Pablo Ceriani, experto de la ONU: “Las expulsiones de menores desde Ceuta son un lamentable paso atrás para España”

El abogado Pablo Ceriani (Buenos Aires, 1973), doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia y Máster en Migraciones Internacionales por la Europea de Madrid, es miembro electo del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Durante su mandato anterior, coordinó un grupo de trabajo en las Naciones Unidas para elaborar las Observaciones Generales Conjuntas de Naciones Unidas sobre los derechos de la niñez. Sus directrices fueron incumplidas en el operativo que devolvió desde Ceuta a 55 menores marroquíes a mediados de agosto. Su expulsión fue, dice, un “lamentable paso atrás” para la imagen de nuestro país.

Autor de los informes de UNICEF sobre Los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española (2019) y La infancia en movimiento en la ruta canaria (2021), Ceriani advierte que la elusión sistemática de los procedimientos que velan por el interés superior de cada menor “genera una red circular de violencia, peligros e irregularidades que además no frena la migración”. A su juicio siguen siendo necesarios cambios en el sistema español de protección a la infancia, que “no funciona con personas en contextos de movilidad”, y un mecanismo estatal de “corresponsabilidad” para hacer frente a llegadas “masivas” de menores solos como la acontecida en la ciudad autónoma.

¿Cómo ha visto el intento de España de repatriar al margen de la legislación de Extranjería y Protección al Menor a cientos de niños migrantes solos marroquíes desde Ceuta?

Con gran preocupación. Quienes desde diferentes lugares observamos todo lo que tiene que ver con la infancia migrante en distintas latitudes tendíamos a incluir a España dentro del catálogo de buenas prácticas. No en todos los aspectos, pero sí en dejar a cargo del Sistema de Protección de Infancia la respuesta a la llegada de niños no acompañados. Las reglas y principios del Derecho Internacional, desarrollado sobre todo por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, exigen que el liderazgo y el seguimiento de cada caso corresponda a la autoridad española, que venía siendo un buen ejemplo con matices.

Había problemas vinculados al procedimiento de determinación de la edad y a las fórmulas de acogimiento por falta de permisos de residencia o de un sistema de corresponsabilidad en todo el territorio español, pero primaba la protección a la infancia sobre la óptica migratoria. El caso de Ceuta ha sido un lamentable paso atrás porque las decisiones no se adoptaron guiadas por el respeto a los derechos de cada niño, sino por otros motivos de colaboración entre dos Estados.

Las autoridades han apelado a la necesidad de una respuesta excepcional a una situación extraordinaria como la generada en mayo en Ceuta, ciudad cuyas limitaciones conoce.

En 2018 trabajé con un equipo de UNICEF España en Ceuta, Melilla y Andalucía sobre la llegada de miles de niños a esos tres territorios. Ya entonces advertimos de una serie de problemas serios, de deficiencias, en lo tocante a la atención, a la coordinación entre las autonomías y el Estado, a la preparación para contingencias con recursos de protección adecuados… Los niños quedaban en el sistema de protección y había que arreglar ciertas cosas: corresponsabilidad, transición a la mayoría de edad, permisos de residencia, recursos de acogida adecuados, más intérpretes y mediadores culturales… Se trataba de mejorar sustancialmente las políticas, pero no había prácticas de devolución con fines migratorios. Por eso estas expulsiones han sido tan preocupantes.

El de la excepcionalidad no es un argumento válido para nada. Se deberían haber reforzado los recursos humanos, técnicos y de infraestructuras que existen en Ceuta y el resto de España para atender a los niños que llegaron, no obviar nuestras obligaciones legales para quitarnos el desafío de encima. Lo contrario es como si, ahora que están saliendo miles de afganos, dijésemos que vamos a anular nuestro marco jurídico para quienes huyen de situaciones tan graves, cerrar las fronteras y devolverlos de inmediato. 

En su informe para UNICEF de hace tres años sobre la frontera sur española ya reclamaba planes específicos para “el caso de llegada de un número importante de niños y niñas migrantes”.

Sí. Y se reitera en el último informe sobre lo acontecido en Canarias, donde por suerte no han sido devueltos ni a Marruecos ni a otros países con números que triplican los de Ceuta. El peso no puede limitarse a una comunidad o ciudad autónoma. El esquema se traslada a escala europea: así como los países de las fronteras sur o este reivindican una política comunitaria, en España la realidad no es solo de Ceuta, Melilla, Andalucía, Murcia o Canarias, sino nacional o europea. Hace falta un marco preparado para contingencias de este tipo que no hagan recaer el peso sobre una región. 

El sistema de protección a la infancia clásico, pensado para niños en desamparo que han sufrido abusos o violencia y pueden ser derivados dentro de su propia comunidad a recursos de acogida o atención especializada, no funciona para personas en contexto de movilidad. Exige coordinación de todos los actores para fenómenos con otras características. Lo que no puede pasar nunca es que, mientras eso sucede, se deje de lado el marco jurídico de protección a la infancia. No se puede tomar una vía excepcional porque 'son muchos' o 'alcancé un acuerdo con otro Estado' para eludir obligaciones asumidas ante la comunidad internacional. Está totalmente prohibido.

Con un Estado como Marruecos que, además, acaba de ser reprobado por el Parlamento Europeo intentar hacer chantaje político a España con sus niños.

