Alicante aprueba reprobar a la vicealcaldesa de Cs e insta a investigar la corrupción del PP con el PGOU al sumarse Vox a la oposición

El pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de Alicante celebrado por segunda vez de manera telemática ha servido para reprobar a la vicealcaldesa de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, que hace dos semanas confesaba en sus redes sociales que se aburría “mucho” durante el confinamiento por la crisis de la Covid-19. “Me aburro, me aburro, me abuuuurroooo mucho... ni Netflix, ni libros, ni pelis... me aburro”, señalaba.

El PSPV-PSOE ha logrado sacar adelante esta propuesta que ha contado con los votos favorables de Compromís, Unides Podem y Vox, sumando quince regidores frente a los catorce de PP y Ciudadanos, que han votado en contra. De nada han servido las disculpas reiteradas de la también edil de Turismo, quien ya pidió perdón poco tiempo después de la polémica.

“Efectivamente, cometí un error, mis más sinceras disculpas, pero el trabajo que estoy realizando como vicealcaldesa y como concejal de Turismo está ahí y seguiré trabajando sin descanso como el primer día”, ha dicho visiblemente emocionado después de cargar contra la oposición alicantina y contra el gobierno de Pedro Sánchez.

La oposición de izquierdas, de nuevo con el apoyo de Vox, han asestado otro golpe al gobierno de Alicante con la aprobación de la iniciativa de Compromís de la creación de una  comisión de investigación que pretende esclarecer “y depurar las responsabilidades políticas y municipales” derivadas del contenido del sumario del caso Brugal que investiga el presunto amaño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, así como analizar las consecuencias jurídicas de las contratas y concesiones de implicados en el sumario.

Esta medida llega después de que el empresario Enrique Ortiz haya admitido el amaño del Plan general en dos mandatos del Partido Popular, en el segundo del cual eran regidores el actual alcalde Luis Barcala, y los ediles Mari Carmen de España y Adrián Santos, entonces en el PP y ahora en Ciudadanos. Precisamente de España ha rechazado la moción de Compromís por atribuir los presuntos hechos a “hace diez años” y ha acusado a la coalición de “hacer política de ventilador”.

Más mociones

El pleno, que ha durado unas nueve horas y que ha comenzado con tres minutos de silencio por las víctimas de la Covid-19, además de un minuto, como viene siendo costumbre, por las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, ha abordado diversas cuestiones.

Por un lado, y salvo los dos ediles de Compromís, el pleno alicantino ha aprobado con el apoyo de todos los grupos municipales una declaración institucional en la que se urge a la Generalitat, y particularmente a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, para que apruebe y abone las rentas valencianas de inclusión (RVI) que esperan 1.159 familias alicantinas con expedientes favorables de los 1.317 “que han sido elevados por los servicios sociales municipales a la Conselleria para su resolución, más allá de los 52 que han resuelto en marzo”.

El alcalde, Luis Barcala, ha manifestado su pesar por el hecho de que “en plena emergencia social es increíble que no haya unanimidad para justificar que más de 1.100 familias de Alicante en lugar de estar cobrando ya un dinero, tengan que estar condenados a pedir alimentos u otras ayudas que el Ayuntamiento les da”. “Es tan miserable -señala, que lejos de proteger a la señora Oltra, deberíamos mostrarnos unidos para defender a estas familias alicantinas a las que representamos, en lugar de defender al Botánic, pues son ellos los que tienen que cumplir con su parte como nosotros con la nuestra”.

En otra declaración institucional, presentada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, se ha aprobado con los votos a favor de PP, C's y Vox, la abstención de PSOE y Compromís y el voto en contra de Unidas Podemos, solicitar al Gobierno la implantación de un sistema especial de protección del sector turístico reclamado por patronal y sindicatos, que contempla medidas laborales, financieras, fiscales, sanitarias y de comunicación. Estas medidas han sido propuestas en los planes presentados por la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), la patronal Hosbec, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y las centrales sindicales Federación de Servicios de Comisiones Obresras (Servicios-CC.OO.) y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT).

Mari Carmen Sánchez ha asegurado: “Estamos impulsando desde el Patronato de Turismo del Ayuntamiento de alicante un plan de reactivación del sector turístico en coordinación con las asociaciones del sector que atienda a sus necesidades con el impulso de medidas que nos están reclamando como es una marca de seguridad sanitaria para dar seguridad a los usuarios, sabedores de la importancia económica y desde el punto de vista del empleo para nuestra ciudad y provincia”.

Los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante han aprobado por unanimidad en el pleno una declaración institucional conjunta ante la crisis del coronavirus en la que apelan a participar en la construcción de este nuevo futuro tras la crisis de la Covid19. En este sentido, se ha acordado solicitar al Gobierno de España que flexibilice la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit para destinarlo a gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad, ciudadana, limpieza, transporte, residuos y desinfección, así como otras acciones para atender a la población más vulnerable ocasionadas por el estado de alarma.

Entre las 19 medidas solicitadas se incluyen además la prórroga del destino del superávit de 2019 a 2020 y su autorización de gasto en áreas en las que no son competentes como empleo, educación, etc. Se pide que los ayuntamientos participen en los fondos que habilite el Estado en materia de reactivación económica y social y que se cree un Fondo de Reactivación de la Economía y el Empleo Local una vez superada la pandemia. También se piden fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 a la reconstrucción de las economías locales y se promuevan proyectos EDUSI para la lucha contra los efectos del COVID, la recuperación del Contrato Temporal de Inserción para uso de las Administraciones Públicas y que se destine el déficit de las Comunidades Autónomas a planes locales de Empleo.