El delegado del Gobierno en Melilla dice ante el juez que no ordenó las devoluciones en caliente
Mientras el Ejecutivo continúa con su intención de legalizar las devoluciones en caliente por la puerta de atrás, el proceso judicial que ha supuesto la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla por ordenar estas prácticas sigue su curso. El delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Abdelmalik El Barkani, ha lanzado balones fuera en su respuesta a la petición de información sobre las órdenes esgrimidas durante los días analizados por la justicia –13 de agosto y 18 de junio–: “Por parte del que suscribe no hubo ninguna directriz en los términos y días referenciados”, ha contestado por escrito El Barkani en un documento al que ha tenido acceso eldiario.es.
El delegado del Gobierno asegura, por tanto, que durante los días 12 de agosto y 18 de junio no esbozó ninguna orden sobre la ejecución de las devoluciones en caliente documentadas en los vídeos presentados ante el juez. Desde la imputación del coronel de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, el Barkani ha continuado mostrando su apoyo al jefe del Instituto Armado, defendiendo las devoluciones ilegales bajo la misma tesis que Ambrosio Martín Villaseñor, acusado por ordenar estas prácticas a sabiendas de su irregularidad.
“La Guardia Civil no hace más que cumplir órdenes, es una institución jerarquizada como el Ejército. Está supeditada al poder político”, ha enfatizado un portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Melilla tras ser preguntado por las devoluciones en caliente. “Nosotros, los agentes, no sabemos quién da la orden, pero está ahí. Sucede lo mismo con lo ocurrido en la frontera de Ceuta con el uso de material antidisturbios [la muerte de al menos 15 personas el pasado 6 de febrero, cuando el Instituto Armado empleó pelotas de goma y botes de humo para reprimir el intento de entrada].
Si, hasta el anuncio de la enmienda presentada por el Gobierno para legalizar las devoluciones en caliente, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) defendía la legalidad de las expulsiones inmediatas –tal y como el ejecutivo había explicado con anterioridad en el Congreso de los Diputados–, tras conocer la noticia los agentes de la principal agrupación del Instituto Armado se han quedado descolocados. “No sabemos a qué atenernos”, explica un portavoz de la AUGC de Melilla a eldiario.es. Según describe, la enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, más que otorgarles la “seguridad jurídica” defendida por Interior, les ha causado mayor incertidumbre. “¿Significa que lo que se nos manda hacer no es legal?”
“Nuestra sensación es de estupor. Nosotros creíamos que era legal porque así lo había dicho el ministro del Interior. Hace un mes nos dieron instrucciones sobre las devoluciones de inmigrantes, que ya llevábamos a cabo. Ahora dicen que quieren legalizarlas. Ya no sabemos si son o no son legales. ¿Significa que lo que se nos mandaban hacer no era legal?”, se pregunta el guardia civil.
Decepción ante el protocolo de Interior
La AUGC lleva años pidiendo a gritos un protocolo de actuación que determine con claridad qué pueden y qué no pueden hacer los agentes en las fronteras de Ceuta y Melilla. El documento ha llegado a medias y en unas circunstancias inesperadas. El mismo día en el que se anunciaba la enmienda presentada por el Partido Popular a la Ley de Seguridad Ciudadana el Ministerio del Interior anunciaba la “culminación” del documento. Sin embargo, solo se han hecho públicos una serie de puntos “clave” cargados de generalidades que, según la AUGC, no responde a sus peticiones.
A lo largo de estos apartados destacados no aparece en ningún momento la palabra “devolución”. Estas prácticas se deducen de la frase: “La entrada ilegal en España de inmigrantes se entenderá consumada en caso de rebasar completamente el sistema perimetral de seguridad” y, “excepcionalmente”, aquellos que tras resultar lesionados durante el salto “precisen ser trasladados a un centro médico”. ¿A qué se refiere el “sistema perimetral de seguridad”? ¿Toda la alambrada? ¿La línea humana formada por los agentes?“ No queda especificado en la nota de prensa de Interior. El Ministerio dirigido por Fernández Díaz ha rechazado dar más información al respecto a eldiario.es. El documento sí menciona la posibilidad de que los agentes deban subir la alambrada para ”hacer descender“ a las personas encaramadas.
Por un lado, la asociación mayoritaria de guardias civiles ha denunciado la manera en la que, supuestamente, el Gobierno ha cumplido su petición. La AUGC ha tachado de “poco serio” el hecho de que el protocolo se haya enviado primero a los medios de comunicación y después a los agentes. Además, asegura que en ningún momento se ha contado con la participación de las agrupaciones del Instituto Armado en la redacción de la nueva hoja de ruta para su actuación en frontera.
Por otro lado, la AUGC también ha atacado el hecho de que el nuevo protocolo acompañe a la reforma que pretende legalizar las devoluciones 'en caliente'. Juan Antonio Delgado, portavoz de la asociación, ha asegurado que la regularización aportará “garantías jurídicas” a los agentes “quitándoselas a los inmigrantes”. Para la AUGC, las “devoluciones en caliente” serán un “marrón” para los agentes, a los que se deja “a los pies de los caballos”, porque la legalización de esa fórmula vulnerará los derechos de los inmigrantes.
El intento de legalización
Con el objetivo de legalizar las devoluciones inmediatas, el Gobierno propone una enmienda para introducir una nueva Disposición adicional primera en la Ley de Seguridad Ciudadana. Según la enmienda, el objetivo es que la Ley de Extranjería contenga “una previsión que responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurre en las ciudades de Ceuta y Melilla”.
La reforma del Gobierno incumpliría diferentes tratados internacionales que protegen el derecho al asilo bajo lo que denominan “principio de no devolución”: si los inmigrantes son expulsados sin identificación previa, se podría restringir el derecho al asilo de personas que buscan protección internacional por ser perseguidos o por situaciones de conflicto en sus países de origen. Expertos consultados por eldiario.es creen que el Gobierno no podrá llevar a cabo la modificación de la Ley de Extranjería con este fin por ser “inconstitucional” ya que España, recuerdan, debe cumplir los pactos internacionales.
En este sentido, la Comisión Europea dio un aviso a España la semana pasada asegurando que, aunque el Gobierno español haya decidido “no aplicar” la directiva sobre el retorno de inmigrantes interceptados en frontera, “los Estados deben velar por que se respeten las garantías mínimas” en virtud de esta normativa, que incluye el “principio de no devolución”. Con el objetivo de preguntar directamente a la institución europea acerca de la intención del Gobierno español de legalizar estas prácticas, el grupo del Parlamento Europeo GUE-NGL planteará a la Comisión si está al corriente de los planes del Ejecutivo y si tiene pensado abrir una investigación al respecto.
