“En este país la política de Vivienda la hace la gente que quiere invertir y sacar una rentabilidad”
Cuando Lucía Martín llegó al Congreso de los Diputados en 2015 y empezó a encargarse del expediente de Vivienda le sorprendió que en la comisión de Fomento casi nadie hablara de ese tema. “Prácticamente era la única que presentaba iniciativas sobre vivienda. Me decían que el único problema era el turístico y que por lo tanto era competencia de las comunidades autónomas”. Esta ingeniera química “hasta hace poco investigadora precaria” y activista de la PAH también encontró chocante la ausencia de estadísticas sobre uno de los problemas más serios y recurrentes que asolan el país de manera cíclica. “La falta de datos es una política en sí misma”, sostiene.
Portavoz de En Comú Podem (sustituyó a Xavier Doménech en enero) y parte del grupo confederal Unidos Podemos–En Comú–En Marea, tiene claro que en España, y en las políticas públicas, “la vivienda no se ha concebido como un derecho sino como un bien de inversión. Un elemento que te sirve para atraer capitales globales o crear empleo”. Recientemente registró una iniciativa parlamentaria para intentar reconducir una subida de precios de la vivienda, sobre todo del alquiler, que algunos ya sitúan en la categoría de pre–burbuja.
La semana pasada los sindicatos de inquilinos vinieron al Congreso a reunirse con los grupos parlamentarios (lo consiguieron con todos menos con el PP y el PNV) ¿Qué le parece la labor de estas asociaciones? vinieron al Congreso
Estamos totalmente de acuerdo con sus demandas. Lo que está pasando a mí me retrotrae a cuando antes de que estallara la burbuja y llegara la crisis hipotecaria había una ciudadanía organizada que era la que contra viento y marea ponía encima de la mesa la cuestión. Yo me acuerdo de V de Vivienda con el “No vas a tener casa en la puta vida”. Cuando desde las instituciones y los poderes económicos se decía que había que hipotecarse, que era una inversión segura, era la ciudadanía la que nos advertía de la que se nos venía encima. Ahora, aunque nosotros aquí hacemos nuestra labor, hay que reconocer que de nuevo es la ciudadanía la que está liderando ese discurso y organizándose en las asambleas, contra los fondos de inversión que compran bloques enteros. Están proponiendo soluciones legislativas y debe darse la importancia que se merece.
Esta preocupación por la subida de los precios de la vivienda y los alquileres se está extendiendo. Recientemente el FMI advertía de que la vivienda se comporta cada vez más como las acciones o los fondos de inversión, y el Consejo de Economistas afirmaba que o se hace política de vivienda en serio o “aquí va a haber lío”. Unas voces que no son precisamente afines a los sindicatos de inquilinos, pero que también alertan sobre este problema.FMI advertíaaquí va a haber lío
Cuando entras en el Congreso, y cuando ves las políticas de los últimos años, te das cuenta de que no se contempla la vivienda como un derecho con una función social. Es un bien de inversión, incluso conceptualmente. En las comisiones de Fomento y Vivienda yo era la única que llevaba iniciativas de vivienda. Y un día después de la comisión me acerqué a la letrada y le pregunté “oye, aquí nadie trae iniciativas de vivienda”, y me dijo “pues ahora que lo dices tienes razón. Llevo 13 años aquí y no se habla mucho de vivienda”. Eso da una idea. El presupuesto de Fomento dedicado a Vivienda no llega al 5% de todo el Ministerio. No se ha concebido como un derecho sino como un bien de inversión. Un elemento que sirve para atraer capitales globales, que genera puestos de trabajo, riqueza…pero ya hemos visto donde nos lleva esto. Es claramente lo que ha orientado las políticas de vivienda que se han hecho en este país en los últimos 40 años. Los planes de Vivienda fomentan la compra, la vpo en propiedad que al cabo de unos años va al mercado libre.
Nada que ver con lo que se hace en países como Austria, Holanda, Alemania. Cuando decimos que estamos 100 años atrás en políticas de Vivienda respecto a estos países no es una metáfora, es literal. Precisamente porque la concepción que hay es la de un bien de inversión. Pero si el objetivo es que no vuelva a pasar lo mismo tenemos que hacer las cosas distintas y hacer un cambio estructural con las políticas de vivienda, que se considere un derecho. Y esto entra en colisión con obtener el máximo beneficio en el mínimo tiempo, que es lo que está ocurriendo aquí.
