El Supremo retoma dividido la reunión sobre el impuesto de las hipotecas
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha vuelto a encerrar este martes en una sala del Tribunal Supremo para continuar deliberando sobre si es la banca, o los clientes, quienes deben pagar el impuesto de las hipotecas. Los magistrados que hablaron durante la reunión mantenida el lunes evidenciaron la división que existe sobre este asunto.
En las cerca de ocho horas que duró el debate solo intervinieron nueve jueces para posicionarse sobre los recursos que afectan al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Cinco se posicionaron a favor de que sean los clientes quienes paguen ese tributo, mientras que los cuatro restantes argumentaron que eran los bancos quienes debían abonarlo, según informan fuentes judiciales.
Aún tienen que pronunciarse -por orden de menor a mayor antigüedad en el tribunal- 19 magistrados. El Pleno lo componen 31, pero tres se ausentaron de la reunión del lunes por diversas razones. Tras esas intervenciones podrá abrirse un debate entre quienes soliciten un nuevo turno de palabra. Cuando no haya nada más que decir, se procederá a la votación.
Las posiciones mostradas hasta ahora muestran que será complicado alcanzar una posición con un respaldo muy amplio del Pleno, como reclamaban algunos de los magistrados que lo integran. El debate no solo está polarizado entre quienes se posicionan a favor de los bancos o de los clientes, sino que entre estos últimos, hay división entre quienes abogan porque se pueda reclamar el impuesto de las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años y entre quienes apuestan por limitar ese periodo de retroactividad.
Los magistrados alcanzaran previsiblemente este martes una decisión, aunque si las posiciones siguen muy enfrentadas el debate puede alargarse. Este lunes, buena parte de la deliberación se dedicó a la decisión del presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, de convocar el Pleno para revisar la doctrina que había fijado la sección segunda en tres sentencias. Algunos magistrados mostraron su disconformidad con esa decisión, que consideran que debía haberse producido antes del fallo.
El hecho inédito de revisar una doctrina ya consolidada en una sentencia provocó un aluvión de críticas al Supremo. Algunos magistrados han expresado en privado su “tristeza” porque el golpe de mando de Díez-Picazo ha dañado la imagen de un tribunal cuyo prestigio está en horas bajas por el proceso contra los líderes independentistas y los revolcones que han dado los tribunales de Alemania y Bélgica a algunas de las decisiones de la Justicia española. “La consternación que hay en la calle la hay aquí dentro”, apunta un juez con varias décadas de experiencia en el alto tribunal.
La convocatoria del pleno de 31 magistrados frenó también otros recursos en marcha en el propio Supremo sobre este mismo impuesto y sumió en la incertidumbre a miles de afectados por ese tributo, pero también a quienes iban a contratar ahora su hipoteca. Los bancos admiten que se ha producido una ralentización en la firma de nuevos préstamos, a los que por regla general, se aplica el criterio de que es el cliente quien tiene que pagar el impuesto. Eso sí, ahora se advierte de que la decisión del Supremo puede permitir al cliente que lo reclame.
