La CorteIDH verifica las medidas de protección a migrantes en Panamá ante la pandemia

San José, 9 jul. (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó este jueves una audiencia pública virtual para revisar las medidas de protección otorgadas a migrantes varados en el Darién, en Panamá, y que según organizaciones no gubernamentales están sufriendo violaciones a sus derechos en el contexto de la pandemia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de las supuestas víctimas, denunció que el Estado de Panamá “no ha cumplido adecuadamente, las condiciones siguen siendo deficientes y sigue con una política sistemática de detención migratoria”.

“Hemos reiterado que en el contexto de la pandemia se ha generado un riesgo extremadamente grave y urgente para las más de 1.700 personas detenidas en el Darién donde se han detectado decenas de casos de COVID-19”, afirmó la subdirectora de CEJIL, Marcela Martino.

El CEJIL indicó que hay una falta de cumplimiento en acceso a ventilación natural, artículos de higiene, mascarillas, alcohol y otros aspectos básicos como lavado de manos o protocolos para prevenir los contagios de COVID-19.

Las medidas fueron otorgadas el pasado 26 de mayo por la presidenta de la Corte, Elizabeth Odio, en el marco del caso Vélez Loor vs Panamá, con el fin de proteger los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas detenidas en dichas estaciones migratorias, y representa la primera decisión de la CorteIDH con respecto a la pandemia por COVID-19.

El Tribunal internacional condenó como responsable en el 2010 al Estado de Panamá por las violaciones de derechos en prejuicio de Jesús Vélez Loor, de nacionalidad ecuatoriana, quien fue mantenido en condiciones inhumanas en un centro penitenciario en el Darién y además permaneció con personas procesadas y condenadas por delitos comunes, por haber cometido una infracción migratoria.

“Por las omisiones del Estado de Panamá cientos de personas migrantes hoy se encuentran donde yo estaba hace más 17 años, detenidos en el Darién en condiciones completamente inadecuadas (...) Ahora los hermanos migrantes en el Darién están pagado el precio en este contexto de coronavirus, las personas migrantes pagan con su salud y están en profundo riesgo de contagiarse y llegar hasta el extremo de la muerte”, dijo Vélez en su declaración.

Ante esta situación los representantes de las víctimas y Velez Loor solicitaron a la CorteIDH adoptar más medidas urgentes a favor de la población de las personas migrantes detenidas en las estaciones de La Peñita y Lajas Blancas.

LA RESPUESTA DEL ESTADO PANAMEÑO

El Estado de Panamá por su parte, subrayó la importancia de las recomendaciones y medidas solicitadas por la Corte que trata de aplicar y cumplir en el marco de la crisis sanitaria, mientras que reconoció las dificultades como el cierre de fronteras de Costa Rica y la limitación del paso de las personas migrantes hacia sus países de origen.

Tanto el viceministro de Seguridad, Ivor Axel Pittí, y la viceministra de Salud, Ivette Berrío, puntualizaron las acciones realizadas como traslados a otros centros de detención, atenciones preventivas y curativas, así como entrega de alimentos, entre otras.

“Cualquier esfuerzo debe de ser abarcado desde un punto regional, como resultado de la pandemia muchos países han decidido cerrar sus fronteras para evitar que se expanda el virus y un país individualmente no puede afrontar el reto”, explicó el vicecanciller Federico Alfaro.

Además, la viceministra de Gobernación, Juana López, explicó que Panamá “no detiene a estos migrantes sino que ha realizado un cerco humanitario que implica la detención del virus y dentro de esas circunstancias tratamos de atender a las personas migrantes y seguimos los protocolos”.

Datos de la Organización Internacional de Migraciones, citados en la audiencia por CEJIL, revelan que al 25 de junio había un total de 1.674 personas en La Peñita, que tiene capacidad para 200 personas, de ellos 468 son niños y niñas, para un hacinamiento de 737 % ante lo que los representantes denunciaron que es “imposible adoptar medidas de distanciamiento social”.

En ese lugar además se han reportado 60 personas sospechosas o positivas de COVID-19.

En el mes de abril, el Estado panameño abrió el centro Lajas Blancas para recibir ese tipo de casos, sin embargo, según los denunciantes la respuesta ha sido insuficiente.