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Cinco claves del Plan de Choque para reducir el desempleo y la precariedad de los jóvenes

Imagen de archivo de dos jóvenes entrando a una oficina de empleo.

Laura Olías

El Consejo de Ministras ha aprobado este viernes el Plan de Choque por el Empleo Joven, para los años 2019 a 2021, que sale de la mesa del Ejecutivo con el aval finalmente tanto de sindicatos como de la patronal. Con un presupuesto de 2.000 millones, el Ejecutivo ha consensuado con los agentes sociales y las Comunidades Autónomas 50 medidas que se marcan como objetivo limitar la tasa de desempleo juvenil en diez puntos, hasta el 23,5%, e incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas de trabajadores jóvenes, entre otras metas.

El Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, ha subrayado especialmente este Plan de Choque por el Empleo Joven entre las medidas en materia laboral en las que está trabajando el Ministerio de Trabajo en estos meses, ya que los cambios en la reforma laboral de 2012 aún no han logrado sumar a la patronal en las negociaciones.

Tras el Plan Director por un Trabajo Digno, la ministra Magdalena Valerio saca adelante este plan destinado a la población joven, foco de precariedad laboral y desempleo en España. Todos los principales indicadores de la precariedad en el empleo se ceban con los menores de 30 años: mayor pérdida de salario desde la crisis económica, más trabajo temporal, jornadas parciales y rotación en puestos de trabajo.

Los 2.000 millones de euros de coste del plan se distribuirán entre los tres años de vigencia así: en 2019 se invertirán 665 millones; en 2020, otros 666; y en 2021, 668 millones, según figura en el último borrador del documento. El Ejecutivo creará una comisión de seguimiento para evaluar el plan a los 18 meses y además el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también analizará la marcha de estas medidas de manera trimestral.

Algunas de las medidas más destacadas son:

1. Contratación de 3.000 orientadores

Puede que sea el elemento más concreto del plan de choque y el más destacado desde el Ministerio de Trabajo. El Gobierno recoge la contratación de 3.000 personas técnicas responsables de la orientación en los Servicios Públicos de Empleo con la intención de mejorar la inserción laboral de los jóvenes y ofrecer una “atención personalizada”.

El nombramiento de este refuerzo será en un primer momento temporal a través de “funcionarios interinos en la modalidad por programa por un máximo de 18 meses”. Después de este periodo se analizará su efectividad para valorar si se acuerda su ampliación, su finalización o la incorporación definitiva de los trabajadores al personal de esas oficinas públicas de empleo.

Además, la tarea de estos 3.000 trabajadores se complementará con “una red de mediadores jóvenes”, de 110 mediadores del INJUVE que se coordinarán con los servicios públicos de empleo autonómicos. Su objetivo es hacer llegar la información sobre las medidas de empleo joven a “lugares de debate y encuentro juvenil”.

2. Estatuto de las Prácticas no Laborales

Se elaborará un Estatuto de las prácticas no laborales, para regular los derechos de las personas en esta situación tanto en organismos públicos como en empresas privadas y evitar los abusos sobre los becarios. El Gobierno tomará como ejemplo “a la vecina Francia”, ha afirmado Valerio. “Tiene como objetivo la garantía del carácter formativo de las prácticas, la protección social adecuada y el apoyo económico durante su realización”, recoge el Plan.

El Estatuto regulará los derechos de información de la representación legal de los trabajadores del proceso de aprendizaje, para que pueda vigilar el programa formativo.

3. Formación para jóvenes

El segundo eje del plan, tras la orientación, es la formación de los jóvenes, que se lleva la mayor parte del presupuesto: 1.139 millones de euros. Valerio ha enfatizado que de los 87.000 jóvenes parados de larga duración, más de 72% “tienen un bajo nivel formativo”.

El plan incluye entre las medidas formativas los programas de aprendizaje de competencias clave (comunicación lingüística, matemáticas y lenguas extranjeras) para personas que abandonaron las aulas de manera temprana. Se crearán también “programas de segunda oportunidad” con becas y otros incentivos para personas que no concluyeron la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El plan contempla asimismo programas de formación vinculados a la contratación en empresas: los jóvenes reciben formación en aquello que necesitan las compañías y estas se comprometen a sumarles a su plantilla.

4. Retorno del Talento que emigró

La Secretaría de Estado de Migraciones desarrollará el programa de retorno del talento, para fomentar el regreso de los emigrantes españoles que salieron de España especialmente durante la crisis para buscar trabajo. El plan de choque contempla que este programa incorporará “medidas de apoyo a la contratación, al autoempleo, a los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento, así como proceso de acompañamiento”.

En este proceso de retorno no se tendrá en cuenta la edad actual de los retornados, “sino simplemente la condición de persona joven en el momento que se produjo la salida de España”.

5. Compromiso de lucha contra temporalidad

El plan señala dos de los males más habituales del empleo entre los jóvenes: la excesiva temporalidad y la parcialidad abusiva. Por ello, el Ejecutivo se compromete a “reforzar la causalidad de la contratación temporal y del contrato a tiempo parcial”. Para ello se establecerá “un control más efectivo para evitarlo” y promoverán “límites a la duración temporal de los contratos temporales del mismo trabajador con el mismo empresario, potenciando la contratación indefinida”.

Además se mantendrán incentivos económicos en forma de bonificaciones de

fomento del trabajo autónomo, por valor de 375 millones de euros en los próximos tres años, y bonificaciones a las empresas que suscriban contratos para la formación y el aprendizaje, de 165 millones de euros. El Plan se compromete a estudiar el actual sistema de incentivos, para suprimir los que sean ineficaces y que diseñen algunos nuevos “vinculados a un apoyo individualizado durante la contratación” y a otras políticas de empleo.

Desde los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras (CCOO) recuerdan al Ejecutivo que este conjunto de medidas debe ahora desarrollarse. “Son líneas generales en las que podemos estar de acuerdo, aunque nos gustaría que se concretaran más cosas, pero ahora deben ejecutarse. Por ejemplo, exigimos que se abra inmediatamente la negociación del Estatuto del Becario”, afirma Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de UGT.

“Creemos que se ha recogido importantes reivindicaciones que CCOO viene exigiendo desde hace tiempo”, celebra Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo del sindicato, aunque coincide en exigir que las políticas se desarrollen y “vayamos más allá”.

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