La movilidad territorial de las empleadas públicas víctimas de violencia de género se tramitará de forma preferente

La Conferencia Sectorial de Administración Pública ha acordado este lunes favorecer la movilidad de las empleadas públicas que sean víctimas de violencia de género, de manera que puedan trasladarse a la Administración y localidad que soliciten con mayor facilidad. Este tipo de demandas de movilidad territorial se tramitarán de forma preferente.

El objetivo es que estas empleadas “puedan recibir el apoyo psicológico, la asistencia social y la protección integral que necesiten, así como poder vivir en un entorno familiar, personal y laboral en el que se sientan arropadas”. En este sentido, según ha explicado en un comunicado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, estas empleadas no sufrirán pérdidas retributivas ni retrocederán en su carrera profesional por estos traslados. 

Estas solicitudes se tramitarán con carácter preferente para que la resolución adoptada se dicte en el menor tiempo posible y siempre respetando la intimidad de la mujer y protegiendo sus datos personales y los de sus ascendientes y descendientes. 

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que ha presidido la reunión de la Conferencia, ha destacado que “las empleadas víctimas de estas situaciones deben conocer este derecho que las ampara y que les facilitará la toma de una decisión no siempre fácil de adoptar. Debemos ser capaces de generarles confianza y estabilidad en las condiciones laborales de las que venían disfrutando, porque sólo así conseguirán desarrollar su vida con cierta normalidad”.

Durante la reunión de la conferencia sectorial de este lunes, la primera en nueve años, se ha aprobado su reglamento de organización y funcionamiento, se ha informado sobre políticas de movilidad de empleo público y se han abordado los trabajos que realizan otros órganos de cooperación.

Batet ha destacado la necesidad de fortalecer el diálogo con los territorios, como ocurre con este órgano, que reúne a los consejeros de las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

Otras cuestiones abordadas en el encuentro han sido el acuerdo de estabilización del empleo público, el progreso de la administración digital o el grupo de gobierno abierto.