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El sindicato CSIF pide pistolas eléctricas por la falta de funcionarios de prisiones pese a que lo desaconseja el Consejo de Europa

Imagen de pruebas con la pistola eléctrica Taser.

Laura Olías

El conflicto laboral de los funcionarios de prisiones se ha recrudecido en los últimos meses. Pasó sin solución del Gobierno del PP al del PSOE de Pedro Sánchez y lo heredará el próximo Ejecutivo que salga de las urnas el 28 de abril, sin que los trabajadores hayan logrado sus reivindicaciones. Tras una grave agresión a un funcionario en la prisión de Soto del Real, donde fue apuñalado por un preso, el debate sobre la seguridad de estos trabajadores ha vuelto a primera línea. Este jueves, el sindicato CSIF ha reclamado a Interior que dote a los funcionarios de pistolas eléctricas para defenderse ante la escasez de personal. El Consejo de Europa desaconseja específicamente el uso de estas armas en prisiones, salvo circunstancias muy excepcionales.

Las pistolas eléctricas o Taser (por el nombre de una de las empresas que las vende) son armas paralizantes, que pueden ser de diferentes tipos: que requieran el contacto directo con la persona “objetivo” así como otras capaces de disparar proyectiles con forma de dardo que administran descargas eléctricas a personas a cierta distancia. En España, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tienen autorización para utilizar estas armas, algo que sí ostentan los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.

Las muertes de personas en varios países tras el uso de estas pistolas eléctricas ha cuestionado su uso por parte de las fuerzas de orden público. El Consejo de Europa, a través del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), emitió un informe específico sobre estas armas en 2010, en el que advertía que “por su propia naturaleza, las ADE [armas de descarga eléctrica] se prestan a una mala utilización”: las Taser “pueden causar dolores agudos y, como ya se ha señalado, se prestan al abuso”.

Por ello, el Comité para la Prevención de la Tortura señala varias situaciones en las que desaconseja la utilización de estas pistolas. En algunos colectivos vulnerables, como mujeres embarazadas o personas con cardiopatías, el organismo pide no usarlas en ningún caso.

Respecto a los centros privativos de libertad, el Comité mantiene “grandes reservas acerca de la utilización de armas de descarga eléctrica en las prisiones” y apunta que “solo en circunstancias muy excepcionales (como por ejemplo en situaciones de toma de rehenes) podría justificarse el recurso a ADE en este tipo de espacios de seguridad”. Y, en todo caso, “siempre bajo la estricta condición de que las armas concretas de que se trate sean utilizadas exclusivamente por personal especializado”.

El Comité europeo precisa que “por supuesto no debería ni plantearse la posibilidad de dotar de ADE, con carácter general y estandarizado, al personal que trabaja en contacto directo con personas en prisión o en cualquier otro centro de privación de libertad”.

Desde CSIF, José Manuel Couso, portavoz de Prisiones del sindicato, explica a eldiario.es que su petición no consiste en dotar de estas armas de manera indiscriminada y que solo se refieren a la modalidad de pistola eléctrica que dispara a distancia, algo que no se detalla en el comunicado difundido este jueves. “Que el arma estuviera guardada en un armario o algún lugar seguro y que estuviera controlado su uso como el de cualquier otro medio coercitivo, como ahora las porras”, explica Couso. El sindicato considera que el mero hecho de que un funcionario de prisiones porte este tipo de arma puede suponer “un elemento disuasorio” frente a una agresión, sin que tenga que ser necesario su uso.

Reivindicaciones laborales sin solución

La petición de CSIF, que también llevó a cabo unos días antes la AFPF (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones), llega en pleno conflicto laboral entre los sindicatos e Instituciones Penitenciarias. Por un lado, los trabajadores piden cerrar la brecha salarial entre los diferentes centros penitenciarios del Estado, de hasta 600 euros al mes según las cárceles según UGT, “que está basado en una clasificación del año 1989, que está obsoleta”, sostiene Antonio González, responsable del sindicato de prisiones de UGT-Acaip.

Aunque en septiembre Instituciones Penitenciarias ofreció a los representantes de los trabajadores una propuesta de equiparación salarial entre centros, fue más tarde retirada “sin la aprobación de Función Pública” y el asunto no ha vuelto a ser abordado, apuntan desde varias organizaciones sindicales.

Por otro lado, los representantes de los trabajadores denuncian una escasez de personal, de unas 24.000 personas, que compromete la seguridad de la plantilla. “El hecho de que una persona sola tenga que estar a cargo de 70 o 100 internos potencia el riesgo de sufrir una agresión, frente a una situación en la que estuvieran dos o tres personas”, explica Silvia Fernández, secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias.

Las cifras sobre agresiones son motivo de conflicto entre las partes. Los datos de Instituciones Penitenciarias apuntan que han disminuido en la última década y cifran las agresiones de 2017 en 305, “según los partes que entregan a la Inspección los propios trabajadores”. Desde CCOO elevan la cifra a 493 en ese año y según su registro en los últimos años se están incrementando.

Una falta de personal constatada

Aunque los portavoces de UGT-Acaip y de CCOO comparten la necesidad de tomar medidas por la falta de seguridad del personal, rechazan la petición de CSIF de dar armas Taser a los funcionarios como una medida que pueda aumentar en la práctica su protección. Ambos consideran que puede elevar el riesgo de posibles incidentes, por ejemplo en el caso de que un interno pudiera arrebatar la pistola eléctrica al funcionario.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias se oponen también a esta petición, según explican a eldiario.es, ya que “en las prisiones no hay armas por razones de seguridad”. Los agentes de la Guardia Civil, recuerdan estas fuentes, “lo primero que hacen cuando llegan a una cárcel es dejar sus armas en la armería. Entendemos que no cabe la autorización de una Taser para los funcionarios”.

El problema de base, que reconocen todos los actores, es la falta de personal. Mientras que los sindicatos cifran en unas 3.000 las plazas vacantes que son necesarias ocupar en las prisiones españolas, en Instituciones Penitenciarias sitúan su número en “unas 2.000”. En cualquier caso, desde la Administración admiten que hay un problema de falta de personal, agravado durante la crisis, y apuntan que esperan completar estas plazas libres en futuras convocatorias de empleo público. En junio se incorporarán “831 efectivo”, indican.

Además del personal, los representantes de los trabajadores reclaman formación específica para afrontar posibles agresiones. CCOO y UGT-Acaip sostienen que, como no se ha avanzado en estas reclamaciones de los trabajadores, existe mucha frustración “comprensible” en las plantillas. “Eso propicia que los afiliados pidan pistolas Taser de estas u otras medias, pero lo que reclamamos es que se cumpla la prevención de riesgos laborales, que aumente el personal”, afirma Antonio González. Fruto “del hartazgo y del abandono”, añade Silvia Fernández, toman fuerza peticiones “más radicales” y nuevas asociaciones que rechazan la labor de los sindicatos tradicionales, pero en su opinión avanzar en la prevención y el aumento de personal mejoraría la situación de los trabajadores, sin tener que recurrir a estos recursos punitivos.

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