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Despedidos por la Generalitat Valenciana tres condenados por Gürtel que querían salvar sus empleos estando inhabilitados

La Agencia Valenciana de Turismo prescinde de los condenados en el caso Fitur después de que el TSJ valenciano aclare que las penas de inhabilitación de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa deben entenderse "en su sentido más amplio"

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Rafael Betoret durante el juicio de Fitur. EFE

Rafael Betoret, director del gabinete de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, actualmente en prisión; Jorge Guarro, exjefe de servicio, y Ana Grau, excoordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo, han sido cesados  de sus empleos por la Generalitat Valenciana, según ha confirmado este viernes la propia Agencia.

Los tres fueron condenados a penas de prisión (de hecho los dos primeros están en la cárcel mientras la tercera está a la espera de resolución de su petición de indulto) y también a penas de "inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público relacionado con actividades propias de la contratación administrativa". Pese a ello, habían intentado mantenerse alegando que ahora ocupaban puestos distintos a los de la época del PP, en que se produjeron los hechos por los que han sido condenados.

Además de los cabecillas de la trama Gürtel Fracisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo y de la que fuera consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, del PP, que fue condenada a 9 años de prisión, su jefe de gabinete, Rafael Betoret, que ya se había declarado en 2011 culpable en el denominado caso de los trajes, fue condenado a seis años de cárcel e inhabilitación por delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la pieza relativa a la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en la feria Fitur entre 2005 y 2009.

En esa sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 2017, ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de este año 2018, también fueron condenados a cárcel e inhabilitación Jorge Guarro, Ana Grau e Issac Vidal, empleados de la Agencia Valenciana de Turismo. Tres de ellos -dado que Vidal ya no trabaja en el sector público-, han intentado mantener sus empleos alegando que ocupaban en la actualidad puestos a los que no afectaría la inhabilitación y para los que habían solicitado excedencia, suspensión de contrato o permisos temporales.

En ese sentido, casi un centenar de trabajadores de la Agencia Valenciana de Turismo solicitaron en mayo al secretario autonómico, el socialista Francesc Colomer, que se suspendieran las relaciones laborales de los condenados para que, una vez cumplidas las condenas, pudieran reincorporarse a sus puestos. El escrito firmado por ese grupo de empleados consideraba "desorbitadas" las penas impuestas y alegaba que eran víctimas "de un contexto laboral perverso".

Tras esa pretensión de exculpar a los empleados públicos condenados por corrupción, en la que se aseguraba, sin embargo, que no nacía del "corporativismo" sino del "convencimiento de su inocencia", la Agencia Valenciana de Turismo optó por hacer una consulta fechada el 1 de junio pasado al TSJCV. Pedía una aclaración para que especificara "a qué empleos o cargos públicos" viene referida la inhabilitación y si "alcanza a su relación laboral y puesto" en ese organismo.

El TSJ respondió el 20 de junio e indicó que debería ser la propia Agencia Valenciana de Turismo la que lo determinara "a la vista de cada uno de los contratos", pero señalaba que la inhabilitación "debe entenderse en su sentido más amplio" y que alude "también a empleos análogos".

La Agencia Valenciana de Turismo ha señalado que Betoret y Guarro fueron cesados cuando llegó la comunicación judicial sobre la liquidación de sus condenas y Grau una vez recibida la aclaración del TSJ.

Rafael Betoret, que es funcionario, estaba actualmente en excedencia voluntaria. Jorge Guarro, que es personal laboral temporal, estaba destinado el Servicio de Producto y Territorio de la Agencia de Turismo. Y Ana Grau había sido destinada al Centro de Desarrollo Turístico de Gandia.

De acuerdo con la sentencia, los condenados deben devolver a la Generalitat Valenciana en concepto de responsabilidad civil 271.656 euros más intereses de demora.

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