“Perdí el DNI, me usurparon la identidad y ahora me reclaman 7.300 euros en gastos que nunca contraté”

“Nunca hubiera imaginado que la pérdida de mi DNI me iba a causar tantos problemas, hasta el punto de usurparme la identidad para hacer todo tipo de compras y contratos por los que me han metido en la lista de morosos y me han reclamado 7.322 euros”.

Así de resignada se ha mostrado Nuria Perales, una valenciana que viene sufriendo un auténtico calvario por algo que puede llegar a ser tan cotidiano como la pérdida de un Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según ha relatado, fue en el año 2013 cuando se le extravió la cartera. Tras presentar la pertinente denuncia, anuló sus tarjetas de crédito y renovó su DNI. Hasta ahí todo normal.

Sin embargo, un año más tarde, empezó el vía crucis: “Llamé a ONO para contratar un servicio y me dijeron que no podía porque tenía una deuda con ellos de 1.470 euros, cuando nunca antes había tenido nada con ellos”.

Ante la sospecha de que podía tratarse de algún tipo de estafa, Nuria llamó a otras compañías para comprobar si había sido un caso aislado. Por desgracia, se confirmaron sus peores pronósticos.

En Movistar le dijeron que constaba una deuda de 1.362 euros correspondiente a cinco líneas de teléfono y a la adquisición de varios terminales y en Vodafone constaba un deuda de unos 500 euros.

“El problema es que en estas compañías con solo llamar por teléfono y dar el nombre y el DNI ya te puedes dar de alta”, lamenta. Nuria puso inmediatamente una denuncia tanto en la Policía Nacinal como en el juzgado por suplantación de identidad.

Y es que, el problema iba más allá de la deuda económica: “Me incluyeron en el registro de morosos y esto me está generando muchos problemas, porque por ejemplo, no puedo financiar compras ni tener tarjetas de crédito”.

Por suerte, finalmente logró que le mandaran una grabación de voz de uno de los contratos. Según explica, “la Policía me llamó para identificara la voz y comprobaron que obviamente, no era yo”.

Además, logró que una de las compañías le dijera en qué dirección estaba domiciliada el alta, en concreto, en la calle Juan Bautista Comes, “una calle que ni siquiera sabía dónde estaba”.

Pero la cosa no quedó ahí. Con todo el proceso judicial en marcha por el caso de las compañías de telecomunicaciones, a finales de 2015 recibió una carta de embargo. Al llamar al juzgado, le dijeron que tenía “una deuda de 3.990 euros correspondiente a las mensualidades del alquiler de un piso, casualmente ubicado en la misma zona que el anterior”.

Tras varios recursos judiciales contra la propietaria del inmueble, “una mujer de 81 años a quien supuestamente le gestionan el alquiler sus sobrinos”, ha logrado paralizar todos los pagos (telefonía y alquiler) al no poderse demostrar que fue ella la que contrató directamente: “El contrato de alquiler era de risa, solo coincidía mi nombre y DNI, el resto de datos, estado civil, profesión o descripción física, eran erróneos porque se los inventaron”.

Sin embargo, el proceso judicial sigue abierto puesto que “la propiedad del inmueble ha recurrido”. Además, por otro lado, tiene otro proceso abierto con las compañías telefónicas para que le den de baja del registro de morosos, “una situación que me está generando muchos problemas”.

Sobre su decisión de denunciar esta situación, ha explicado que ha dado el paso “para denunciar esta injusticia y por si alguien le ha pasado algo parecido y le puede servir de ayuda mi experiencia”.

Al respecto, la letrada de Nuria (prefiere no revelar su identidad), ha lamentado lo fácil que resulta dar de alta este tipo de contratos: “Alguien con tu DNI puede hacer lo que le dé la gana y eso no es de recibo”.

Además, ha criticado lo sencillo que resulta dar a alguien de alta en el registro de morosos, y lo complicado que resulta la baja. En este caso, ha explicado que “al no haber nadie contra quien reclamar hay que presentar una demanda por lo civil y eso vale dinero”.

La abogada ha añadido que “las compañías de telecomunicaciones deberían aplicar más filtros y actuar con más diligencia antes de dar de alta a sus clientes”.

Por último, ha advertido que “en España hay una facilidad contractual excesiva, de hecho el contrato verbal es válido”.