África en las fronteras de Europa
Ceuta y Melilla conforman la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. Ante la inexistencia de facto de cauces legales para migrar, incluso para potenciales solicitantes de protección internacional, cientos de personas emprenden un viaje lleno de incertidumbre y riesgos, plagado de obstáculos y de vulneraciones de derechos. En 2015 se contabilizaron 11.624 personas que entraron al Estado español de manera irregular a través de estas dos ciudades autónomas, según datos del Ministerio del Interior.
En 2015 se crearon sendas oficinas de asilo en Ceuta y Melilla después de que un gran número de familias sirias hubiera llegado a estas ciudades. Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado la imposibilidad en el acceso a los puestos fronterizos para las personas de origen subsahariano, por lo que la entrada irregular se convierte en la única alternativa para quienes desean solicitar protección internacional.
A la espera del momento propicio para cruzar la frontera, la mayoría de las personas africanas se establecen en los alrededores de estas dos ciudades, con la esperanza de que un día llegue la oportunidad de entrar en suelo europeo.
Por las colinas aledañas a la ciudad de Nador existen varios campamentos en los que conviven mujeres y hombres e incluso familias con bebés recién nacidos. Ellos son los que pueden pagar para arriesgar su vida en una patera y llegar, quizás, a un lugar que les permita tener el futuro soñado. Otros tratan de llegar a nado a estas ciudades, como los 14 hombres que murieron ahogados en 2014 en el Tarajal, Ceuta. En la actualidad hay una investigación abierta sobre la intervención de la Guardia Civil, que utilizó material antidisturbios para impedir la entrada de los subsaharianos. Según la Organización Nacional de Migraciones, en 2016, 5.445 personas habían conseguido llegar a Europa a través de la ruta marítima del Mediterráneo Occidental y al menos 70 personas murieron ahogadas.
Algunos subsaharianos, la inmensa mayoría hombres, consiguen atravesar la valla de Ceuta y Melilla en lo que creen que es su último gran obstáculo antes de llegar a Europa. Pero muchos de ellos, a pesar de haberse introducido en suelo español, serán interceptados por la Guardia Civil y expulsados sin haber sido identificados y sin habérseles proporcionado la asistencia jurídica y de intérprete obligatoria. Estas “devoluciones en caliente” siguen considerándose contrarias a derecho por el Consejo de Europa y ACNUR, entre otros, aunque hayan tratado de ser legalizadas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana.
A pesar de todos estos obstáculos, unos cuantos consiguen llegar de cuando en cuando a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), centros abiertos donde estarán hasta ser enviados a la península. En reiteradas ocasiones, el ACNUR ha declarado que estos centros “no son aptos para personas refugiadas”, y ha pedido una reforma urgente de las instalaciones y una revisión del modelo de funcionamiento. También Amnistía Internacional ha pedido que se garanticen “unas condiciones adecuadas de vida”.
En su salida de los CETI, muchos de los subsaharianos serán trasladados directamente a alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) existentes, con el fin de ser repatriados a sus países de origen. Las vulneraciones de derechos que ocurren en estos centros han sido puestas en evidencia por juzgados de control, organismos internacionales, Defensor del Pueblo y organizaciones sociales. Ni siquiera el derecho al asilo está garantizado. Además, la ineficacia de estos centros es palmaria: según datos oficiales, de las personas ingresadas en el CIE en 2015, tan solo 2.871, el 41% del total, fueron expulsadas a sus países de origen.
Después de una larga y dura estancia en el CIE, las perspectivas de futuro no mejoran. Las personas subsaharianas que son liberadas en el Estado español se encuentran con una orden de expulsión debajo del brazo que les impedirá realizar una vida normalizada y vivirán bajo la permanente amenaza de ser repatriadas.
Las identificaciones en base a los rasgos físicos (por perfil étnico) son una práctica habitual en muchas ciudades, y algunas personas son requeridas por la policía prácticamente a diario. Estas acciones ocurren en mayor medida en fechas previas a las salidas de los vuelos colectivos de repatriación de inmigrantes. En esos momentos, las detenciones de oriundos del país al que se dirija el avión se incrementan notablemente. Se producen detenciones y las personas son repatriadas directamente desde las comisarías, en un plazo máximo de 72 horas, lo que se conoce como las “expulsiones exprés”. Estas expulsiones en un plazo tan exiguo habitualmente adolecen de falta de garantías para la persona que va a ser expulsada.
Como vemos, las fronteras del Estado español y de la Unión Europea no terminan en el límite físico del territorio, sino que continúan a través de gran parte del periplo migratorio de las personas subsaharianas. A la sucesiva estancia en centros abiertos o de internamiento, les sigue muchas veces una situación de irregularidad prolongada que implica la amenaza permanente de repatriación. Las identificaciones por perfil étnico completan el hostigamiento cotidiano a la población subsahariana.
Todos estos obstáculos (imposibilidad de acceso a las oficinas de asilo, estancia en los CETI, en los CIE, las devoluciones en caliente, las devoluciones exprés, la irregularidad…) forman el puzzle de una política migratoria irrespetuosa con los derechos humanos. En este contexto, sigue siendo necesario exigir el establecimiento de vías legales y seguras de entrada, amparando especialmente a aquellas personas susceptibles de solicitar asilo o protección internacional, así como mecanismos de regularización dentro del Estado español que favorezcan la integración de las personas inmigrantes que se encuentran residiendo aquí. Todo un reto para los próximos años.
