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“El caso de Oxfam no es un problema de manzanas podridas ni solo de las ONG: es de la sociedad machista”

Mujeres esperan por comida y agua en Warder, un distrito situado en la región somalí de Etiopía. Imagen de enero de 2017.

Icíar Gutiérrez / Gabriela Sánchez

Altos cargos y trabajadores de Oxfam pagaron por servicios sexuales a supervivientes del terremoto de Haití. Grupos de empresarios acudieron a fiestas donde pagan por servicios sexuales a una supuesta red de prostitución de menores tuteladas en las islas Canarias. Una cooperante describe los tocamientos de un compañero en plena misión humanitaria. Una mujer empieza a trabajar en una empresa de Madrid y su compañero no deja de insinuarse en el ambiente laboral, a pesar de sus negativas.

Todos estos casos y sus diferentes representaciones de abuso y acoso sexuales se asientan, sostienen expertas en género consultadas, en una sociedad cimentada sobre una sociedad “machista” de la que pocos espacios se escapan. En el seno de las ONG, tampoco. “Una vez más se pone de manifiesto que vivimos en una estructura patriarcal y las organizaciones están formadas por personas”, dice Ana Fernández, vocal de género de la Coordinadora de ONGD.

“Tenemos que luchar aquí y allí para abandonar este sistema que lo único que trae es privilegios para los hombres y violaciones de derechos sistemáticas para las mujeres y las niñas”, añade la experta.

“No es un problema de manzanas podridas, ni solo de las ONG: es de la sociedad, que es machista”, coincide Itzíar Ruiz-Giménez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma. Expertas consultadas destacan que las misiones de acción humanitaria suelen estar, además, muy copadas por hombres, lo que también explica, a su juicio, que en casos como el perpetrado por altos cargos de Oxfam, algunos “desplieguen” su poder sobre poblaciones azotadas por catástrofes naturales, los conflictos o la pobreza.

Pero su responsabilidad, sostienen, es aún mayor. “La violación, el abuso sexual o la prostitución forzosa son delitos y los perpetradores de los mismos delincuentes y si estos pertenecen a una ONG, son doblemente culpables, pues en la comisión de sus crímenes están traicionando los principios rectores de las entidades para las cuales trabajan”, opina Mila Ramos, directora de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto, en un post personal remitido a este diario.

El riesgo de abuso de poder en las misiones

Quienes han trabajado años en el terreno sostienen que los casos de abuso y acoso que están siendo revelados en los últimos días “no les sorprenden”. Marina (nombre ficticio porque prefiere mantener el anonimato) explica que “el terreno se presta mucho a situaciones de acoso para aquellas personas que no trabajan en el tercer sector por convicción”. Algunos de estos hombres, que aclara que son una minoría, se aprovechan de “estar fuera de la vigilancia constante de la organización y encontrarse fuera de su realidad”.

En determinados contextos, señalan varias trabajadoras humanitarias feministas consultadas, han sido testigos de casos de relaciones de abusos de poder. “El típico trabajador de una ONG u organismo humanitario que mantiene relaciones con una mujer que vive en una clara situación de vulnerabilidad, con una diferencia de poder adquisitivo descomunal”, apunta Laura (nombre ficticio), que trabajó como directiva de proyectos durante años en África y América Latina. “Son esos casos en los que existe una línea muy fina entre pagar por sexo y el ligoteo entre personas con una enorme diferencia de poder adquisitivo”.

“Cuando estas personas van a los países se generan relaciones desiguales: ellos, a nivel muy micro, tienen una situación de poder, por recursos económicos y su aparataje intelectual, y se encuentran un escenario de desigualdad económica y social respecto a las mujeres del sur”, explica Ruiz-Giménez. “Estos casos muestran que algunos trabajadores van con su mochila identitaria, que, como nuestra sociedad, es machista y racista”, añade.

Tras sus años de trabajo en el terreno, en los que sufrió episodios de acoso por parte de compañeros y población local, Laura hace un análisis similar: “He visto que en estos contextos las relaciones de poder son más evidentes por el hecho ser blancos y blancas. Si además eres hombre, o lo tienes muy trabajado, o inevitablemente vas a reflejar una relaciones de poder muy desiguales o hegemónicas”, apunta.

La fallida respuesta de Oxfam

Todas coinciden en que la respuesta llevada a cabo por Oxfam tras el conocimiento de los abusos acumula alguno de los errores más habituales. Las expertas consultadas destacan la necesidad de garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia y que los delitos “no queden impunes”. Este fue, sostienen, uno de los fallos que cometió Oxfam.

“La respuesta no puede ser la de siempre: despedir a estos señores”, insiste la profesora Ruiz-Giménez. “Es necesario que sean enjuiciados y que paguen por los crímenes cometidos, y es necesario que se repare a las supervivientes de estos delitos. Que esto no se quede en un escándalo sexual más”, dice Ramos.

“No estamos hablando de deslealtades a la empresa: es un delito. Debe haber una consecuencia penal, no laboral”, opina Violeta Assiego, abogada experta en derechos humanos. De esta forma, también se evitaría, asegura, que los exempleados pudieran pasar a trabajar a otras ONG. “Falta información sobre cómo se ha abordado este tema con las víctimas, si se les ha reconocido como tal, por ejemplo, económicamente, o si se les ha dado atención social y psicológica”, añade.

Para luchar contra la desigualdad de género fuera, también es necesario, recalcan, que las ONG incorporen internamente medidas encaminadas a acabar con la desigualdad dentro, las mismas que el movimiento feminista llevan años reclamando y en las que el sector ya trabaja: planes de igualdad para romper el techo de cristal, políticas de conciliación o mecanismos más reforzados de control de estos casos y contra la discriminación racial.

“Llevamos bastante tiempo insistiendo y se están tomando medidas”, resume Fernández, de la Coordinadora de ONGD. “La mayoría de las ONG están implantando una política de género. Por ejemplo, se hace hincapié en que el perfil de los trabajadores que contratan a otros empleados en las ONG deben estar formados en género. Esto asegura, por ejemplo, que a la hora de las entrevistas hagan preguntas necesarias para tratar de evitar estos casos”, sostiene. Otra de las líneas debe ser, a su juicio, dar más apoyo a las organizaciones feministas locales de los países en los que las ONG trabajan.

Una comisión feminista para controlar

En esta línea, Oxfam se ha comprometido a “mejorar” a través de una comisión de expertas feministas independientes. El objetivo: “Garantizar que ninguna persona es víctima del sexismo, la discriminación o el abuso, que todas las personas, y especialmente las mujeres, se sientan libres de denunciar malas conductas, y que todos los miembros de su personal tengan claro qué comportamientos son aceptables y cuáles no”.

El grupo de especialistas, según ha anunciado la ONG tras el escándalo, “tendrá acceso a todos los registros de Oxfam y podrá entrevistar a los miembros de su personal, sus organizaciones socias y las comunidades a las que presta apoyo en todo el mundo”.  La solución para la organización británica, por tanto, pasa por que sean mujeres feministas quienes revisen los cimientos de la organización.

Al ser un problema estructural, todas las expertas consultadas coinciden en que “no se debe criminalizar la labor de todo un sector” por estos episodios. Y destacan que el hecho de que hayan salido a la luz varios casos también representa una oportunidad de “mejorar”, dentro de un momento histórico en el que, más que nunca, se está “rompiendo el silencio” sobre el acoso y el abuso sexual que sufren las mujeres de todo el mundo.

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