La victoria de los inmigrantes sin papeles con niños españoles: el Gobierno facilita su regularización aunque no tengan trabajo

Aunque Charles, de nacionalidad nigeriana, vive en España desde hace casi 20 años y tiene una hija española, pasó los meses anteriores a la caducidad de su permiso de residencia temporal con la ansiedad de encontrar algún problema en la renovación por no tener un trabajo estable. El año anterior había regularizado su situación a través del arraigo familiar, un permiso de un año de duración. Tener una hija española, convivir con ella y ser parte de su sustento no garantizaba el derecho a vivir junto a ella, en base a lo establecido en la normativa española. Hasta esta semana.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado este lunes una instrucción para flexibilizar los requisitos exigidos para obtener una residencia de cinco años a los inmigrantes extracomunitarios con hijos españoles menores de edad. El objetivo, detallan desde la Secretaría de Estado de Migraciones, es evitar que estos padres y madres acaben expuestos a “una irregularidad sobrevenida debido a los requisitos” económicos exigidos para renovar su autorización. La orden también beneficia a los ascendientes nacionales de terceros país de un menor de otro Estado miembro que viva en España, quienes podrán solicitar una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, como marca la jurisprudencia comunitaria.

La instrucción, desarrollada por la Dirección General de Migraciones, permite a los padres y madres de niños españoles obtener una residencia de cinco años de vigencia sin tener que acreditar medios económicos ni antecedentes penales, sino que únicamente deberán demostrar el vínculo paterno-filial y la relación de dependencia existente entre ambos. La medida acaba con la incertidumbre que conllevaba la exigencia de encadenar autorizaciones por la vía extraordinaria -de un año de duración-, el único procedimiento por el que estas personas podían obtener sus papeles en caso de no tener trabajo.

Una batalla histórica

La lucha por lograr un canal de regularización para los progenitores extracomunitarios de niños españoles se remonta a principios de los años 2000, tras la aprobación del primer reglamento de extranjería del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que desapareció la vía específica destinada a los padres y madres de estos menores. Hasta entonces, la salvaguarda del bien superior del menor español garantizaba, por una vía u otra, la concesión del permiso de residencia a sus padres extranjeros.

Entre los abogados extranjeristas que alzaban entonces la voz para denunciar lo que ya se tachaba de “escándalo” se encontraba el letrado Francisco Solans. “Imagínense el cuerpo que se le queda a uno cuando le vienen unos padres recientes, con su niño en brazos, [...] a informarse de qué derechos puede tener el niño y qué derechos facilita a sus padres. Y tenerles que decir: 'Su hijo es español, tiene todos los derechos, pero ustedes no tienen ninguno”, clamaba el jurista en su blog hace ya un lustro.

No fue hasta 2011 cuando, con la aprobación de un nuevo reglamento, se introdujo en la legislación una posibilidad para regularizar a estas personas en caso de no contar con los recursos económicos exigidos: la residencia extraordinaria por arraigo familiar. El cambio normativo resultó no ser la solución definitiva para los afectados.

Cuando llegó el momento de renovar las autorizaciones extraordinarias, los progenitores que no habían encontrado en este tiempo un contrato de trabajo, y necesitaban una prórroga de su permiso extraordinario, se chocaban con la negativa de la Administración. “No permitían las renovaciones. Era muy absurdo. Esa falta de prórroga se fue recurriendo, hasta llegar al Supremo”, recuerda Solans en conversación con elDiario.es.

En mayo del año pasado, el Supremo les dio la razón en una sentencia que, junto a un fallo anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha empujado la flexibilización de los requisitos impuestos a los afectados, materializada en la instrucción anunciada este lunes por Migraciones.

“Hasta entonces, en estos casos, una vez que se obtiene un permiso de residencia por arraigo familiar, si en ese tiempo habías ejercido actividad laboral, se pasaba a una autorización de dos años. Pero si no habían podido trabajar, se quedaban en situación irregular, porque no había otra vía y no te dejaban reiterar una solicitud extraordinaria. Pero a partir de la sentencia del Supremo, si no habías ejercido actividad laboral durante un año no había nada que te impidiese volver a renovar el permiso extraordinario por arraigo por un año más”, resume Guillermo Morales, director general del despacho de abogados Legalteam.

La nueva instrucción va más allá de lo establecido por el Supremo. “Ahora toda esta nueva incertidumbre se acaba con esta nueva instrucción que permiten a estos padres acceder a un permiso de residencia de cinco años sin demostrar medios económicos”, añade Morales. “Es una demanda histórica. Muchos padres de niños españoles o comunitarios se han visto en la situación de no poder acreditar medios económicos. Sin papeles, no pueden tener contrato, por lo que es la pescadilla que se muerde la cola”, apunta Guiovana Vila, letrada del despacho Asesoría y Asesoría.

“Garantizar la estabilidad del menor”

La medida también había sido solicitada en numerosas ocasiones por el Defensor del Pueblo y por ONG especializadas en infancia, como Save The Children, con el objetivo de garantizar un entorno “estable para el desarrollo de los menores” con padres de terceros países. “El acceso a los derechos de esos progenitores de niños comunitarios o españoles permite garantizar una estabilidad administrativa a niños que dependen de ellos, es muy importante en un momento en el que nos encontramos”, detalla Jenifer Zuppiroli, de Save The Children.

“En estos momentos, con la crisis ligada a la COVID-19, se podían generar aún más situaciones de irregularidad sobrevenida que no puede conllevar una disminución de las condiciones de bienestar de la infancia. No podemos permitir que estos niños se vean más desprotegidos debido al estatus administrativo de sus progenitores”, concluye la experta en infancia en movimiento.

Save The Children se encuentra en un proceso de revisión de la Ley de Extranjería desde un enfoque de infancia con el objetivo de solicitar al Gobierno una serie de modificaciones para garantizar la protección de la infancia migrante. “Es necesario ir más allá. Estamos mirando con lupa la normativa: un niño es niño antes que extranjero”, añade Zuppiroli. En este sentido, la letrada Vila recuerda otro efecto discriminatorio de la legislación que, a su juicio, debería ser modificado: “Tenemos niños que nacen en territorio español, hijos de personas sin papeles, que no pueden obtener la residencia y se encuentran indocumentados. Hay que darles una respuesta”.

A su llegada al Ministerio de Inclusión, José Luis Escrivá anunció su intención de reformar la Ley de Extranjería con la finalidad de flexibilizar y facilitar el acceso a la documentación a quienes viven en España en situación irregular. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones han aprobado varias batería de instrucciones en este sentido, que afectan a casos específicos. El ministro rechaza el impulso de un procedimiento de regularización masivo, como llevan meses solicitando colectivos sociales y ONG. Tras trasladar su petición al Congreso de los Diputados en forma de Proposición No de Ley (PNL), el Parlamento la rechazó por mayoría este miércoles.

Charles, quien no ha podido trabajar en los últimos meses ante la incertidumbre generada desde el estado de alarma, logró obtener una respuesta afirmativa a su prórroga de la residencia por razones extraordinarias. El permiso, de nuevo, caducará dentro de un año, pero augura una espera menos angustiosa. La siguiente renovación le concederá cinco años de tranquilidad, en base a lo establecido por la nueva instrucción de Migraciones.

“La posibilidad de que no me renovasen me ponía muy nervioso. Es muy necesario que no tengamos que enfrentarnos a la renovación cada año, que nos lo hagan más fácil. Yo ahora estoy buscando faena, y está todo muy difícil. Pero sin papeles tenemos ni la posibilidad de encontrar un empleo: ¿cómo vamos a cuidar a nuestras hijas?”, se pregunta Charles.