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CASTILLA Y LEÓN

La Delegación del Gobierno de Castilla y León niega que haya investigación abierta en residencias de ancianos a instancia de la Fiscalía General

La Fiscalía General del Estado detalló en una nota el pasado 1 de abril que las Fiscalías de Castilla y León y de Cataluña asumirían las diligencias de investigación del Supremo que se abrieron tras un informe de intervención de la UME en residencias de todo el país

Javier Izquierdo, durante la rueda de prensa telemática.

El delegado del Gobierno en Castilla y León,Javier Izquierdo. Delegación del Gobierno

La Delegación del Gobierno en Castilla y León, a cuyo frente está Javier Izquierdo, ha negado a eldiario.es la información que la Fiscalía General del Estado hizo constar en una nota de prensa el pasado 1 de abril en la que se aseguraba que fiscalías de Castilla y León retomarían la investigación iniciada por la Fiscalía del Supremo acerca de situaciones de relevancia penal en residencias de ancianos de las que informó la UME. "La Fiscalía no ha instado a ninguna investigación porque en los informes de la UME no hay nada que no indique", aseguran desde prensa de la Delegación. Las mismas fuentes se han negado a responder más preguntas de este diario.

En la nota de la Fiscalía General Mediante se recuerda que mediante la incoación de las diligencias de investigación nº 30/2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo fue la encargada de centralizar la información derivada de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante los primeros momentos de la crisis en diferentes residencias de todo el Estado. En coordinación con los fiscales especialistas y delegados en materia civil de toda España, se recopiló toda la información disponible.

"Toda vez que los datos susceptibles de valoración ya han sido transmitidos a las Fiscalías territoriales, lo procedente ha sido cerrar esa labor canalizadora y unificadora a través de las diligencias de investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo y derivarlas a las Fiscalías provinciales, únicas competentes territorialmente para cualquier toma de decisión en relación a la investigación de hechos que pudieran tener una eventual relevancia penal", dice el comunicado. La Fiscalía considera que esos hechos de relevancia penal se han dado en Cataluña y en Castilla y León, a cuyas Fiscalías se ha remitido la información, algo que la Delegación del Gobierno niega.

Eldiario.es ha podido saber que una de esas investigaciones se centra en la Casa de la Beneficencia de Valladolid, gestionada por la comunidad religiosa Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, una de las más afectadas por el coronavirus. Sólo el pasado jueves murieron 30 ancianos, 20 de ellos enfermos de COVID-19 y los 10 restantes por síntomas. Esta fue además una de las residencias que visitó la UME para proceder a su desinfección. Desde este centro se realizó un llamamiento durante la primera semana del estado de alarma, ya que la mayoría de sus residentes y trabajadores se encontraban enfermos.

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