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Hacienda anuncia que el sistema para pedir la devolución del IRPF por maternidad estará listo "en unos días"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calcula que el coste para las arcas públicas de la devolución del IRPF será de 1.100 o 1.200 millones de euros

Anuncia que no se reducirán los actuales limites de tributación por módulos a partir de enero de 2019, como estaba previsto

Afirma que "no contempla" que no se aprueben los Presupuestos de 2019 a pesar de las dificultades políticas

Montero: Estamos dispuestos a hablar con todos respetando el pacto con Podemos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero EFE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el sistema para reclamar el IRPF pagado durante la baja de maternidad "estará disponible en unos días". El Ministerio está trabajando en un "formato homologable" en todos los territorios, que resulte "sencillo" y que "no genere desplazamientos" a quienes decidan reclamarlo, ha explicado. Montero ha calculado que el coste para las arcas públicas ascenderá a 1.100 o 1.200 millones de euros. Hace poco más de un mes, el Tribunal Supremo dictaminó que las prestaciones por maternidad no debían tributar como renta, frente al criterio mantenido por la Agencia Tributaria.

Además, el Ministerio de Hacienda prorrogará en 2019 el actual régimen de tributación por módulos. Lo que esto significa es que el medio millón de autónomos que paga sus impuestos en función de una estimación objetiva, no directa, podrán seguir haciéndolo. Esto afecta, sobre todo, a los 80.000 trabajadores del transporte ligero y pesado que trabajan como autónomos para otras empresas, que habían amenazado con movilizaciones ante una medida que iba a implicar una subida de impuestos para ellos. La legislación vigente contemplaba que a partir de 2019 se endurecerían los umbrales para tributar por el sistema de estimación objetiva (módulos).

Sin embargo, se van a mantener los actuales umbrales, esto es, se excluirán del sistema a los autónomos cuyos rendimientos íntegros superen los 250.000 euros; que facturen a otros empresarios o profesionales por encima de los 125.000 euros, o con  compras en bienes y servicios que superen los 250.000 euros.

La actual ley determinaba que estos límites bajaban a partir de 2019 a 150.000 euros en el primer caso, a 75.000 en el segundo y a 150.000 en el tercero.

"No contemplo" una prórroga presupuestaria 

En un desayuno organizado por el Foro Cinco Días, la ministra ha insistido en que, a pesar de las dificultades políticas, no contempla que no se aprueben los presupuestos de 2019 pactados con Unidos Podemos. "Seguir con la inercia que nos ha traído a esta desaceleración no es responsable", ha mantenido. De lo contrario, las consecuencias serán contribuir "a la desafección de las instituciones" y la "pérdida de confianza en la democracia", un "peligroso camino que no queremos transitar", ha explicado. Este lunes, la ministra de Economía, Nadia Calviño, abrió la puerta en Bruselas a prorrogar los presupuestos del PP si no hay apoyos parlamentarios.

Sobre este tema se ha pronunciado poco después el secretario de Organización de Unidos Podemos, Pablo Echenique, que ha asistido a la conferencia. Le ha pedido al Gobierno que "no se resigne" a una prórroga presupuestaria. "los partidos catalanes tendrán que pensar porqué van a cargar sobre las espaldas de los trabajadores de Cataluña las políticas" de recortes del PP, que el texto presupuestario pactado entre su formación y el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende superar. 

Hipotecas

La ministra ha afirmado también que el Gobierno está "expectante" ante el resultado de las deliberaciones del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

Montero ha explicado que las comunidades autónomas, que son las que recaudan este impuesto, calculan en 5.000 millones de euros el potencial impacto de la devolución, en caso de que Supremo decida que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años.

Lo que quiere el Gobierno es coordinar las actuaciones con comunidades autónomas y entidades financieras, es decir, que los bancos paguen a las comunidades casi al tiempo que éstas devuelven lo reclamado por los clientes. Se quiere evitar en lo posible un impacto de cuatro o cinco décimas, aunque sea temporal, en el déficit público. En este caso, se pediría también a Bruselas que tuviera en consideración que se trataría de una circunstancia excepcional y temporal.

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