De un tiempo a esta parte, ayuntamientos y regiones de España (y el mundo) se han puesto a regularizar el asunto de las viviendas de uso turístico (VUT). En general, lo han hecho tarde, cuando ya se había dado buena parte del trasvase de oferta residencial a turística y, con él, el daño, y con temores y dudas provocadas por razones varias: las competencias turísticas, a cargo de las comunidades autónomas, y las diferencias de criterios al respecto; la previsión de recursos por parte de plataformas, asociaciones de anfitriones y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); y, por encima de todo, ese relato oficial que nos hace creer que el turismo sólo es un gran invento y por tanto no puede provocar daños de ninguna manera. Ahora, con las normas propuestas, brotan también los argumentos a la contra en boca de agentes diversos: juristas, asociaciones empresariales, políticos y ciudadanos (con y sin mayúsculas). Cuatro o cinco frases repetidas con insistencia que se desmontan en 3, 2, 1…
Es mi casa y en mi casa puedo hacer lo que me da la gana. Sí, claro. Pongamos que vives en el 4ºB de un edificio en una calle cualquiera de una ciudad cualquiera. Pongamos que se te da de cine el estilismo capilar y que quieres abrir una peluquería, es decir, dedicar la mayor parte del tiempo y el espacio de tu vivienda al negocio de lavar y marcar. No se trata de que trasquiles a tus amistades de vez en cuando por hacerles el favor y por un dinerito que te ayude a llevar el día a día. No. Lo que pretendes es convertir tu residencia en un salón de estética. Vale, pues buena suerte porque te vas a encontrar multitud de normativas que te van a frenar, desde las de la propia comunidad de vecinos hasta las regionales pero, en cualquier caso, tendrás que pedir a tu ayuntamiento el cambio de uso residencial a terciario (así lo suelen recoger los planes generales de ordenación urbana) y cumplir una lista de requerimientos que igual te desaniman. Entonces, ¿no debería ocurrir igual si conviertes tu vivienda en una especie de hotel o una pensión, que es lo que son finalmente las VUT dedicadas todo el año al alquiler turístico? Debería. Lo que está pasando en ciudades de todo el mundo con las propuestas de regulación no es, como se dice constantemente, un ataque a la libertad de empresa ni, mucho menos, a las libertades individuales, es la normalización de una situación que es anormal. No, en tu casa no puedes montar el negocio que te de la gana; si es una vivienda, es para vivir.
Pero si es economía colaborativa. La idea esencial del negocio de Airbnb y similares es estupenda. Así nos lo ha parecido a todos hasta que la mayoría nos hemos dado cuenta de que la propuesta original ha cambiado. Todos los estudios y mapeos independientes señalan que entre un 30 y un 60% de las ofertas que aparecen en las plataformas vienen de anfitriones comerciales, los que tienen más de una vivienda en alquiler. Hay muchos que manejan centenares de ellas en una sola ciudad. De hecho, las directivas de las asociaciones que defienden los intereses de los gestores de VUT suelen estar copadas por estos profesionales que, por supuesto, defienden su negocio mucho más que el concepto de economía colaborativa, aunque lo usen como argumento en su defensa. La realidad es que este tipo de empresas están apartando a los ciudadanos que operan por su cuenta, que no pueden competir con los precios que ofrecen quienes manejan multitud de ofertas. Y que detrás, en la propiedad de edificios y pisos, hay desde inversores medios hasta fondos gigantescos y, sorpresa, hoteles. Finalmente, si acaso son las regulaciones las que están tratando de devolver todo esto al terreno de la economía colaborativa con normas como el máximo de 90 días, la de un propietario, un anuncio o el permiso para rentar sólo habitaciones.