Hace unas semanas hicimos una visita al Ayuntamiento de Berlín. Yo se lo ofrecí a los diputados que llevan temas de Vivienda en el Congreso, pero no podían. Allí nos reunimos con promotores de vivienda pública, con sindicatos de inquilinos, y con legisladores. Cuando les explicaba que nuestros contratos eran de tres años, no daban crédito.
“El alquiler cada vez es más rentable como inversión”
Pero en Berlín están subiendo un 20% los precios. Se suele poner de ejemplo de poner un tope a los precios, pero está sufriendo subidas peores que Madrid y Barcelona, parece que hay una especie de burbuja simultánea en distintos países, ¿qué está pasando?
El alquiler cada vez es más rentable como inversión. Antes los fenómenos especulativos estaban relacionados con las hipotecas. Ahora, después de la burbuja, hay mucho menos crédito. Los bonos o los fondos dan mucha menos rentabilidad. El alquiler es lo más rentable. Entonces hay ciudades que atraen capitales globales y que buscan rentabilidad en el alquiler. Pienso en Barcelona, pero también en Berlín. Gente que compra para alquilar a profesionales de todo tipo, segunda residencia, en pisos turísticos. La cuestión es invertir en un producto que da mucha rentabilidad. Los legisladores en Berlín te explican que su situación es muy complicada, son una ciudad muy atractiva, y no quieren ni imaginar como estarían sin medidas como los frenos a los precios, una medida que es relativamente reciente, de 2015. Pero si hay este fenómeno global de búsqueda de rentabilidad no va a haber una única cosa que lo solucione. No hay soluciones mágicas, son complejas.
Llama la atención que precisamente Madrid y Barcelona, las ciudades que más están sufriendo la subida de precios, estén gobernadas por las llamadas fuerzas del cambio. ¿Qué ha pasado, tienen poca fuerza los ayuntamientos, es impotencia, es un fracaso de sus políticas, ha pillado de sorpresa esta subida tan acusada?
Formalmente las políticas de vivienda son autonómicas, eso se lo vamos a oír siempre al ministro De la Serna. Pero cuando ves quién tiene la capacidad real, ves la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley Hipotecaria, la fiscalidad (si tanta gente se hipotecó es porque había unas ayudas brutales que todavía hoy se están pagando), deducciones a las socimis, Ley del Suelo, Ley de arrendamientos de régimen local... Infinidad de cuestiones que son la médula espinal de las políticas de vivienda están controladas a nivel estatal. Es una falacia decir que la política es de CCAA y ayuntamientos.
Pero son los ayuntamientos los que afrontan por ejemplo los desahucios. Nadie llama a Fomento cuando le desahucian, se va a la oficina de vivienda. Son los ayuntamientos los que tienen que dar la cara cada día con sus vecinos y los que están haciendo más esfuerzo que nunca y sin herramientas: ahogados presupuestariamente con las leyes Montoro, sin capacidad legislativa, haciendo frente a una emergencia que no es puntual, es estructural. Por cada 100 euros que pone el ayuntamiento de Barcelona en políticas de vivienda para la ciudad, el Ministerio pone 10 y la Generalitat, 23. Lo que están haciendo los ayuntamientos es afrontar un problema para el que no tienen herramientas ni dinero.
“Opacidad en la información”
Esta “excusa” de las competencias se suele también alegar para explicar la ausencia de datos estadísticos sobre vivienda. En muchas ocasiones se tiene que acudir a los índices de los portales inmobiliarios, porque son los que explican lo que sube o bajan los precios del alquiler. Fomento dice que no sabe cuánta vpo hay en España. También hay una manipulación de datos en su presentación ¿Es posible hacer así una política de vivienda seria?manipulación de datos
Me parece que la falta de datos es una política en sí misma. Recuerdo la comparecencia del secretario de Estado de Vivienda que vino a explicar la prórroga del Plan de Vivienda en 2017. Lo primero que le pregunté es en base a qué criterios se debían repartir los programas y qué conclusiones habían sacado de la aplicación del plan anterior. Y su respuesta fue que ellos no tenían esos datos que se lo preguntáramos a las comunidades. Las estadísticas del Poder Judicial sobre desahucios empezaron en 2007 o 2008, hasta entonces no había una estadística oficial. La falta de datos es una política en sí misma y demuestra la tranquilidad con la que se vive con opacidad en la información. No te permite sacar conclusiones, hacer análisis, críticas. Tenemos que fiarnos de las estadísticas de los portales privados, pero el problema es que tienen intereses en ese mercado, son parte interesada, no son datos fiables.
