Los partidos asturianos exigen “niveles éticos” tras la participación de una consejera en una empresa

“Hay que deslindar con mucha más claridad de la que hay ahora el conflicto de intereses”. Es lo que exige la oposición parlamentaria asturiana al Gobierno del socialista Javier Fernández, tras airearse la participación del 19,8% de su consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, en la empresa Davelco S.A, administrada por su marido y que ejecutó obras para la administración regional.

Los partidos reclaman que, “en los tiempos que corren, y con lo que está pasando en el país, hay que exigir niveles éticos de máximos y establecer mayores incompatibilidades”, reclama el portavoz parlamentario de IU.

Entre las obras en las que participó Davelco S.A como subcontrata, están el nuevo macro hospital de Asturias, la ampliación del puerto de Gijón, la autovía minera Riaño-Sama, el campus de la Universidad de Mieres, el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo, la localidad minera de la que Díaz fue alcaldesa, o la residencia del Montepío en Felechosa, ahora investigada a raíz del 'caso Villa'.

Tras la noticia publicada por El Comercio, la consejera de Bienestar Social ha defendido la legalidad, limpieza y transparencia de su actuación política y ha asegurado que “la lógica crítica política está reñida con la práctica indecente de difundir sospechas para deteriorar la imagen de cargos públicos. Es un comportamiento indeseable que retrata a quien lo ejerce”.

Díaz reconoce su participación en la empresa, constituida en 1992, de la que su marido es administrador. Davelco S.A. se dedica a la venta y alquiler de maquinaria, herramienta y vehículos para la construcción y obras públicas. También presta servicios a contratistas y subcontratas.

La titular autonómica asegura que su participación en la empresa es legal y que nunca estuvo involucrada en la gestión de la misma. “La situación no está para ligerezas”, dice. Asegura que toda la información está recogida en la página web del Principado de Asturias, en la que se detallan sus ingresos y patrimonio, así como que ya se hicieron públicos en su etapa como alcaldesa de Langreo, en cuya etapa se promovió el Código del Buen Gobierno, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Esther Díaz asegura que la actividad de su marido en el ramo comenzó en 1987, cuando ella estaba en la Universidad y no tenía responsabilidad política alguna. Además, invita a que, si hay dudas sobre la rectitud de su proceder, “el camino está en los tribunales de justicia”.

Los grupos parlamentarios ahora esperan a su comparecencia en el parlamento autonómico a petición propia. “Lo importante es conocer si la empresa se ha beneficiado por ser propiedad del marido de la consejera o por ser Díaz accionista”, ha dicho el PP de cara a lo que plantearán el día en que Díaz dé explicaciones.

Para IU y UPyD lo más prioritario es deslindar, con más claridad, el conflicto de intereses que se puede generar entre el ámbito privado y los altos cargos, “porque en la actualidad hay un vacío de poder”, dicen.

Por su parte, los socialistas, sin poner en duda la legalidad y transparencia de la consejera, aprovechan este caso para señalar que “es el momento adecuado para discutir estas cuestiones” e introducirlas en las leyes de Transparencia y Buen Gobierno que se están tramitando en el parlamento regional.