creciente a una sociedad envejecida, que necesita asistencia domiciliaria, y a una sanidad modélica, que espera un pulso contundente que haga frente a este invento de los copagos del Gobierno central.
De momento, todo está en la fase de estudio. La primera reacción llega con el copago del servicio de asistencia a domicilio a personas dependientes. La resaca del verano finaliza cuando las familias reciben una carta de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, en la que se comunica los nuevos precios del coste que tendrán que afrontar si continuan con la atención domiciliaria.
El copago tiene carácter retroactivo al 1 de julio y se estipula un máximo de 10 euros al día. Inasumible para los pensionistas. Pero además, se verán recortadas el volumen de horas semanales de los asistentes asignados por la Administración autonómica. El primero en dar la voz de alarma ha sido el sindicato UGT, que denuncia que la aplicación del copago, no sólo afecta a los usuarios –la mayoría personas con bajos recursos económicos-, sino al colectivo de trabajadores, la mayoría mujeres, que están perdiendo sus puestos de trabajo.
Los parlamentarios se suman con rapidez a la denuncia sindical y todos los grupos exigen al Gobierno que adopte medidas que amortigüen la decisión del ejecutivo central. La formación de Alvárez Cascos no pierde el paso y critica la forma de actuar de la Consejería de Bienestar Social por enviar unas cartas, sin previo aviso, a un sector desfavorecido, que se verá obligado a darse de baja “de un servicio que necesitan”.
El portavoz de UPyD en la Junta General, Ignacio Prendes, solicita la comparecencia de la consejera, Esther Díaz, para que explique las medidas que piensa adoptar el Principado, ante el hecho de que muchos usuarios se están dando de baja “porque no pueden pagarlo”. Para el diputado, el decreto aprobado en el mes de julio “fija para Asturias un copago que agrava injustamente la situación de las personas dependientes, que necesitan de estos servicios”. De nuevo, la situación es “inadmisible”.
La consejería se defiende y culpa de la medida a la reforma de la Ley de Dependencia del Gobierno central de julio de 2012. El paquete de medidas planteadas por el ejecutivo de Rajoy establece la reducción de la paga en un 15% a las cuidadoras en el entorno familiar y su baja en la seguridad social, la suspensión hasta julio de 2015 de la incorporación de dependientes al grado I, la eliminación de los niveles en los que se dividía cada grado, la incompatibilidad de servicios, la reducción de la intensidad del servicio de ayuda a domicilio, el aumento del copago, la reducción por parte del Estado a las Comunidades Autónomas y la revisión de todos los expedientes de los beneficiarios.
Y todo esto, bajo el paraguas de garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la competitividad. Según la Consejería, en Asturias se apuró hasta el último día la aplicación de las nuevas medidas impuestas. Pero esto no consuela y el Gobierno de Asturias no parece dispuesto a saltarse las leyes. Así que la consejera se ha comprometido a aprobar en octubre una normativa que minimice el copago de las personas dependientes.
La medida rebajará al 75% el tope máximo a pagar por el coste del servicio de acuerdo con la renta y el grado de dependencia, lo que significa que el pago máximo se situará en 11,25 euros frente a los 20 euros que establece la reforma del Gobierno central. Esta medida libera a las rentas bajas de pagar, mientras que las catalogadas en el grado II tendrán que abonar 4,24 euros, que beneficiará a 1.781 personas. Además, para paliar los efectos de la reforma estatal, Asturias se convierte en la única comunidad autónoma que compatibiliza la ayuda a domicilio –prohibida en la nueva reforma- con la asistencia a los centros de día.
Como logros a su política, la consejera esgrime el incremento de personas que se están beneficiando de la ayuda a domicilia, al mes de agosto había 15.598 inscritas, lo que representa un aumento del 6%, frente al bajón que hay en España, 81.432 menos. “Siempre hemos dicho que estas reformas suponen la demolición de la Ley de la Dependencia, pero en Asturias hemos aplicado medidas diferentes a pesar de todas las dificultades burocráticas y de las nuevas cargas administrativas para la gestión de la dependencia”.
La consejería saca las cifras para demostrar el desmantelamiento de esta ley. Mientras que en 2012 el gasto justificado ejecutado fue de 23 millones de euros por parte del Estado, 28 millones corresponden a los usuarios a través del copago y 128 millones de euros han sido aportados por el Gobierno del Principado. Falta por conocer el gasto destinado en este 2013.
Y mientras intenta resolver el grave problema de la dependencia, ahora el Gobierno se enfrenta a cómo evitar otra carga de profundidad, y piedra angular del estado de bienestar, el nuevo copago para los pacientes con enfermedades de larga duración, con tratamientos oncológicos, de fertilidad, de hepatitis o de esclerosis múltiple, que serán los más afectados por la nueva medida.
De nuevo surge la batalla entre el mensaje de izquierdas y qué hacer con medidas que, al margen de impopulares, afectan a personas con enfermedades graves. De momento, Asturias se posiciona en el mensaje. El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, salió al paso para rechazar esta decisión del Gobierno del PP. La pregunta es si rechazar significa no aplicar. Es entonces cuando la respuesta se vuelve cauta y de nuevo se parapeta en que es pronto y que se están estudiando las medidas para contrarrestar la decisión de Madrid.
La posición del Gobierno de Asturias es la de denunciar una medida que provoca tal galimatías administrativo a las autonomías, que desemboca en más gasto, cuando las comunidades todavía no tienen resuelto el copago farmacéutico a consecuencia de las lagunas y contradicciones de la legislación aprobada por el departamento de Ana Mato.
El resto de las respuestas del responsable de la sanidad pública del Principado se posicionan en el discurso de la denuncia. El consejero asegura que esta medida no pretende lograr un uso racional del medicamento, sino que es absolutamente “injusta y muy peligrosa para la salud de la gente, porque si ya detectamos casos de personas que no recogen su medicación en las farmacias debido al copago, esta circunstancia se agravará en el grupo de pacientes afectados por este nuevo cargo”. Pero, ¿la terminarán aplicando?