A veces los ayuntamientos deciden que no se edifique. ¿Deberían destinar más suelo a la construcción para aliviar el problema de la escasez? Y ¿por qué algunas CCAA no han invertido todas las ayudas del anterior Plan de Vivienda?
Si no hay espacio para crecer dentro de la ciudad, como ocurre en Barcelona, rodeada por montaña y mar, se tiene que pensar en políticas metropolitanas, es decir, construir en los alrededores. En Berlín se cede suelo a una comunidad, que construye y cuida el terreno, y lo disfruta durante muchos años.
Pero en todo caso, cuando dicen que no entendemos las leyes de la oferta y la demanda y que lo que hace falta para que bajen los precios es que haya más oferta, yo respondo que durante la burbuja inmobiliaria en este país se construyó más que en media Europa junta y los precios no paraban de subir. La vivienda sube si hay una expectativa de rentabilidad. Si tú amplías la oferta pero quien acaba siendo propietario es alguien que tiene la expectativa de sacar una rentabilidad altísima vamos a estar siempre en lo mismo.
Respecto a las comunidades autónomas, los planes estatales los pone el estado, pero se hace a través de convenios, y las CCAA tienen que cofinanciar. Habrá comunidades que no hayan querido o podido poner su parte y se han quedado sin la del estado. Otra cuestión es que además el tiempo para firmar los convenios es determinado, no dura cuatro años.
2,5 millones de viviendas de parque público de alquiler
¿Qué medidas consideráis como imprescindibles? ¿qué se puede hacer a corto, medio y largo plazo?
A largo plazo es vital ampliar el parque público de alquiler. No llega al 2% la vivienda pública, y de esos la mayoría es de compra. Apenas hay 100.000 viviendas públicas de alquiler en España. Hay países en Europa que llegan hasta el 30%. Si en España hay 25 millones de viviendas y quisiéramos llegar al 10% de pública, debería haber 2,5 millones de viviendas de parque público de alquiler. Es imposible con un parque público tan escaso como el que hay en España (1%) que puedas hacer frente a la burbuja del mercado privado. Para eso hace falta presupuesto. En el nuevo Plan de Vivienda lo que hay son ayudas a promotores privados que tienen que poner sus pisos en alquiler durante unos años y luego volver al mercado privado.
En cuanto a las medidas a corto plazo, tras el veto a la ley de la PAH, que era muy completa, acabamos de plantear una proposición de ley únicamente para la norma de arrendamientos urbanos (LAU). Las propuestas son bastante básicas: volver a contratos de 5 años, en el caso de arrendadores personas jurídicas (fondos de inversión, etc) prórroga de otros 5 años para los inquilinos que hayan cumplido sus obligaciones de pago, etc. mientras quieran quedarse (aquí nos inspiramos en la ley francesa). Mejorar las garantías de las personas que arriendan, por ejemplo en gastos de rehabilitación. Que los servicios de intermediación los pague quien contrata y poner un límite a la cantidad que se pone como fianza.
En cuanto a la parte de la regulación de precios, nos hemos inspirado en otras partes de Europa. Establecer controles de precios en áreas de mercado especialmente tensionadas. Si se cumplen determinados requisitos, los municipios, en coordinación con las CCAA, podrían aplicar un índice que permita contener los precios (según características de la vivienda, accesibilidad, ubicación, rentas familiares de la zona) y establecer unos máximos que eviten alquileres abusivos. El objetivo no es evitar una rentabilidad razonable, pero no se puede permitir que el alquiler sea objeto de especulación, para eso hay otros mercados, está la bolsa. Frente a los que dicen que esto acabaría con la oferta, te vas a esos lugares y ves que el mercado funciona perfectamente.
¿Tratáis el tema del alquiler turístico?
Nos centramos en estas cuestiones porque son las que en principio han contado con más consenso. Si se admite a trámite veríamos si se puede afinar. Cuando registramos la proposición, estuvimos con siete ayuntamientos, cada uno con su casuística. Por ejemplo, en Zaragoza no somos especialmente turísticos pero también sube en alquiler. En Cádiz, sí lo son. En Barcelona y Madrid, hay un problema también con los fondos de inversión. La casuística es variada.