Todos trabajamos para el lobby hotelero. Si quieres pasar por bueno, lo mejor que puedes hacer es autoproclamarte víctima de una conspiración de alguien con fama de ser peor. Tanto las plataformas como las asociaciones de propietarios y gestores de VUT acostumbran a plañir mientras señalan a la industria hotelera mundial como titiritera de las regulaciones de las administraciones y de las protestas vecinales. Y no es así. En San Francisco, por ejemplo, la ciudad de origen de Airbnb que inició en 2015 un proceso regulatorio, esta plataforma invirtió ocho millones de dólares en una campaña de lobby —que incluía publicidad con mensajes que chuleaban al ayuntamiento de allí— dirigida por Chris Lehane, fichado para estos menesteres por su experiencia con Bill Clinton, Al Gore y Lance Armstrong. Cuando la empresa logró la victoria en el primer asalto —el combate lo ganó la ciudad, que está consiguiendo normalizar la situación— sacó el argumentario y proclamó: “Ha sido una victoria de la clase media frente al poder de la industria hotelera”. Pues no. En frente tenía a asociaciones de vecinos y un sindicato de trabajadores de hotel, movimientos sociales de poder minúsculo que sólo pudieron invertir en el caso 269.000 dólares contra esos ocho millones. De hecho, como decía un punto más atrás y para demostrar que este texto tampoco está pagado por el maligno, la realidad es que la industria hotelera está metida en el negocio de varias maneras. Por ejemplo: BeMate es la rama pisoturística de Room Mate, la cadena propiedad de Kike Sarasola, y gestiona miles de VUT, tanto edificios como apartamentos sueltos. Wyndham, una de las grandes cadenas hoteleras del mundo, ha comprado Wimdu, un pequeña plataforma de VUT, y empresas gestoras de la cosa como la británica Love Home Swap y la española Friendly Rentals. Lo mismo que están haciendo Accor y Hyatt. De hecho, en realidad todo el negocio, tanto el hotelero como el de las VUT, es finalmente inmobiliario y tirando a financiero y detrás se encuentran fondos como Blackstone y otros pero eso, aunque no es otra historia, no cabe aquí. Lo que sí hay que decir es que todos los movimientos vecinales que protestan y piden medidas para controlar las VUT piden también moratorias hoteleras y, en general, controlar la apropiación de los barrios por parte de los grandes capitales inmobiliarios.
Regular los pisos turísticos es atacar a las clases medias. Owen Jones tiene bien contando cuándo nos vendieron la burra de que ser clase media es una especie de bicoca aspiracional y, por eso, un escudo protector que se arma sólo con nombrar un ataque a su (difuso) epicentro. Así que yo me puedo centrar en desmontar el argumento sólo en este caso de las VUT. A ver: si como se ha explicado en el punto anterior y en el anterior al anterior, esto es un cotarro manejado por empresarios, inversores, fondos y hasta cadenas hoteleras, ¿es que hemos ampliado el concepto de clase media o es que nos están tratando de colar un gol? Por otra parte, o quizá no tanto, ¿sólo se ve afectada por la subida de los precios de alquiler que en parte provoca la proliferación de las VUT la clase obrera? ¿No se empobrecen también las clases medias con un aumento del 30% de sus gastos en alojamiento?
Las VUT no influyen en la subida de los precios. ¿De verdad hay que contestar esto a estas alturas de la crisis de alojamiento?
Nosotros colaboramos con las ciudades. Esto es un clásico de la comunicación corporativa de Airbnb y un chiste con bastante poca gracia. Lo cierto es que Airbnb y otras plataformas se resisten a compartir datos con ayuntamientos, regiones y estados, salvo cuando el viento les sopla a favor. Sólo cuando hay sentencias judiciales (San Francisco) o multas (Barcelona) se somete a la voluntad regulatoria de las ciudades. En cuanto al Estado, cuando el verano pasado Montoro dijo que les iba a pedir datos de propietarios y gestores para hacer control fiscal del negocio, la respuesta fue muy colaborativa: no.
Lo de los neoluditas. El ludismo fue un movimiento de principios del XIX que protestaba porque las máquinas de la Revolución Industrial iban a quitar el empleo de los artesanos. El neoludismo es la recreación de aquello pero a partir de 1990 ante el avance de las nuevas tecnologías. Hoy, el término se usa sobre todo para ridiculizar a los que dudan de esas empresas esconden las intenciones de siempre tras el brillo de la modernidad y hasta hay un lobby, perdón, una fundación estadounidense que da unos Premios Luditas, algo así como los Ignobel. Llamarnos neoluditas a quienes defendemos la regulación es un choteo habitual de las asociaciones de gestores y propietarios. No me voy a meter en el jardín de discutir sobre si todo progreso e innovación es bueno por definición porque la cosa da para un libro pero sí diré que, para la mayoría de los historiadores, el ludismo, más que un movimiento tecnófobo, fue una lucha obrera para reclamar derechos, una lucha que luego y con otros nombres fue paralela al desarrollo de la Revolución Industrial y que acabó consiguiendo cosas como jornadas y condiciones laborales dignas, el fin del trabajo infantil y hasta el derecho a las vacaciones pagadas, que algo tiene que ver con el turismo y con el negocio del que estamos hablando. Entonces, como ahora, el problema no eran las máquinas sino para qué y cómo se utilizaban. Es decir, aquí no se trata de ir contra la innovación sino de frenar un negocio que consiste en la extracción y comercialización de un recurso que es un derecho recogido en la Constitución: la vivienda. La tecnología, otra vez, sólo es un medio para el fin de siempre.
