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Reyal Urbis debe 700 millones al banco malo y 615 millones al Estado
Reyal Urbis solicitará concurso voluntario de acreedores tras no haber podido alcanzar un acuerdo con los bancos para refinanciar su deuda financiera de 3.613 millones de euros, según informó la inmobiliaria.
La suspensión de pagos de la compañía que controla y preside Rafael Santamaría será así la segunda mayor de la historia empresarial española por volumen de pasivo por detrás de la de Martinsa Fadesa.
En la última semana, Reyal recibió el rechazo de sus principales entidades acreedoras a la última propuesta que había presentado. Esta iniciativa pasaba por liberar de garantías a un lote de activos valorados en unos 300 millones de euros para poder venderlas y obtener liquidez, una suerte de dación en pago.
El primer acreedor del grupo son Santander y Banesto, entidades con los que tiene un pasivo de 530 millones al que es preciso sumar gran parte de la deuda de unos 300 millones que soporta Inveryal, una sociedad patrimonial de Rafael Santamaría.
De su lado, la Sareb, el 'banco malo', suma una deuda de 707 millones, dado que ha asumido los préstamos al promotor de las entidades nacionalizadas y se quedará también con los de los bancos del 'grupo dos'.
Además, Reyal adeuda unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria y otros 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En el listado de acreedores figura también el fondo Appaloosa, que recientemente compró la deuda de 406 millones que tenía Barclays, el Banco Popular, FMS, Caixa Geral, EuroHypo, RBS y BBVA.
Por contra, Reyal asegura contar con activos valorados en 4.194 millones de euros, según datos de la compañía a partir de la última valoración independiente, realizada en junio del pasado año.
CUARTA REFINANCIACIÓN.
La inmobiliaria, surgida en 2006, en pleno 'boom' del sector, de la compra de Urbis por parte de Reyal a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de unos 3.300 millones de euros, se acogió al 'preconcurso' de acreedores en octubre de 2012.
La firma reconoció así ante un juez su insolvencia más de un año después de que iniciara el cuarto proceso de refinanciación de deuda que aborda desde que estalló la crisis.
La inmobiliaria cuenta con una plantilla de unos 470 trabajadores y cerró cierre de septiembre de 2012 una pérdida neta de 257,93 millones de euros, casi el doble respecto al año anterior.
