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El presidente de la patronal asturiana dimite por su implicación en un caso de fraude fiscal
Asturias —
Asturias está revuelta. Tras un fin de semana marcado por la decisión de UPyD de romper el pacto de legislatura con el Gobierno, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, ha presentado su dimisión “irrevocable” al frente de la patronal. Su decisión es el primer efecto de las acciones judiciales abiertas contra políticos y empresarios por supuestos delitos. En el comunicado de la patronal, se cita a la junta directiva para el próximo 21 de noviembre con un único orden del día, la marcha de Vigón y la convocatoria de elecciones para elegir nuevo presidente.
La decisión del juzgado de instrucción número tres de Oviedo de abrir un procedimiento abreviado contra García Vigón y dos de sus hijos por tres delitos contra la Agencia Tributaria en el pago del IVA de su empresa Energía Astur (Enastur) durante los años 2009, 2010 y 2011 ha terminado por inclinar la balanza hacia la dimisión. A pesar de ello, el todavía presidente de Fade asegura que su decisión es “independiente” de las acciones judiciales.
Y es que, además del frente abierto por la Justicia, el máximo responsable de la patronal asturiana no ha logrado cerrar las divisiones internas abiertas en el seno de la organización cuando saltó a la opinión pública la investigación del fraude discal del IVA de la empresa de energía.
Los esfuerzos de pasar página y de silenciar las voces que piden su dimisión han sido en vano. Su pírrica victoria de junio, donde tuvo gran influencia el respaldo de Arcelor, se saldó con la expulsión de Fade de importantes firmas empresariales como Duro Felguera o Liberbank y la retirada del apoyo del sector de la construcción.
De nada ha servido la expulsión de los críticos, que han redoblado los ataques contra la propia organziación alegando que los empresarios asturianos no pueden estar representados por alguien acusado de fraude fiscal. Tampoco el hecho de que García Vigón haya depositado en el juzgado los cerca de 570.000 euros de la deuda reclamada por la Agencia Tributaria ha detenido la acción judicial.
