El Parlamento valenciano pide al Gobierno un informe anual sobre el estado del CIE de Valencia y sus internos

El Parlamento valenciano ha acordado por mayoría de todos los grupos salvo Vox pedir al Gobierno central un informe anual sobre el CIE de Valencia. La Comisión de Derechos Humanos ha aprobado este martes una Proposición No de Ley en la que se insta al Ejecutivo a que, mientras no se produzca el cierre de estos centros, que consideran contrarios a los derechos humanos, el Ministerio del Interior elabore un informe de periodicidad anual “sobre el estado de sus instalaciones y los servicios a los internos que se han llevado a cabo en el centro” y exige que su contenido sea público.

El informe que piden las Corts Valencianes deberá incluir el número de internos, desglosado por país de origen y género, la fecha de nacimiento que conste en la ficha policial, las circunstancias de la detención previa al internamiento, días de internamiento de cada persona, agentes que trabajan en el centro, servicios de abogacía e intérpretes que asisten a los internos, protocolos específicos para mujeres y los acompañamientos realizados por ONGD.

La propuesta, presentada por Compromís, critica la “opacidad” de los centros de internamiento y los casos de agresiones que se han producido en ellos. Son, a juicio de la diputada Cristina Rodríguez, lugares que las organizaciones han criticado por “vejaciones, opacidad, agresiones y falta de celo en las medidas de custodia sobre personas que no han cometido ningún delito”. Los parlamentarios han recordado la muerte de un interno el pasado junio, que todavía se está investigando, y el intento de deportación de un hombre el pasado diciembre, Venezolano de origen y en tratamiento por VIH. Casos de los que tuvieron conocimiento “por la prensa”. El grupo parlamentario de Ciudadanos planteó una propuesta a raíz de este caso para solicitar que no se expulse a personas vulnerables por problemas de salud.

El pleno de las Cortes Valencianas ya aprobó en su sesión del 15 de octubre de 2015 una resolución declaraba la Comunitat Valenciana “zona libre de centros de internamiento de extranjeros” y que instaba el gobierno central a iniciar el proceso de cierre.

En la sesión de este martes, los grupos parlamentarios piden que hasta el cierre de los centros se garanticen “las mejores condiciones de habitabilidad y servicios” para las personas internas, denunciadas en varias ocasiones por organizaciones que pelean por los derechos humanos y por los propios internos.

Las obras de reforma del centro tendrían que haber comenzado en enero, como prometió el ministro Marlaska, pero según Delegación de Gobierno no hay un plazo fijo previsto, ya que la misma empresa se está encargando de todos los CIE del Estado. Primero tendría que acabar las obras en Barcelona para reformar el edificio de Valencia. Las obras prometidas implicarían el cierre del centro de la calle Zapadores durante cerca de tres meses y el traslado de los internos a otro centro.