Sin Cooperación, España renuncia a estar en el mundo

Acabamos de asistir a la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado. Unos presupuestos, “los más austeros de la Historia tras la democracia” (leitmotiv que ahora se repite año tras año) , que incluyen muchos motivos de preocupación para la ciudadanía y que confirman el despeño de nuestros derechos fundamentales, que a ritmo de tijera se van colando por el desagüe. Quien tira de la cadena es un Gobierno que, con la excusa de la crisis, aprovecha para mutilar el estado social de derecho que tantos esfuerzos y tanta lucha ha costado a la ciudadanía española.

Nuestra sociedad, ingenua, creía garantizados esos logros. Los creíamos inamovibles, asentados y consolidados dentro de nuestra Europa social. Así que nos dedicamos a extender el modelo más allá de nuestras fronteras y a trabajar con la sociedad civil y los Gobiernos de otras latitudes para asegurar que ejercían adecuadamente (exigiendo unas y garantizando los otros) esos mismos derechos fundamentales que hoy estamos aquí perdiendo: la salud y la educación universales y gratuitas, el derecho a la equidad de género, los derechos laborales, los sexuales y reproductivos...

La cooperación española (Q.E.P.D.) ha hecho mucho, y muy bien, durante los últimos 25 años. Con luces y sombras, con aciertos y errores, pero con logros visibles en las vidas cotidianas de millones de personas en países como Guatemala, Senegal, Bolivia o Marruecos, por citar sólo alguno de los países donde trabaja. Y siempre acompañada de un consenso sobre la necesidad de cooperar, y de cooperar bien, que cristalizó en 2007 en la firma de un Pacto de Estado sobre Cooperación.

Al convertirla en Política de Estado, los partidos firmantes (todos los que tenían representación parlamentaria), ratificaban el compromiso de todo un país con el desarrollo humano sostenible y universal. Y lo que es mejor, afirmaban una apuesta por colocar a nuestro país en la escena internacional: nuestra mejor baza, lo único en lo que destacábamos y por lo que se nos empezaba a conocer y a reconocer. Esta vocación internacional se había venido traduciendo en un aumento progresivo de la presencia e influencia de España en los principales organismos multilaterales y en los grandes debates sobre el futuro del mundo: la lucha contra el hambre, el acceso a la educación básica, el acceso a agua potable, la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo...

Hoy todo eso ya no nos sirve, ni dentro de nuestras fronteras, ni más allá. Según los Presupuestos presentados, el gasto en Política Exterior caerá en 2013 en 188 millones de euros, hasta los 1.492 millones. De ellos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación destinará en 2013 un total de 523,37 millones de euros a la cooperación al desarrollo para ayudar a terceros países a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta última es la que sufre la mayor mutilación: un 30% de su presupuesto, que se queda en 266 millones de euros. Unido al recorte del 46,7% en cooperación del año pasado, la AECID trabajará con un 70% menos de lo que manejaba hace sólo dos años.

Con estas cifras presentadas al Congreso, no es difícil dibujar el escenario futuro de esa ex-política de Estado, y sus repercusiones para nuestro lugar en el mundo. Sin ser demasiado fatalistas, a medio plazo (dos años) prevemos un escenario de NO COOPERACION al desarrollo española, que se traduciría en:

- Unas cantidades muy limitadas para proyectos de desarrollo que no procederán de fondos estructurales ni serán incluidos en los presupuestos. Por el contrario, saldrían de lo que se recaude en la campaña anual del IRPF: la ciudadanía marca la casilla “para fines sociales” en su declaración de la Renta, y una parte de lo recaudado se dedica a desarrollo y se concede a ONG en forma de convocatorias de proyectos, como se ha venido haciendo en los últimos años como complemento de las partidas de Ayuda Oficial al Desarrollo española.

Reducir la financiación de actividades de desarrollo a una única convocatoria de este tipo implica la renuncia del Estado a asumir un compromiso de política de cooperación (ni siquiera de relaciones internacionales) y nos remite a un enfoque del tipo caritativo en el que se reparten importes “excedentes”, con el único compromiso por parte del Estado de gestionarlo a través de una oficina, la AECID, sin peso político para marcar una agenda de cooperación.

- En el mejor de los casos, podría haber una pequeña línea con cargo al presupuesto del Estado, que podría replicar el modelo empleado para los acuerdos que ya existen con Cruz Roja para urgencias y emergencias y acción social en España: introducir apoyo presupuestario a los planes estratégicos de un número muy limitado de ONG de Desarrollo. La consecuencia previsible es la liquidación del universo de ONGD medianas y pequeñas. Más allá de los riesgos que implicaba una excesiva atomización, esta pérdida de la pluralidad y de la variedad de las alianzas y el trabajo que desarrollan las organizaciones de sociedad civil en lo local y en pequeñas comunidades y con organizaciones muy débiles, sería fatal. Para establecer un paralelismo fácil, es como si el Estado español decide apoyar a una única productora de cine, basada en Hollywood ... sólo podríamos ver un tipo de películas.

- Lógicamente, una Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo mermada y con un presupuesto tan reducido, se vería obligada a desmantelar su estructura operativa cerrando la mayoría de las Oficinas Técnicas de Cooperación, encargadas de velar por la implantación y el desarrollo de la política de cooperación española en los diversos países donde se lleva(ba!) a cabo. Seguiría un modelo en el que si acaso, en las Embajadas podría haber alguien asignado a cooperación (igual que hay un agregado cultural y otro comercial), para diálogo civil e interministerial, y algún proyecto que haya en ejecución con ONG.

Para acabar de entender cómo quiere España situarse en el escenario internacional, nos puede ayudar el saber dónde se colocan nuestros vecinos europeos e internacional: Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia... no sólo mantienen sus compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo sino que los aumentan, y los países nórdicos siguen siendo líderes en la ayuda internacional. La renuncia a una política clara y bien orientada de cooperación internacional nos convierte en una excepción, nos aísla, nos quita credibilidad y nos aleja casi definitivamente de un grupo de países y administraciones a las que queríamos aproximarnos, desde una visión de política exterior.

Por el contrario, para casi todos los nuevos Estados miembro de la UE, el único presupuesto que contabiliza como AOD es la contribución obligatoria al presupuesto de la Unión. Ésta pasa a los presupuestos generales de la UE, que destina una parte al DCI (Development Co-operation Instrument). España parece tender claramente hacia esta línea.

En cuanto a los actores emergentes, Brasil o China tienen clara su apuesta y destinan grandes montos a lo que se ha venido llamando Cooperación Sur-Sur. Sus objetivos son claramente finalistas y sus prácticas no son las ideales, pero su apuesta reconoce y lleva a la práctica el valor de la cooperación internacional para posicionarse en un mundo global.

Entonces, ¿en qué lugar quiere situarse España dentro de este mundo global? Si renunciamos a ser un “país desarrollado”, que cumple sus compromisos internacionales de lucha contra la pobreza; si incluso los países emergentes ven más clara la apuesta que nosotros; si tendemos a imitar a nuestros vecinos del Este, con el agravante de que en nuestro caso es un retroceso respecto de una situación anterior... sólo nos queda inventar una nueva modalidad de países a liderar. Con esta información y los datos de presupuesto sobre la mesa, ya podemos decir que España lidera el grupo de los países “submergentes”.