Hacienda quiere evitar que los 5.000 millones que se podrían reclamar de impuesto a las hipotecas afecten al déficit
Mientras el Tribunal Supremo sigue reunido por segunda jornada consecutiva para deliberar sobre el alcance de la sentencia que determina que son los bancos, y no los clientes, los que deben pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado cuál es el plan del Gobierno en caso de que resulte favorable a los ciudadanos.
En un acto informativo organizado por Cinco Días, Montero ha asegurado que las comunidades autónomas, que son las que recaudan este impuesto, calculan en 5.000 millones de euros el potencial impacto de la devolución, en caso de que Supremo decida que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años (plazo en el que prescriben los actos tributarios).
Lo que quiere el Gobierno es coordinar las actuaciones con comunidades autónomas y entidades financieras, es decir, que los bancos paguen a las comunidades casi al tiempo que éstas devuelven lo reclamado por los clientes. Como son las comunidades las depositarias del impuesto, serían estas administraciones las que deberían devolver a los ciudadanos lo que pagaron indebidamente. Por su parte, las entidades deberán ingresarlo, pero se teme que pudieran prolongar el proceso de restituir a las arcas autonómicas los 5.000 millones. Es ese impasse en el que la administración territorial perdería dichos ingresos, antes de volver a recuperarlos.
Y lo que pretende Hacienda es evitar en lo posible un impacto de cuatro o cinco décimas, aunque sea temporal, en el déficit público. En este caso, se pediría también a Bruselas que tuviera en consideración que se trataría de una circunstancia excepcional y temporal.
Este impacto “pondría en riesgo la salida del procedimiento del déficit excesivo”(bajar por debajo de un 3% del PIB de déficit público), que está previsto para 2019, ha recordado la ministra.
