El Consejo de Ministros aborda la aprobación del estatuto electrointensivo para la gran industria
El Estatuto Electrointensivo, una norma que aguarda desde hace meses la industria gran consumidora de electricidad para abaratar el diferencial de precios que le separa en competitividad con los países del entorno, irá al Consejo de Ministros de este martes, según anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el acto de entrega de los premios Tintero y Secante de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
“A partir del 1 de enero podemos ya tener ese marco necesario de certidumbre del precio de la energía”, señaló la ministra, que apostilló que las empresas “necesitaban ya esas certezas, esa seguridad no solo para garantizar sus capacidades productivas sino sobre todo también trazar sus proyectos de inversión”, informa Europa Press.
La medida, que lleva anunciándose dos años, persigue abaratar los costes energéticos de este sector, que principalmente afecta a las grandes industrias del sector siderúrgico, otras industrias intensivas en el uso de energía y en manera menor por la química.
En febrero, poco antes del estallido de la pandemia, se anunció como principal medida del Estatuto Electrointensivo una bonificación de la factura eléctrica de la gran industria mediante una aportación de unos 90 millones de los Presupuestos Generales del Estado para bonificar a estas empresas hasta el 85% de su contribución a los denominados cargos: los costes derivados de la política energética que cubren la financiación de las primas a las renovables y la cogeneración de alta eficiencia y el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla).
La medida, considerada insuficiente por las empresas, sumada a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevaría a más de 262 millones el apoyo a estas industrias.
El texto fue retocado después de que en 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiera de que algunas de las medidas del proyecto anterior podían ser consideradas por la Comisión Europea (CE) como ayudas de Estado y de que se incorporaran las observaciones del órgano de competencia.
El objetivo del Estatuto del Consumidor Electrointensivo es mejorar la competitividad de las industrias con gran consumo de electricidad, que han llegado a soportar diferenciales con sus competidores de Francia y Alemania de hasta 20 euros/megavatio hora (MWh), aunque ahora los precios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel) en algunos momentos han ido convergiendo.
Fondo de cobertura
Otro eje de medidas contemplado por el Gobierno es la puesta en marcha de un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en ingles) con productores de energías renovables por parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a través de un fondo y otras garantías. La creación de este mecanismo, el Fondo Español de Reserva de Garantía, se aprobó en junio y está dotado de un máximo de 600 millones de euros en un periodo de tres años.
El fondo garantiza la cobertura del Estado a las operaciones de compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo que realicen los consumidores considerados electrointensivos.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha estimado en más de 600 el número de beneficiarios potenciales y cree que el 80% de estos consumidores podría firmar contratos de dicho tipo por diez años.
Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), estará dotado con 200 millones anuales en sus primeros tres años de vida para cubrir como máximo los citados 600 millones de inversión en ese trienio y, a partir del cuarto año, su cuantía se determinará en los PGE.
El diferencial que supone el precio que la industria española paga por la energía ha sido uno de los problemas alegados por la industria electrointensiva, que ha visto ir reduciendo la cuantía que le aportaban las industrias de interrumpibilidad, cantidad que recibían en subastas por estar dispuestas a interrumpir su consumo para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y, luego, para actuar en momentos en que se disparaban los precios en el mercado.
El alto coste de precios que soportan las industrias electrointensivas ha sido alegada por grupos, como la estadounidense Alcoa, para justificar sus decisiones de dejar de seguir manteniendo su actividad en España.
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