Eso hace esto todavía más absurdo. Existía una acusación de uso de los niños en la estrategia política de Marruecos y se hace difícil pensar que la solución pueda ser devolverlos a un país que ya dio cuenta de su déficit, desinterés o falta de voluntad a la hora de proteger sus derechos. No cabe discusión sobre que no son posibles las resoluciones colectivas: hay que adoptar soluciones caso a caso y el retorno no es la única opción.

¿Cómo debería articularse la colaboración de los países de destino con los de origen?

Hay que trabajar seriamente, no desde un púlpito, con objetivos a corto, medio y largo plazo, sobre cómo fortalecer el sistema de protección de infancia, abordar causas estructurales, profundizar en mecanismos de estabilidad democrática y condiciones de vida dignas… Si eso no está en la planificación acabamos discutiendo de las consecuencias, que no hace cosa más que agravar el problema. Para Europa la prioridad ha estado históricamente más en que los países africanos colaboren en el control migratorio que en las motivaciones de fondo del desplazamiento. 

"El ‘efecto llamada’ son las condiciones de las que huyen las personas"

El Gobierno de Ceuta se excusa alegando que pedir solidaridad al resto de autonomías para un reparto de los menores acogidos alimentaría una suerte de 'efecto llamada'.

Si uno mira las realidades de las rutas migratorias del mundo la evidencia es abrumadora: no son las políticas que protegen derechos las que generan 'efecto llamada'. Si así fuera. sería inexplicable que en los últimos diez meses hayan ingresado a Estados Unidos por su frontera sur 1,3 millones de personas a pesar de una política migratoria extremadamente restrictiva, sin una regularización migratoria desde mediados de los años ochenta… El 'efecto llamada' son las condiciones de las que huyen las personas, no la legislación del país al que llegan. No hay ninguna relación de causa-efecto entre políticas que respetan la ley y los derechos y un incremento de las llegadas. Está sobradamente probado a nivel global.

¿Por qué cree que se desecha esa vía entonces?

No sabría decir por qué el Gobierno de Ceuta, tras años pidiéndolo una y otra vez, ha renunciado a ella, pero en cualquier caso no deberíamos hablar de solidaridad, que también, porque es un principio constitucional en España. A la solidaridad hay que darle un significado jurídico en términos de corresponsabilidad cuando hablamos de proteger los derechos de la infancia. El Comité de Derechos del Niño de la ONU ya dijo en 2018 que hace falta un mecanismo global, que las reglas de protección no pueden variar entre regiones, que un niño no puede estar hacinado en Ceuta o Canarias y con todas las condiciones en otra región. 

¿Temen los políticos pagar un precio político por ser corresponsables con la niñez migrante ante su criminalización por parte de la ultraderecha?

Está claro que hay un auge global del uso ultraderechista del tema migratorio, como estrategia discursiva para crecer políticamente. Este impulso ha ido empujando hacia la derecha las posiciones y políticas del resto de partidos, ignorando los factores estructurales que empujan a la población a desplazarse para impedir ejercer el derecho humano a salir de tu país, reconocido desde 1948 a petición de los países occidentales en plena discusión con el bloque soviético. Ahora son los primeros los que imposibilitan ejercerlo a millones de personas. Basta ver lo que está sucediendo en Afganistán y ya conocemos lo que ha pasado en Lesbos y otras rutas. En vez de debatir sobre cómo revertir este proceso, terminamos inmersos la discusión a la que nos dirige la extrema derecha.

Con el caso de Ceuta se ha puesto más en el énfasis, de hecho, en la vulneración de la Ley de Extranjería que en la de Protección del Menor. ¿Es un error de enfoque?

La Ley de Protección del Menor deja muy claro que es responsabilidad de las administraciones públicas velar por el interés superior del menor como principio rector supremo. Debería incluir más explícitamente referencias al niño migrante o solicitante de asilo aunque lo repita la normativa de Extranjería. Lo ideal sería que se apruebe el Reglamento de la Ley de Asilo y que incorpore procedimientos para que la niñez no acompañada pueda pedir protección internacional.

No obstante, la Convención es suficientemente detallada para que un Estado como España, donde ya existe jurisprudencia al respecto, no pervierta el sistema de tutela. El tutor de un menor no acompañado debe ser alguien especializado en materia de infancia que vela por que cada paso que se persiga el objetivo de proteger sus derechos de manera individualizada atendiendo a la vulnerabilidad de cada caso. Si funciona mal, como parece que sucedió en Ceuta, debe ser reparada con asistencia jurídica especializada, dictamen de la Fiscalía, un proceso que recoja información y evalúe individualmente… Nada de eso ha ocurrido.

Las autoridades también alegan que es “imposible” completar una repatriación aplicando la Ley. ¿Es la española 'demasiado garantista' en términos de Derecho comparado?

No. Hay países con legislaciones mucho más desarrolladas que España y otros con menos. La repatriación es posible si las evaluaciones se hacen con la mayor celeridad posible y las herramientas y principios adecuados. Sí es factible concluir que para determinados niños lo mejor sea regresar a su país, pero eso solo se puede saber con un procedimiento, lo que pretenden eludir quienes dicen que esto es muy 'garantista'.

Los países que efectúan devoluciones sistemáticamente, como Estados Unidos y México, con acuerdos que vulneran derechos y generan daños, dado que hay menores que acaban siendo víctimas de violencia tras ser repatriados. Estas políticas crean una red circular de violencia, peligros e irregularidades, un sistema cíclico cada vez más peligroso que no frena la migración: los niños son retornados, pero vuelven a salir una y otra vez. En cada ocasión generan más negocio para los traficantes de personas, asumen más riesgos en las rutas, se encuentran con más peligros a lo largo del camino…