Las víctimas de violencia de género apenas se acogen al derecho a parar temporalmente sus contratos de trabajo
¿Qué puede hacer una mujer que sufre violencia de género y que tiene que seguir yendo a su puesto de trabajo? La Ley Integral contra la Violencia de Género incluyó varias posibilidades para facilitar a las mujeres su inserción laboral pero la mayoría apenas las usan. Como ejemplo, un dato: en una década, de 2006 a 2016, solo mil mujeres suspendieron o extinguieron sus contratos de trabajo para pasar a cobrar el paro. Se trata de una de las medidas que contempla la norma y que permite a las mujeres paralizar su contrato temporalmente mientras cobran el paro y con reserva de su puesto asegurada.
Las mujeres pueden decidir si suspenden (de forma temporal) o extinguen (definitivamente) su contrato laboral durante seis meses. Este periodo es prorrogable hasta 18 meses, bien por mandato judicial, bien porque las trabajadoras estén bajo el paraguas de algún convenio sectorial o empresarial que mejora esos periodos. Durante ese tiempo cobran la prestación o el subsidio de paro que hayan generado. Entre 2006 y 2019, 1.001 mujeres se acogieron a esta cifra, según datos recogidos por UGT: 737 tenían derecho a cobrar una prestación y 264 a percibir un subsidio (de menos cuantía).
Se trata de unas cifras ridículas si se comparan con la cantidad de mujeres que sufren violencia de género. Para la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, su escaso uso se debe al “desconocimiento” de estas medidas que existe entre las empresas y trabajadoras, pero también en los servicios públicos de empleo. Antoñanzas menciona también el “estigma” que hace que muchas mujeres prefieran no contar en sus empresas la situación que viven.
Año a año la evolución ha sido positiva: de solo 14 mujeres en 2006 a 91 en 2016. No obstante, en los últimos años ha habido un retroceso, ya que en 2011 y 2012 se beneficiaron de esta medida 135 y 117 trabajadores, respectivamente. En 2015, la cifra de beneficiarias fue de 93.
Otra de las medidas que incluyó la ley fue la bonificación a los contratos que las empresas hagan con mujeres que hayan sufrido violencia de género. En 2016, sin embargo, se bonificaron 801 contratos y la mayoría, el 75%, fueron temporales. “Así no hay manera de insertar laboralmente a las mujeres”, dice Elisa García, del departamento de Mujer del sindicato.
Hasta ahora, para acceder a alguna de estas medidas las mujeres tienen que tener una orden judicial o bien un informe del Ministerio Fiscal que las acredite como víctimas. El Pacto de Estado contra la violencia machista busca precisamente acabar con ese requisito para que las mujeres que no denuncian también puedan acogerse a estos programas si tienen un informe de los servicios sociales o incluso de una asociación especializada.
Islas Baleares: un empleo asegurado
Islas Baleares acaba de aprobar un plan para reforzar la inserción laboral de las mujeres que sean víctimas de violencia de género: desde 2018 el Govern garantizará un empleo durante un año a todas las mujeres que estén inscritas en el servicio público de empleo como demandantes y que tengan un informe del Institut Balear de la Dona o de Acción Social que las acredite como víctimas. Es decir, no necesitarán una denuncia o una orden judicial para acceder a este programa.
El Servicio de Ocupación de las Islas Baleares impulsará la contratación de estas mujeres en empresas privadas pero, en última instancia y si no encuentran un empleo de esta manera, el Govern garantizará un puesto público a través de las corporaciones municipales, las empresas públicas y las entidades sin ánimo de lucro. El presupuesto para 2018 es de dos millones de euros ampliables y esperan llegar a unas 200 mujeres.
